Septiembre 28th, 2009 leepiensayaktua
Alrededor de 4 mil niños de comunidades indígenas asháninkas, del distrito Puerto Bermúdez (Oxapampa), dejarían de recibir sus clases escolares si el Ejecutivo no aprueba un Decreto de Urgencia que permita el pago a los profesores de la jurisdicción.
En estas comunidades existen 123 escuelas cuyo financiamiento ha estado siempre a cargo de los padres de familia. Sin embargo, la actual situación económica les impide que las familias sigan asumiendo los 200 soles que cada maestro recibe mensualmente.
Según informó AIDESEP, el ingreso promedio de las familias asháninka oscila entre 50 y 200 nuevos soles.
Por lo tanto, las limitaciones económicas provocan la obligación de los padres de talar árboles de su terreno para financiar la escolaridad de sus hijos.
Ante ello, las comunidades de Puerto Bermúdez solicitaron al Ejecutivo firmar el Decreto de Urgencia, por el cual se solicita financiar la remuneración de los 144 docentes que imparten clases a 3 mil 700 niños, que habitan en las 115 comunidades nativas.
Por su lado, el director de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Oxapampa, Fernando Cornejo, sostuvo que el citado decreto permitirá subsanar la deuda que tienen los padres de familia con los profesores desde hace cuatro meses.
Además, manifestó que ello abre la posibilidad de recibir una partida de 2 millones de soles anuales para terminar con esa problemática.
Detalló que los recursos para la remuneración de los maestros podrían obtenerse de la reserva del fondo de continencia del Ministerio de Educación (MINEDU) o del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El documento legal fue elaborado hace un año por una comisión técnica de ambos portafolios, y sólo está a la espera de ser validado por el presidente de la República, el primer ministro y el titular del MEF.
Fuente: http://www.servindi.org/actualidad/16958
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Septiembre 28th, 2009 leepiensayaktua
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Septiembre 18th, 2009 leepiensayaktua
Por Nila Vigil
Hernando de Soto ha sacado un documental que se ha presentado hace unos días en Canal N y que también se puede ver por internet. El documental lleva por título “el misterio del capital de los indígenas amazónicos” y es en verdad una estrategia concebida por el jefe del Instituto Libertad y Democracia para desconocer derechos consagrados a los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y digo esto porque una de las luchas más importantes de los pueblos indígenas ha sido por el reconocimiento de sus territorios. Viene a cuento citar aquí a Sanchez Granero en el prólogo a un libro imprescindible para conocer este tema: (Marcando Territorio – Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía de Alberto Chirif y Pedro García Hierro publicado por IWGIA):
Hoy en día las tierras de los pueblos indígenas de la mayor parte de los países amazónicos han sido tituladas y su derecho a éstas está a menudo reconocido en sus respectivas constituciones y amparado por un importante conjunto de leyes. No todas las tierras indígenas han sido tituladas. Ni todas las tierras tituladas gozan de idéntico grado de protección. Aún falta mucho por hacer en este campo. Y esto lo señalan claramente los autores. Pero los avances han sido enormes y los logros muy significativos.
Por otro lado, sin embargo, los autores [Chirif y García] advierten que ésta ha sido o puede convertirse en una victoria pírrica. La principal razón es que para poder obtener garantías legales sobre sus tierras los pueblos indígenas han debido ajustar sus particulares nociones de territorio a las muy específicas concepciones del derecho romanista que impera en la mayor parte de los países amazónicos. Ésta es la cara oscura del proceso. Como consecuencia de estos ajustes, en la actualidad los territorios indígenas se presentan como unidades fragmentadas, lo cual ha afectado los patrones tradicionales de uso de los recursos. Están dedicados mayormente a actividades mercantiles consideradas productivas por las autoridades, pero que contribuyen a la erosión de los suelos y la depredación de los recursos. Y son territorios sobre los cuales los indígenas tienen tan sólo un derecho parcial –únicamente sobre la superficie pero no sobre sus recursos- y a los cuales se superponen otras jurisdicciones administrativas –lo cual dificulta una adecuada gestión territorial. (p.13)
Pero para de Soto lo que hasta ahora se ha conseguirdo no es útil porque, según él, se trata de una titulación deficiente.
