Ocupación de la Universidad de Berkeley por aumento de 32% en la tarifa de las pensiones

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Se evitó la violencia en Andahuasi

Sin embargo, los trabajadores perderían el control de la empresa. Finalmente se suspendió el desalojo de los trabajadores y del grupo Bustamante en la azucarera Andahuasi, ubicada al norte de Lima cerca a Huacho. En los últimos días, se venía desatando un conflicto por el control de la que hasta hace poco era una empresa en manos de sus trabajadores.

Las disputas iniciaron el pasado 30 de abril cuando se eligió a un nuevo directorio ligado al grupo Bustamante. Este directorio estaba conformado por Greco Quiroz Diaz, Manuel Bustamante Olivares, David Jimenez Sardón, el ex ministro Hernán Garrido Lecca, Wilder Ruiz Loayza y David Alonso Zamora. El mismo destituyó del cargo al presidente del directorio, Eduardo Núñez Cámara. Sin embargo este último, mientras mantenía el control de la empresa, habría vendido cerca de 50 millones de soles en acciones al grupo Wong, sin que el resto de los miembros del directorio aprobara la venta. Por su parte, Eduardo Nuñez desconoce al nuevo directorio. El nuevo directorio inició entonces una batalla legal para impedir el traspaso de las acciones mientras que el grupo Wong, junto a Edgar Nuñez, hacía sus gestiones para asumir el control de la empresa.

Debido a estas gestiones, se movilizaron cerca de 1900 policías al mando del Gral. Edmundo Muguraza – el mismo que dirigió el trágico operativo del 5 de junio en la Curva del Diablo – para desalojar de la empresa a los trabajadores y a la administración Bustamante. Los trabajadores, por su parte, anunciaron que planeaban resistir el desalojo, y que estarían dispuestos a todo. Ya anteriormente los enfrentamientos entre los diversos bandos han ocasionado varios heridos de consideración e incluso, el fallecimiento de Julio Chacón Rodríguez, trabajador de la zona, el pasado 27 de agosto. Se temía que con esta incursión policial puede desencadenarse mayores hechos de violencia. Sin embargo, el Primer Ministro Javier Velázquez Quesquén manifestó a la prensa que no permitiría que la policía sea usada como “carne de cañón” para resolver conflictos judiciales. Dijo que la policía debía ir acompañada de representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público para hacer cumplir la ley. Por su parte, la Defensoría del Pueblo aclaró que no existe ninguna orden de desalojo de la coperativa. Explicó que lo que existe es una orden judicial para la reposición de Eduardo Núñez en el directorio de la empresa. Finalmente, el Poder Judicial decidió suspender el desalojo, y se espera que el caso se resuelva finalmente en los tribunales. Intentamos contactarnos con algún representante de los trabajadores, para tener sus posición sobre este conflicto, pero al cierre de edición no fue posible.

Ambos grupos habrían cometido irregularidades, al haber comprado más de un 25% de acciones sin lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Ante esta irregularidad, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) sancionó a ambos grupos con multas entre 200 y 250 UIT, así como la obligación de vender sus acciones mediante una Oferta Pública de Venta (OPV). El grupo Wong se allanó, pero solicitó la realización de una OPA, en vez de una OPV. Por su parte el grupo Bustamante apeló la sanción impuesta, la que aún no se resuelve.

La empresa azucarera Andahuasi era una de las últimas cooperativas de la reforma agraria que quedaba en actividad. En 1996, mediante un decreto ley promulgado por Fujimori, Andahuasi se convirtió en una sociedad anónima. Sin embargo la misma tenía como sus accionistas mayoritarios a los mismos trabajadores de la empresa. Para el año 2005, el Estado peruano a través de pro-inversión subastó sus acciones, las que fueron compradas por los trabajadores. En la empresa trabaja cerca del 80% de la población de Andahuasi, directa o indirectamente. Ahora los trabajadores y la comunidad están a punto de perder todo lo que tienen frente a los grupos Wong y Bustamante, que buscan asumir el control de la empresa.

Fuente Alerta Perú http://www.alertaperu.org/publicar/nacionales/377-se-evito-la-violencia-en-andahuasi.html

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MUJER: TU VIDA NO VALE NADA PARA ESTE ESTADO ¡LUCHA!

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Cientos de personas marchan al grito de “la cultura no es un faenón”

Indignados. Así se mostraron casi medio millar de arqueólogos, académicos, estudiantes y ciudadanos en general que participaron de la marcha y plantón “La cultura no es un faenón” la tarde del viernes. Los manifestantes rechazan el Proyecto de Ley 3464, presentado con carácter de urgencia por el Ejecutivo y que pretende facilitar el retiro de la condición de Patrimonio Cultural a bienes cuando la misma “obstaculice” la inversión privada. La marcha partió de la puerta de la Casona de San Marcos, en el Parque Universitario, recorrió la avenida Abancay y finalmente llegó al Congreso de la República, donde los convocantes se reunieron con el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Werner Cabrera, para entregarle un manifiesto con decenas de firmas sustentando el rechazo a la iniciativa legislativa.

El proyecto en mención busca que la facultad para declarar bienes como Patrimonio Cultural pase del Instituto Nacional de Cultura al Congreso de la República. La argumentación que sostiene dicho proyecto es que la protección del patrimonio cultural resulta “onerosa” y es un obstáculo para la inversión. Los manifestantes también rechazaron el Decreto Supremo 009-2009-ED, que se encuentra vigente y que permite que las obras públicas que sean declaradas como “de interés nacional” no requieran del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), el principal instrumento legal que existe para proteger el patrimonio histórico que pudiera ser afectado por proyectos de inversión.

“Estoy aquí como cualquier peruano que admira todo el legado que es nuestro deber proteger y preservar para las futuras generaciones”, señaló el arqueólogo Julio Abanto, director del Instituto Ruricancho, quien calificó el proyecto como “una aberración tremenda”. “Un Congreso tan caricaturizado como el que tenemos no puede pretender juzgar a qué denominamos Patrimonio y a qué no”, afirmó. Abanto aseguró que no puede ponerse en contradicción la inversión económica y la protección al Patrimonio, pues la cultura también debe considerarse como un recurso.

Este proyecto está en consonancia con la política del “perro del hortelano” que busca facilitar la inversión en todos los sectores a cualquier costo, reduciendo controles técnicos, ambientales, anticorrupción y, ahora, culturales. Además, fue presentado por el Ejecutivo sin consultar ni siquiera con el propio INC, el órgano técnico del propio Estado. Mucho menos fue consultado con el Colegio de Arqueólogos o con instituciones culturales y de la sociedad civil.

En la manifestación participaron estudiantes y profesores de las escuelas de Arqueología de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Universidad Federico Villareal y de la Universidad Católica, así como profesionales, gestores culturales, activistas, instituciones de sociedad civil y ciudadanos en general.

Tomado de Alerta  Perú http://www.alertaperu.org/publicar/nacionales/370-cientos-de-personas-marchan-al-grito-de-qla-cultura-no-es-un-faenonq.html

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La integración del pueblo mapuche a punta de cárcel y asesinato

No se puede apelar al Estado chileno para que tenga una posición humanitaria respecto a la represión policial que se ha ejercido contra las comunidades mapuche, la que durante la última semana ha dejado como saldo a  Jaime Facundo Mendoza Collío asesinado por un balazo en la espalda mientras se encontraba llevando a cabo la toma de predios en Angol, provincia de Malleco.

Por más que Bachelet señale que «nada justifique la violencia en la Araucanía», la brutal represión desatada ha sido facilitada por la propia institucionalidad gubernamental a través de su discurso de apertura al diálogo, estableciendo frente a la resistencia que están llevando algunas de las comunidades en sur del país una guerra de baja intensidad, la que ha implicado la militarización de amplias zonas del territorio en conflicto bajo la excusa de mantener la estabilidad con el propósito de permitir abrir canales de comunicación entre las partes. Todo muy democrático, por cierto.

Es recurrente que, a propósito de hechos como el anteriormente mencionado, así como sucedió con la muerte de Matías Catrileo en enero del 2008, se movilice amplio un sector social que lleva a cabo una solidaridad de corte ciudadanista, invocando el respeto a los derechos de los pueblos originarios -como se refieren a las demandas mapuche-, en base a lo cual exhortan al Estado –más bien, al gobierno- a reconocer a las comunidades como partes del país que por lo tanto son merecedoras de dignidad e integración. Estos grupos de solidaridad ciudadanista, si bien pueden estar integrados por bien-intencionados izquierdistas o jóvenes anarco-multiculturales, son un elemento a considerar en momentos en que se plantea analizar el despliegue de esta guerra de baja intensidad.

Y para esto, el primer requisito: «El único camino de solución a las legítimas demandas del pueblo mapuche es el diálogo», señala Bachelet, lo que aún cuando pueda ser visto con suspicacia por parte de estos grupos ciudadanistas, no dista demasiado de lo que se propone en sus consignas y comunicados. En la práctica, grupos como el Movimiento por una Asamblea Constituyente han propuesto la apertura de los aparatos de control en función de una seguridad ciudadana otra, lo que no es mas que dar un giro participativo a organismos para la represión levantados desde los Estados o inclusive desde el sector privado empresarial: “(…)Unasur, Asambleas Constituyentes, es lo que queremos, cambio de Régimen Político como dice MEO, otro país y una gran nación hermana latinoamericana, que regule internacionalmente el Cobre, la Plata y el Oro tal cual lo hace la OPEP en el Petróleo por qué no.”[1]. Del mismo modo, para algunas agrupaciones indigenistas como El Consejo de Todas las Tierras, la radicalización de la lucha por la tierra es entendida como una medida de presión que solo es valida en la medida en que expone el fracaso de la actual constitucionalidad, demostrando la ausencia de los espacios de dialogo entre quienes supuestamente desean ser integrados en el proyecto país y la administración central: “No se puede acusar a la comunidad Requem Pillan que hayan actuado con violencia, porque(…)desde el punto de vista de los procedimientos institucionales, esta comunidad agoto todo los medios del dialogo.”[2].