La tesis del documental es que los títulos colectivos no son útiles y que la respuesta a los problemas de las poblaciones indígenas es la propiedad individual. Este audio sobre lo que es la propiedad individual y la propiedad colectiva, la importancia de lo que significa titular a las comunidades indígenas explica bastante bien que la cosa no es así como de Soto nos la la quiere hacer pasar (Palabras de De Soto).
Concuerdo plenamente con la lectura que tiene Silvio Rendón del documental y con que Hernando de Soto pretende “vender a los indígenas cuentas de vidrio, con la promesa de la propiedad.” (aquí)
Paso ahora a señalar unos puntos de lo que de Soto afirma en su video:
Hasta en los lugares más remotos de la selva, los mismos cazadores y recolectores están vendiendo lo que cazan y recogen ya no para subsistir en equilibrio con su entorno sino para comercializar en el resto del Perú. Ahí también está llegando el mercado. Pero si no tienen propiedad y no tienen empresa legal, no podrán ya proteger el medio ambiente y podrían agotar sus recursos naturales (Palabras de De Soto).
Para proteger el medio ambiente, para no agotar los recursos es necesario, según de Soto, ya no que se titulen todos los territorios indígenas que aún faltan titular y que se respete el derecho a propiedad y posesión de los mismos sino que los indígenas tengan títulos de propiedad individuales. Aunque cómo una cosa (título de propiedad individual) se relaciona con la otra (protección del medio ambiente), nunca es explicado en el documental. Lo que sabemos es que los grandes depredadores de la Amazonía no son los pueblos indígenas sino las empresas madereras, las petroleras que envenenan los ríos y demás. Pero nada de eso debe haber conocido el señor de Soto y su equipo en los tres meses que estuvieron en la selva.
En resumen, los indígenas amazónicos, a su manera, por voluntad propia, de acuerdo a su cultura, para bien o para mal, están entrando al mundo del mercado y no son ajenos ni a la propiedad ni a la empresa. Esto es positivo porque a nuestro juicio no es posible en el siglo XXI controlar territorio, proteger valores culturales y vencer la pobreza sin empresa ni propiedad. De otro lado, la experiencia intermacional de mi organización, el ILD, confirma que no hay incompatibildad entre lo indígena y lo modernopues existen tribus por ejemplo en Alaska, Canada que han progresado, incluso han formado empresas multimillonarias sin perder su cultura (Palabras de De Soto).
No es ninguna novedad el hecho de que los pueblos indígenas entren al mercado y no es necesaria una experiencia internacional para saber que no hay incompatibilidad, los mismos pueblos indígenas nos los pueden decir. De Soto pues suena como “el inventor del agua tibia”.
El documental sigue con encuentros entre indígenas amazónicos e indígenas de Canadá y de los Estados Unidos (Alaska) y es bien sugerente este comentario de de Soto:
Entonces lo que nosotros vamos a querer hacer hoy día con ustedes es ver es cómo ellos pasaron de ser etnias y tribus con organización a volverse organizaciones poderosas que pueden lidiar con el mercado. Cómo se adaptaron al siglo XXI sin embargo, preservando su identidad (Palabras de De Soto).
Así:
De Soto se asume como un parte del “Nosotros” que quiere hacerle algo a “los otros”.
Se habla del paso de “etnias” y “tribus” a organizaciones poderosas.
El hecho de entrar al mercado es concebido como una adaptación al siglo XXI.
Vemos aquí cómo “el nosotros” se concibe como el grupo con poder que puede hacer con “los otros” (los indígenas) lo que desea. El hecho de ser miembros de los pueblos indígenas, que aquí es calificado como ser miembro de una “tribu”, es asumido como algo que debe superarse (se debe pasar de ser etnia y tribu a ser organización poderosa). Esa idea de que es “el nosotros” el sujeto con poder y que “los otros” son un objeto, se puede apreciar más claramente en esto que sostuvo de Soto en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros:
“Por eso trajimos indígenas de Canadá y Alaska que ya han solucionado ese problema de la tierra y ahora tienen empresas multimillonarias sin perder ellos su identidad” (Palabras de De Soto)
Nótese que no nos dice De Soto que “vinieron con” o “que viajaron con” sino que “trajeron”.como quien se refiere a un objeto. Lo mismo se ve en la ausencia de “a” luego del verbo que, como sabemos, no aparece cuando se está frente a objetos (galletas, bultos) los indígenas de Canadá y Alaska, de alguna manera, quedan reducidos a la categoría de objeto.
De Soto nos dice que es los dice que los indígenas de Canada y los de Alaska (no son pobres sino que manejan grandes empresas y tienen mucho dinero porque tienen sus títulos de propiedad, al respecto Guillermo Salas nos recuerda:
Si es que los indígenas en Alaska o en Canadá, más allá de la legislación especial por ser indígenas, han logrado participar de los beneficios de las industrias extractivas es porque en esas legislaciones no hay división entre propiedad del subsuelo y propiedad superficial. Esa es, como ya lo dijo hace tiempo gente como Manuel Pulgal Vidal (entre otros), la piedra de toque de muchos de los problemas entre las industrias extractivas y las comunidades locales. En el Perú, la propiedad del subsuelo es de la nación y los propietarios de la superficie no tienen ningún derecho sobre el subsuelo. Si De Soto quisiera realmente proponer una solución que toque el problema de fondo tendría que mencionar este punto crucial… que ni al gobierno ni a las corporaciones les interesa cambiar… y que en el fondo creo que a todos les convendría cambiar, modificar o por lo menos debatir.
Fuentes : http://nilavigil.wordpress.com/2009/09/07/el-arte-de-hablar-tonterias-con-autoridad-2-el-misterio-del-capital-de-los-indigenas-amazonicos/
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Septiembre 15th, 2009 leepiensayaktua
No se puede apelar al Estado chileno para que tenga una posición humanitaria respecto a la represión policial que se ha ejercido contra las comunidades mapuche, la que durante la última semana ha dejado como saldo a Jaime Facundo Mendoza Collío asesinado por un balazo en la espalda mientras se encontraba llevando a cabo la toma de predios en Angol, provincia de Malleco.
Por más que Bachelet señale que «nada justifique la violencia en la Araucanía», la brutal represión desatada ha sido facilitada por la propia institucionalidad gubernamental a través de su discurso de apertura al diálogo, estableciendo frente a la resistencia que están llevando algunas de las comunidades en sur del país una guerra de baja intensidad, la que ha implicado la militarización de amplias zonas del territorio en conflicto bajo la excusa de mantener la estabilidad con el propósito de permitir abrir canales de comunicación entre las partes. Todo muy democrático, por cierto.
Es recurrente que, a propósito de hechos como el anteriormente mencionado, así como sucedió con la muerte de Matías Catrileo en enero del 2008, se movilice amplio un sector social que lleva a cabo una solidaridad de corte ciudadanista, invocando el respeto a los derechos de los pueblos originarios -como se refieren a las demandas mapuche-, en base a lo cual exhortan al Estado –más bien, al gobierno- a reconocer a las comunidades como partes del país que por lo tanto son merecedoras de dignidad e integración. Estos grupos de solidaridad ciudadanista, si bien pueden estar integrados por bien-intencionados izquierdistas o jóvenes anarco-multiculturales, son un elemento a considerar en momentos en que se plantea analizar el despliegue de esta guerra de baja intensidad.