Para estos grupos, las acciones llevadas a cabo por las comunidades mapuche en resistencia son leídas bajo la necesidad de que estas voces sean escuchadas, o mejor dicho integradas, en el gran abrazo conciliador de la democracia chilena, situándose desde el Estado para poder analizar el desarrollo del conflicto. «La única manera en que se respeten los derechos de los pueblos, podrían decir, es que estos sean considerados en su calidad de ciudadanos», nada demasiado alejado a lo que el ala más progresista de la maquinaria gubernamental promueve. Podríamos señalar a partir de esto que la solidaridad ciudadanista es un elemento represivo tan brutal como la represión policial efectiva, puesto que desconocen una de las reivindicaciones más importantes de las comunidades en resistencia, y que es «Mapuche no es Chileno»; y al hacerlo, permiten alimentar el discurso criminalizador, ya que excluyen de digno de solidaridad a aquellas acciones que no puedan ser legibles en términos ciudadanistas. El liberalismo de izquierda, por cierto, es una fábrica bastante productiva de criminalización.

Así, los llamados a dejar de lado la violencia y encontrarnos en el diálogo encubren una guerra plenamente declarada, donde los terratenientes y las empresas forestales están totalmente dispuestos a continuar la defensa de aquello que, tanto ellos como el propio Estado, consideran que es justo. La represión ejercida contra el pueblo mapuche se justifica en un principio básico de la ciudadanía: todo ciudadano que se encuentra en igualdad de condiciones tiene derecho a la defensa de sus intereses privados. Sin embargo no es preciso afirmar que el problema sea la posición al margen de la lógica ciudadana que las mismas comunidades han asumido en la práctica, sino la reducción de toda reivindicación social por parte de quienes nos encontramos fuera de la zona de conflicto a una infructuosa solución estatal a esta, es decir, buscar una comprensión de toda problemática desde el estado.

Peligrosamente, el movimiento ciudadano se ha convertido en un puesto de avanzada para la cooptación de las instancias de movilización, un espacio en donde el antagonismo de clase es suprimido en pos de una integración que se presenta desde la institucionalidad como necesaria para acabar con la aniquilación de quienes nos hemos marginado de este proceso.

La colorida farsa del consenso democrático se ha posicionado a sangre y fuego como solución única para las demandas territoriales del pueblo mapuche, extendiéndose a través del mass media como un problema del que el estado debe hacerse parte, permitiéndole a este ultimo reprimir de forma justificada, cualquier forma de solidaridad que opere al margen de esta lógica es decir, que atente contra la intención de establecer un canal de dialogo entre las comunidades y la institucionalidad.

Curioso resulta que el único tope siguen siendo las comunidades: mientras en todo chile los ciudadanos se movilizan por el reconocimiento de los derechos ciudadanos indígenas, al interior del territorio mapuche se posiciona el rechazo a ser integrados como parte de un proyecto nación que para prevalecer los derechos de todos los chilenos, requiere de la aniquilación de las formas de vida antagonistas.

En gran parte, la acción ciudadana – pensada como puestos de avanzada del estado – es responsable de la invisibilización de un problema generalizado, la violencia de estado operante en niveles diferentes a la represión efectiva, y por otro lado la atomización de la resistencia a la institucionalidad, que le permite al mismo estado tildar el conflicto mapuche de terrorismo, al presentarse como totalmente contradictorio al comportamiento del resto de los sectores ‘disidentes’.

Aclaramos que no se puede apelar al Estado chileno para que tenga una posición humanitaria respecto a la represión policial que se ha ejercido contra las comunidades mapuche, puesto que el propio Estado chileno es una de las partes en conflicto, aquella que desde su posición articulada como un entramado de redes institucionales logra generar un efecto de dispersión que bien podría entenderse como una serie de contradicciones dentro del discurso gubernamental oficial, como lo han sido las declaraciones emitidas por el ministro Pérez Yoma durante el pasado mes, cuando a partir de una carta emanada por comuneros mapuche a la Moneda respecto a la violencia en el sur, negó que en la IX región se practique represión policial, calificando la situación en la zona como «normal», lo que se contrapone a lo dicho últimamente por la presidenta Bachelet. Los aparatos de represión en la actualidad, solo son asesinos a sueldo del consenso democrático demandado por la ciudadanía para la defensa de sus derechos e intereses.