Y para esto, el primer requisito: «El único camino de solución a las legítimas demandas del pueblo mapuche es el diálogo», señala Bachelet, lo que aún cuando pueda ser visto con suspicacia por parte de estos grupos ciudadanistas, no dista demasiado de lo que se propone en sus consignas y comunicados. En la práctica, grupos como el Movimiento por una Asamblea Constituyente han propuesto la apertura de los aparatos de control en función de una seguridad ciudadana otra, lo que no es mas que dar un giro participativo a organismos para la represión levantados desde los Estados o inclusive desde el sector privado empresarial: “(…)Unasur, Asambleas Constituyentes, es lo que queremos, cambio de Régimen Político como dice MEO, otro país y una gran nación hermana latinoamericana, que regule internacionalmente el Cobre, la Plata y el Oro tal cual lo hace la OPEP en el Petróleo por qué no.”[1]. Del mismo modo, para algunas agrupaciones indigenistas como El Consejo de Todas las Tierras, la radicalización de la lucha por la tierra es entendida como una medida de presión que solo es valida en la medida en que expone el fracaso de la actual constitucionalidad, demostrando la ausencia de los espacios de dialogo entre quienes supuestamente desean ser integrados en el proyecto país y la administración central: “No se puede acusar a la comunidad Requem Pillan que hayan actuado con violencia, porque(…)desde el punto de vista de los procedimientos institucionales, esta comunidad agoto todo los medios del dialogo.”[2].
Para estos grupos, las acciones llevadas a cabo por las comunidades mapuche en resistencia son leídas bajo la necesidad de que estas voces sean escuchadas, o mejor dicho integradas, en el gran abrazo conciliador de la democracia chilena, situándose desde el Estado para poder analizar el desarrollo del conflicto. «La única manera en que se respeten los derechos de los pueblos, podrían decir, es que estos sean considerados en su calidad de ciudadanos», nada demasiado alejado a lo que el ala más progresista de la maquinaria gubernamental promueve. Podríamos señalar a partir de esto que la solidaridad ciudadanista es un elemento represivo tan brutal como la represión policial efectiva, puesto que desconocen una de las reivindicaciones más importantes de las comunidades en resistencia, y que es «Mapuche no es Chileno»; y al hacerlo, permiten alimentar el discurso criminalizador, ya que excluyen de digno de solidaridad a aquellas acciones que no puedan ser legibles en términos ciudadanistas. El liberalismo de izquierda, por cierto, es una fábrica bastante productiva de criminalización.
Así, los llamados a dejar de lado la violencia y encontrarnos en el diálogo encubren una guerra plenamente declarada, donde los terratenientes y las empresas forestales están totalmente dispuestos a continuar la defensa de aquello que, tanto ellos como el propio Estado, consideran que es justo. La represión ejercida contra el pueblo mapuche se justifica en un principio básico de la ciudadanía: todo ciudadano que se encuentra en igualdad de condiciones tiene derecho a la defensa de sus intereses privados. Sin embargo no es preciso afirmar que el problema sea la posición al margen de la lógica ciudadana que las mismas comunidades han asumido en la práctica, sino la reducción de toda reivindicación social por parte de quienes nos encontramos fuera de la zona de conflicto a una infructuosa solución estatal a esta, es decir, buscar una comprensión de toda problemática desde el estado.
Peligrosamente, el movimiento ciudadano se ha convertido en un puesto de avanzada para la cooptación de las instancias de movilización, un espacio en donde el antagonismo de clase es suprimido en pos de una integración que se presenta desde la institucionalidad como necesaria para acabar con la aniquilación de quienes nos hemos marginado de este proceso.
La colorida farsa del consenso democrático se ha posicionado a sangre y fuego como solución única para las demandas territoriales del pueblo mapuche, extendiéndose a través del mass media como un problema del que el estado debe hacerse parte, permitiéndole a este ultimo reprimir de forma justificada, cualquier forma de solidaridad que opere al margen de esta lógica es decir, que atente contra la intención de establecer un canal de dialogo entre las comunidades y la institucionalidad.
Curioso resulta que el único tope siguen siendo las comunidades: mientras en todo chile los ciudadanos se movilizan por el reconocimiento de los derechos ciudadanos indígenas, al interior del territorio mapuche se posiciona el rechazo a ser integrados como parte de un proyecto nación que para prevalecer los derechos de todos los chilenos, requiere de la aniquilación de las formas de vida antagonistas.
En gran parte, la acción ciudadana – pensada como puestos de avanzada del estado – es responsable de la invisibilización de un problema generalizado, la violencia de estado operante en niveles diferentes a la represión efectiva, y por otro lado la atomización de la resistencia a la institucionalidad, que le permite al mismo estado tildar el conflicto mapuche de terrorismo, al presentarse como totalmente contradictorio al comportamiento del resto de los sectores ‘disidentes’.
Aclaramos que no se puede apelar al Estado chileno para que tenga una posición humanitaria respecto a la represión policial que se ha ejercido contra las comunidades mapuche, puesto que el propio Estado chileno es una de las partes en conflicto, aquella que desde su posición articulada como un entramado de redes institucionales logra generar un efecto de dispersión que bien podría entenderse como una serie de contradicciones dentro del discurso gubernamental oficial, como lo han sido las declaraciones emitidas por el ministro Pérez Yoma durante el pasado mes, cuando a partir de una carta emanada por comuneros mapuche a la Moneda respecto a la violencia en el sur, negó que en la IX región se practique represión policial, calificando la situación en la zona como «normal», lo que se contrapone a lo dicho últimamente por la presidenta Bachelet. Los aparatos de represión en la actualidad, solo son asesinos a sueldo del consenso democrático demandado por la ciudadanía para la defensa de sus derechos e intereses.
Ahí donde huele a integración del pueblo mapuche, el propio Estado es coherente al hacer entender que no ha posibilidad más allá de los márgenes que éste impone como actor privilegiado que ha tomado el papel de mediador. Así, a pesar de lo lamentable que puedan haber sido las declaraciones de Pérez Yoma durante julio del presente año, uno de sus dichos tiene una coherencia bastante sorprendente respecto al despliegue de las políticas represivas, al señalar sobre el conflicto mapuche que «no hay ninguna instrucción respecto a que la policía actúe de manera diferente a como actúa en el resto del país».
Si bien las movilizaciones en repudio al asesinato y por el fin de la militarizacion de las comunidades en el sur se han levantado estos ultimos dias como una respuesta a la violencia de estado en una situación particular, como lo es el caso de las comunidades en conflicto, esto no parece suficiente para reconocer en el estado un aparato complejo que actúa en red, que junto con permitir la protesta social en tanto se adecue al orden publico, también tiene el deber de la defensa de los intereses del empresariado, tanto publico como privado. El estado se nos presenta como el hermoso Leviatán que es capaz de cooptar cualquier discurso-causa que no se levante con las herramientas suficientes para generar un quiebre con la institucionalidad.
Mas allá de los actos de solidaridad concretos con la lucha por la tierra en el territorio mapuche, es necesario comenzar a reconocernos dentro de una multiplicidad de problemáticas que desde las experiencias locales son posibles de ligar con las de otras comunidades, ya que esto podria dar paso a la solidaridad mas activa de todas: la denuncia desde nuestras propias practica de la violencia intrinseca que el estado ejerce a traves de sus operadores, sean estos fuerzas especiales o hermosos jóvenes progresistas.
Ni coerción ciudadana ni asimilación de las reivindicaciones mapuche por parte del colorido carnaval montado por el fascismo democrático. El Estado chileno es el enemigo.
[1] Publicado en El Ciudadano el Domingo 9 de Agosto en la sección Ciudadanos al Poder.
[2] Aucan Huilcaman, 12 de agosto del 2009: “Consejo de Todas las Tierras repudia la ejecución extrajudicial de un comunero mapuche por parte de Carabineros.
Tomado de Columna Negra http://www.columnanegra.org/?p=1644
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Septiembre 12th, 2009 leepiensayaktua
Por Alfredo Molano Bravo
11 de septiembre, 2009.- En los últimos diez años, sostiene la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, 1.980 indígenas han sido asesinados y más de 70.000 han sido desterrados de sus territorios ancestrales. Los informes de los Relatores para los pueblos aborígenes de NN. UU. Rodolfo Stavenhagen (2004) y James Anaya (2009) son casi idénticos: no hay cambios en la protección que el Gobierno debe dar a las comunidades étnicas.