Ahí donde huele a integración del pueblo mapuche, el propio Estado es coherente al hacer entender que no ha posibilidad más allá de los márgenes que éste impone como actor privilegiado que ha tomado el papel de mediador. Así, a pesar de lo lamentable que puedan haber sido las declaraciones de Pérez Yoma durante julio del presente año, uno de sus dichos tiene una coherencia bastante sorprendente respecto al despliegue de las políticas represivas, al señalar sobre el conflicto mapuche que «no hay ninguna instrucción respecto a que la policía actúe de manera diferente a como actúa en el resto del país».

Si bien las movilizaciones en repudio al asesinato y por el fin de la militarizacion de las comunidades en el sur se han levantado estos ultimos dias como una respuesta a la violencia de estado en una situación particular, como lo es el caso de las comunidades en conflicto, esto no parece suficiente para reconocer en el estado un aparato complejo que actúa en red, que junto con permitir la protesta social en tanto se adecue al orden publico, también tiene el deber de la defensa de los intereses del empresariado, tanto publico como privado. El estado se nos presenta como el hermoso Leviatán que es capaz de cooptar cualquier discurso-causa que no se levante con las herramientas suficientes para generar un quiebre con la institucionalidad.

Mas allá de los actos de solidaridad concretos con la lucha por la tierra en el territorio mapuche, es necesario comenzar a reconocernos dentro de una multiplicidad de problemáticas que desde las experiencias locales son posibles de ligar con las de otras comunidades, ya que esto podria dar paso a la solidaridad mas activa de todas: la denuncia desde nuestras propias practica de la violencia intrinseca que el estado ejerce a traves de sus operadores, sean estos fuerzas especiales o hermosos jóvenes progresistas.

Ni coerción ciudadana ni asimilación de las reivindicaciones mapuche por parte del colorido carnaval montado por el fascismo democrático. El Estado chileno es el enemigo.

 [2] Aucan Huilcaman, 12 de agosto del 2009: “Consejo de Todas las Tierras repudia la ejecución extrajudicial de un comunero mapuche por parte de Carabineros.

Tomado de Columna Negra http://www.columnanegra.org/?p=1644

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Chile: Tres indígenas mapuche son heridos de bala por la policía

Servindi, 24 de julio, 2009.- Tres pobladores indígenas mapuche fueron baleados y uno fue violentamente agredido por efectivos de la policía nacional durante una manifestación para exigir la recuperación de sus territorios ancestrales.

Los manifestantes del norte de la localidad de Temuco manifestaron que enfrentaron por más de tres horas a las balas y gases de las fuerzas del orden, quienes pretendieron dispersar la protesta.

Según mencionaron los testigos mapuche, recibieron “balazos por la espalda, quedando tres comuneros heridos. A la vez, uno de los representantes mapuche, el werken Mijael Queipul, fue detenido y golpeado por la policía en esta mañana”.

Los pobladores que se unieron a esta movilización llegaron de diversas comunidades, entre ellas el Lof Mapu de Collico, el de Temucucui y de Lafkenche del Budi.

De otro lado, las autoridades mapuche lamentaron que el gobierno no atienda el requerimiento de conformar una mesa de diálogo que trate las demandas de los pueblos originarios chilenos.

Semanas atrás, los líderes indígenas viajaron hasta la capital chilena, Santiago, para visitar a la presidenta Michelle Bachelet, sin embargo no obtuvieron resultados.

Fuente: Servindi

Tomado de Blog RIDEI http://blog.pucp.edu.pe/item/65002

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Incrementan conflictos socioambientales por minería en el interior

Servindi, 22 de julio, 2009.- Los conflictos socioambientales se incrementaron a 273 debido al crecimiento de las concesiones mineras “que no consideran la consulta previa ni la participación ciudadana”, según reveló el IV Informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).

Además de “la falta de una política gubernamental que controle esta actividad al considerar que, actualmente existe poca rigurosidad para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, agregó el documento final del estudio recientemente presentado.

El estudio identificó que de los 273 conflictos registrados, el 83% continúa activo y concentrado mayoritariamente en temas vinculados a la actividad minera.

En la misma fecha, un año antes, el mismo estudio registró sólo 132 conflictos en todo el Perú, lo que evidencia la inexistencia de canales de solución y negociación entre el Ejecutivo y los pobladores del interior del país.

De otro lado, el OCM resaltó que la actividad minera transfronteriza es otro foco de conflicto, “por ejemplo en la frontera amazónica con Ecuador están presionando las áreas naturales protegidas, sobre todo aquellas donde residen las comunidades nativas”.

También mencionó el caso de Piura, en el que la presencia de “la empresa minera Río Blanco no sólo estaría del lado peruano, sino también del lado ecuatoriano, identificado con el nombre de RIOBLAN”.

Asimismo, la falta de coordinación por parte del gobierno central con los gobiernos regionales y locales sobre la viabilidad de la entrega de concesiones mineras, es otro factor que intensifica el crecimiento de los conflictos socioambientales, según sustentó el informe.

El coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros, José De Echave, explicó que la cantidad de concesiones mineras aumentaron, de 17 millones de hectáreas, correspondientes al último semestre del año pasado, a más de 19 millones de hectáreas en el primer semestre de este año.

El informe fue realizado en Junín, Cajamarca, Piura, Apurímac, y Cuzco durante el primer semestre de 2009.

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Información por departamentos*

Junín:

En Junín, el 22,8% del territorio está en concesión a mineras, y en esa región se ubica el Complejo Metalúrgico La Oroya donde se encuentra la empresa Doe Run Perú (DRP). El caso Doe Run ha pasado a ser crítico, no sólo debido a los nocivos impactos que genera en el ambiente y en la salud de la población de La Oroya, sino a la crisis financiera por la que atraviesa y que hasta la fecha no ha encontrado una solución, sostiene el informe.

Jose De Echave manifestó su preocupación por la falta de transparencia y el acceso a la información, haciendo referencia al cumplimiento de lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 257-2006-MEM/DM, en la que se establecieron los compromisos y los plazos que debían cumplirse en la ejecución del PAMA. Esta norma establecía la prohibición para DRP de efectuar pagos o contraer obligaciones con accionistas o empresas vinculadas.

“¿Quién ha verificado que efectivamente DRP haya cumplido con esta obligación? ¿Quién ha verificado que las utilidades obtenidas durante los últimos años no hayan sido en parte remesadas a su matriz en EEUU? De acuerdo a información del propio MINEM el cumplimiento de esta obligación se verificarían mediante informes de una auditora financiera Pricewaterhouse. ¿Dónde están estos informes? Los mismos deben hacerse público dado que los mismos buscaban garantizar el cumplimiento del PAMA”, sostiene De Echave.

Cajamarca:

En Cajamarca el 44,67% del territorio esta concesionado, acá se encuentra operando la minera Yanacocha, el yacimiento aurífero más importante de Latinoamérica. Los vacíos en las políticas ambientales del sector público y un marco normativo inapropiado son causas subyacentes de las tensiones y conflictos provocados por la actividad minera en Cajamarca.

En el último semestre 2009, se han identificado conflictos por accidentes ambientales en Hualgayoc. Miles de metros cúbicos de aguas de relaves mineros al río Hualgayoc-Arascoorgue, afectando con ello el agua, justamente un tema sensible en la zona.

Denuncia el informe el tráfico de tierras y agresivas campañas de compra de tierra a precios irrisorios, cuyos fines se desconoce. Falsificación de firmas y obtención de permisos fraudulentos por parte de representantes de la empresa Minera Anglo American. Finalmente, Corrupción en la ex Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR), otorgan permisos para el uso de agua para actividades mineras.

Piura:

El 26,16% de su territorio esta concesionado, en esta región se encuentra el Consorcio Chino Zijin responsable del proyecto Río Blanco. Según el periodo analizado por el OCM, el gobierno otorgó facilidades a la empresa minera Zijin, para que acceda a 27 nuevas concesiones mineras; las cuales sumadas a las 8 llegarían a las 35, comprendiendo un área de cerca de 29,000 hectáreas. Lo que consolidaría la afirmación de que en la zona se pretende establecer un distrito minero, que tendría, ahora, como titular directo al Consorcio chino Zijin.

El informe denuncia las violencias y agresiones surgidas por la presencia de la ONG Integrando en Ayabaca y Huancabamba, vinculada al Grupo Romero (a través de Alicorp), el mismo que tienen intereses en la realización del proyecto Río Blanco (contrato de opción con Agroindustrias Las Huaringas S.A.), viene generando algunos problemas con los comuneros.

Cusco:

El 15,8% de su territorio concesionado. Según el OCM enn el primer semestre del año, se presentan varios ejes de conflicto en la región. En primer lugar están las protestas provocadas por la publicación de la nueva Ley de Recursos Hídricos, aprobada mediante Ley Nº 29338. Lamentablemente la dación de esta norma no soluciona muchos de los problemas que plantearon los precedentes decretos legislativos (Nº1081 y 1083). Algunos de los problemas identificados en estas normas son: 1) la desaparición de las autoridades autónomas de cuenca; 2) la debilidad de los consejos de cuenca; 3) la posibilidad que la autoridad nacional de agua pueda delegar sus funciones, incluso a particulares.

Asimismo se vienen dando negociaciones individuales con los propietarios de terrenos sin buscar acuerdos equitativos.