Las floridas declaraciones oficiales y las cínicas de las Farc se suceden unas a otras, mientras los indígenas son exterminados. En lo que va corrido del año, según la ONU, 69 miembros de los awás han sido asesinados. En febrero las Farc pasaron a cuchillo a nueve miembros del Resguardo Tortugaña-Telembí. Las Farc reconocieron su autoría, pero acusaron al Ejército de utilizar a los indígenas como informantes.
El fin de semana pasado, 11 miembros de una familia awá fueron acribillados en el resguardo del Gran Rosario por hombres encapuchados y con uniforme. El gobernador de Nariño declaró que uno de los niños asesinados tenía cuatro tiros en la cabeza y que todas las vainillas habían sido recogidas, para impedir que las armas disparadas fueran identificadas.
Las ONG nacionales, Human Rights Watch y Amnistía Internacional temen que los encapuchados pertenezcan al Batallón Contraguerrilla Número 23 y acusan al Ejército como antes a las guerrillas. El Gobierno promete $100 millones de recompensa.
Naciones Unidas asegura que “la Fuerza Pública ha usado a indígenas para tareas de inteligencia, lo que agrava la dramática situación que viven y los pone en riesgo de ser víctimas de venganzas de los grupos guerrilleros”. Las Fuerzas Armadas responden que lo que hacen es “inteligencia técnica”.
Y para rematar, el Ejército de la Patria —como lo llama el Presidente— declara que los territorios de los awás han sido sembrados de minas, y como se supone que sólo las guerrillas lo hacen, justifica los bombardeos en esas zonas porque a pata no se puede entrar. Sucede siempre que las bombas no caen por ahí en cualquier descampado, sino sobre las escuelas y las viviendas civiles. Por ejemplo, el 4 de febrero de 2004 la Fuerza Aérea bombardeó veredas del municipio de Ricaurte y el 10 de junio de 2006, el colegio del resguardo awá de Magüí.
Las noticias registradas por los medios y las que fabrican el Gobierno, los paramilitares y la guerrilla podrían hacer pensar que se trata de una guerra por territorio, lo que es una babosada: no hay guerra sin territorio. El Gobierno se lava las manos y añade: pero es que se trata de una guerra entre narcotraficantes. Algo y mucho tiene de cierto que los cultivos de coca y su comercialización son condición de tanta sangre.
Pero detrás de la coca van las avionetas de fumigación y, más atrás, los comerciantes de madera, las empresas mineras, las empresas palmeras, las empresas ganaderas, las empresas caucheras, las empresas petroleras, la construcción de autopistas, la construcción de hidroeléctricas.
Porque es una constante que tiene fuerza de ley social: primero la coca, después, las masacres, más adelante el aseguramiento militar institucional —el llamado “salto estratégico”, que no es otra cosa que la continuación de la guerra bajo la otra forma—. Y cuando el conflicto armado se ha trasladado a otra regiones —como sucedió con el que llega al Pacífico proveniente de Putumayo, a donde llegó de Caquetá—, aterrizan los inversionistas a esquilmar a la población: cooperativas de trabajo, cooperativas de seguridad privada, empresas de salud y, para rematar, presencia permanente de Escuadrones Móviles Antidisturbios, los brutales Esmad. Todo, sin que los paramilitares se hayan ido. ¡Son tan necesarios para mantener el orden institucional! Ya lo dijo el Alemán con una franqueza suicida: las Auc se acabaron, pero los paracos no.
Nota: El jueves la Embajada de EE.UU. en Bogotá me extendió una visa múltiple después de resolver la investigación administrativa interna a que fue sometida mi hoja de vida. Lo siento por quienes querían verme en picota.
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Fuente: Ecoportal.Net
Tomado de Servindi http://www.servindi.org/actualidad/16333
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Agosto 7th, 2009 leepiensayaktua
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