Apurímac:

El avance de las concesiones sigue siendo un tema importante en Apurímac donde opera la minera Xstrata con el Proyecto Las Bambas: en la actualidad las mismas alcanzan el 53,68% del territorio de toda la región, justamente en el proyecto minero Las Bambas se han identificado algunos problemas en los permisos de acceso de tierras comunales. Asimismo, se han identificado afectaciones a fuentes de agua como manantes (bofedales) en la zona de influencia del proyecto.

Fuente: http://www.servindi.org/actualidad/14694

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Honduras: Movimientos sociales resisten. Feministas toman el Instituto de la Mujer. Zelaya llama a la insurrección

Zelaya llama a la insurrección popular contra régimen golpista en Honduras. Marcha a embajada de EEUU. Frente Juvenil contra el Golpe llama a la huelga general.

Feministas en resistencia

Tegucigalpa M.D.C., 14 de julio de 2009

Toma del Instituto Nacional de la Mujer – Honduras

Las Feministas en Resistencia nos estamos tomando las instalaciones de Instituto Nacional de la Mujer – nuestro Instituto – luego de conocer que ha sido nombrada la señora Maria Martha Díaz Velásquez como ministra de este gobierno golpista y usurpador.

La señora Díaz fue ministra del INAM,o lo que antes era Oficina Gubernamental de la Mujer, en tiempos del presidente Carlos Roberto Flores Facussé, uno de los artífices del golpe y dueño del partido liberal. Ella fue atendida y apoyada por el Movimiento de Mujeres “Visitación Padilla”, cuando fue encarcelada en Estados Unidos por traer a sus hijos a Honduras.

Maria Martha Díaz Velásquez y su esposo René Contreras se separaron en 1992 y el Juez le dejo en custodia a sus tres hijos en Los Estados Unidos, pero ella violo las órdenes de ese país al traérselo a Honduras. En 1995, el Ministerio Público recibió la denuncia documentada de María Martha Díaz, quien sostuvo que colaboró con su ex esposo, el nicaragüense René Contreras, para la venta de la nacionalidad hondureña a ciudadanos chinos, a través de oficinas ubicadas en Miami, Estados Unidos, a un costo de un pago de US$3 mil por persona

(ver http://www.honduraslaboral.org/leer.php/1560)

(Copiamos al final de esta nota el comunicado que será leído ante la prensa nacional y la internacional que cubre el golpe de estado)

Frente Nacional Juvenil Contra el Golpe de Estado: ¡Todos a la huelga general!

Pronunciamiento

El Frente Nacional Juvenil Contra el Golpe de Estado que aglutina los diversos sectores juveniles organizados a nivel nacional; Conscientes de la actual crisis política que han generado los distintos poderes oligárquicos y explotadores de la clase trabajadora hondureña. Nos pronunciamos en los siguientes términos:

1.- Repudiamos la violación de los derechos humanosindividuales, sociales y la represión de la cual esta siendo objeto el pueblo hondureño, misma que se traduce en el vil asesinato de Isis Obed Murillo, Ramón García, Roger Vados, y asimismo centenares de detenidos de forma ilegal y arbitraria.

2.-Denunciamos la reactivación de escuadrones de la muerte, encabezados por el ahora asesor presidencial del gobierno golpista, el capitán retirado Billy Joya Amendola formado en la asesina escuela de los Carabineros de Chile, miembro del temido batallón de la muerteel 3-16, y principal responsable de los detenidos y desaparecidos en la década de los 80s.

3.- Condenamos la expulsión de los medios de comunicación internacionales así como el cierre temporale intimidación hacia varios medios de comunicación independientes, creando así un cerco mediáticopropio de un gobierno usurpador y violento.

4.- Como estudiantes Universitarios y de educación media nos sumamos decididamente al paro de sector educativo, emprendido por la Federación de Organizaciones Magisteriales (FOMH).

5.- Hoy mas que nunca ratificamos la indiscutible necesidad de instalar una Asamblea Nacional Constituyente Libre, Democrática y Soberana que construya una nueva Constitución a beneficio de las grandes mayorías.

6.- Exigimos al sector obrero organizado preparar y declarar la huelga general como única vía que garantiza el derrocamiento del gobierno golpista.

7.- Llamamos a toda la Juventud Organizada y no Organizada a integrar este espacio unitario a fin de constituir una trinchera de lucha que contribuya decisivamente a restablecer el orden democrático y con ello conducir al movimiento popular a mayores triunfos.

¡Ante el Golpe Político Militar, todos a la Huelga General

  ABN (Antonio Núñez Aldazoro, enviado especial)

La jornada número 16, tras el golpe de Estado que depuso de manera violenta el pasado 28 de junio al legítimo presidente de Honduras, Manuel Zelaya, culminó con una manifestación multitudinaria ante la sede de la embajada de los Estados Unidos en ese país, ubicada en el centro de la capital Tegucigalpa.

Organizaciones populares, patronatos, sindicatos, gremios magisteriales, organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes se dieron cita frente a la sede de la delegación diplomática norteamericana, ubicada en la avenida La Paz de la capital hondureña.

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, el cual agrupa a todas las organizaciones que condenan la destitución violenta de Zelaya, marchó desde la sede de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán hasta el edificio que sirve de despacho al embajador Hugo Llorens, el cual estaba fuertemente custodiado por efectivos policiales.

Se leyeron proclamas, se entonaron cantos y se pronunciaron discursos, resaltando en todo momento la condena a los Estados Unidos por su participación, a juicio de los manifestantes, “silenciosa y complaciente” en el golpe militar del 28J.

A la concentración se sumó un contigente de cerca de mil delegados del Partido Liberal, quienes horas antes acordaron declararse en asamblea permanente y decidieron por aclamación condenar categóricamente el golpe de Estado, solicitar el retorno inmediato del presidente Manuel Zelaya al país y la expulsión de Roberto Micheletti y del candidato presidencial Elvin Ernesto Santos de las filas de esa organización política.

Asimismo, lo liberales anunciaron que se sumarían a las acciones de calle, que desde el mismo día del golpe de Estado han organizado el Frente Nacional de Resistencia.

A la reunión de los liberales asistió la primera dama de la República, Xiomara Castro, y los asistentes escucharon atentos el saludo vía telefónica de Manuel Zelaya desde Managua, capital de Nicaragua.

Feministas en resistencia: Ni golpes de estado ni golpes contra las mujeres

 
Las organizaciones feministas y de mujeres que nos encontramos en resistencia queremos hacer del conocimiento de la comunidad nacional e internacional, que desde el 28 de junio hemos condenado y repudiado el golpe de estado y nos acogimos al artículo 3 de la constitución que dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador.

Este golpe militar y político, financiado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Asociación Nacional de Industriales; promovido por las grandes corporaciones de radio y televisión nacional; bendecida por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, la Confraternidad de Iglesias Evangélicas y los Opus Dei; y asesorado por los grupos fundamentalistas y de ultra derecha latinoamericanos, se constituye en una vergüenza para los y las hondureñas que día a día construimos democracia. Esto que han hecho es un acto dictatorial que ha violentado en apenas dos semanas más de 30 artículos de la Constitución de la República que dicen defender.

En esta oportunidad nos encontramos frente a las instalaciones del Instituto Nacional de la Mujer, tomándonos algo que es nuestro. Es nuestro porque en Beijing en 1995 insistimos y logramos que quedara expresado en su Plataforma de Acción, que los países crearan mecanismos sólidos y de alto nivel para el adelanto de las mujeres. Es nuestro porque acá en Honduras hemos sido parte de todos los espacios donde cada palabra escrita en la ley de creación del INAM, en la Política Nacional de la Mujer, en el primer Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y en el segundo Plan de Igualdad y Equidad de Género, están -no nuestros sueños y aspiraciones-, pero si el piso mínimo al que aspiramos como mujeres y ciudadanas de este país.

Desconocemos a la señora María Martha Díaz Velásquez como ministra de esta institución, porque aunque la hemos visto como dirigente de las marchas de los de blanco, -los que han usurpado el blanco-, pensábamos que tenía un mínimo de ética y de respeto hacia las mujeres que una vez la defendieron. Pensábamos que no iba a aceptar ser parte, aún más protagónica, de esta sucia historia que los usurpadores están escribiendo en este país.

Queremos dejar claro ante la comunidad nacional e internacional que estamos acá en este lugar que es nuestro y que si los usurpadores pretenden sacarnos, tendrán que usar su fuerza, sucia y brutal, contra nosotras que solo tenemos como arma nuestra voz.

Zelaya llama a la insurrección popular contra régimen golpista en Honduras

El presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, llamó este martes al pueblo hondureño a la insurrección, estipulada en la Constitución de ese país como medida de presión ante la instalación del gobierno de facto de Roberto Micheletti, tras el golpe de Estado que lo sacó del poder.
 

Así lo expresó Zelaya tras el encuentro con su homólogo guatemalteco, Álvaro Colom, en la capital de ese país centroamericano, en donde expresó que “la insurrección es un derecho del pueblo que está consignado en el artículo 3 de la Constitución de Honduras, y los hondureños deben hacer valer sus derechos constitucionales”.

“Yo no me he rendido ni me voy a rendir. Voy a regresar al país en el menor tiempo posible. No quiero avisar la hora ni el día, para no alertar a las fuerzas opositoras, que sabemos que son criminales. Vamos a regresar al país. Estamos planificando nuestro retorno”, reiteró.

Zelaya pidió a los hondureños “que no dejen las calles, que es el único espacio que no nos han quitado”.

“El derecho a la insurrección es un derecho constitucional. Nadie comete un delito en un gobierno de facto, por protestar pacíficamente en diferentes campos de la sociedad”, señaló.

Agregó que “las huelgas, las manifestaciones, las tomas, la desobediencia civil son un proceso necesario cuando se violenta el orden democrático en un país”.

“No hay que dejar la lucha, hay que mantenerla hasta que los golpistas salgan del régimen de facto que han establecido en nuestro país”, dijo.

Estas declaraciones de Zelaya fueron confirmadas por el colaborador de teleSUR en Guatemala, Mario Rosales, quien reportó que el mandatario hondureño hizo este llamado a la insurrección “porque un pueblo no puede estar de acuerdo con algo impuesto e ilegal”, al tiempo que afirmó que es totalmente “legítimo defender los espacios, las calles de Tegucigalpa”.

Zelaya dijo que “la insurrección es lo único que ha dejado el gobierno de facto como medida de expresión del pueblo” contra el golpe de Estado orquestado por Roberto Micheletti, detalló Rosales.

Asimismo, Rosales informó que hasta ahora no hay una postura oficial de la agenda del mandatario hondureño, y que para el momento de su reporte, Zelaya se encuentra en la Embajada de Honduras en Guatemala, donde permanecerá haciendo contactos con líderes sociales.

El presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, arribó este martes a Guatemala, cuyo presidente ha condenado el golpe de Estado que sacó a Zelaya del poder el pasado 28 de junio y que ha sido repudiado de forma unánime por países de todo el mundo.

Horas antes, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, convocó para el próximo sábado a las delegaciones de su homólogo legítimo de Honduras, Manuel Zelaya y del líder del gobierno de facto en ese país, Roberto Micheletti para reiniciar los diálogos con el fin de encontrar una salida a la crisis y retomar el hilo constitucional en ese país.

Arias, quien actúa como mediador en el conflicto, declaró este martes a periodistas que convocó a las delegaciones de Zelaya y Micheletti para este sábado en San José, y advirtió de que las conversaciones podrían alargarse hasta el domingo.

Fuente: Kaos en la Red http://www.kaosenlared.net/noticia/honduras-movimientos-sociales-resisten-feministas-toman-instituto-muje

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Bloqueos y marchas en múltiples ciudades

En Lima, miles de personas se congregan en la Plaza Dos de Mayo

Fueron inútiles los esfuerzos desmovilizadores del gobierno aprista. En el segundo día del Paro Nacional Andino Amazónico, nuevas regiones se sumaron a las acciones de protesta en todo el país. Y en Lima, la Jornada de Lucha significó bloqueos de pistas en diversas zonas y una severa escasez del transporte. En estos momentos, desde diferentes puntos de preconcentración, miles de personas se están congregando en la Plaza Dos de Mayo.

El gobierno aprista desató en días previos una campaña mediática contra el Paro y agudizó la persecución a dirigentes populares. Desde ayer, militarizó diversas ciudades en actitud represiva y provocadora. Nada de eso amilanó a nuestros pueblos, que paralizaron la mayor parte del país.

En el Cusco, las fuerzas armadas resguardaron el aeropuerto y se suspendieron los servicios de trenes, mientras había un cierrapuertas total y múltiples movilizaciones. En Arequipa, la carretera Panamericana Sur fue bloqueada a la altura del kilómetro 965. También se registraron bloqueos de esta vía en Chincha.

En Puno el paro sigue siendo total. Hoy se sumaron a las movilizaciones los trabajadores de los centros de abastos y los transportistas. En Huánuco hubo diversas marchas, la mayor de las cuales fue protagonizada por los docentes.

En Ayacucho y Juliaca, todo está cerrado, mientras se registran movilizaciones y otras acciones de protesta. En Pucallpa, la manifestación más larga fue la de los mototaxistas. En Loreto, las organizaciones se concentran en la Plaza 28 de Julio, mientras más sectores van sumándose al paro: SUTEP, docentes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, construcción civil y sector Salud. De igual manera, las municipalidades de Maynas, Belén y San Juan expresaron su respaldo y participación.

Jornada en Lima

En su desesperación, el gobierno no solo ordenó la movilización de militares en los conos, sino que también dispuso de ómnibus del Ministerio de Transportes y otras entidades estatales para boicotear el paro. Es más: emitió un decreto de urgencia para pagar veinte nuevos soles (aproximadamente siete dólares) a todos los que vayan a trabajar hoy.

Fue inútil: en el Callao y Villa el Salvador fue donde más se notó la ausencia de transporte público, y se registraron acciones de protesta. La avenida Túpac Amaru fue bloqueada a la altura del kilómetro 20 y la Carretera Central en el kilómetro 28. En San Juan de Lurigancho la policía detuvo a diez manifestantes y los llevó a la Comisaría 10 de Octubre.

En estos momentos, desde distintos puntos de preconcentración, miles de personas convergen en la Plaza Dos de Mayo para el mitin central de la Jornada de Lucha. Las organizaciones articuladas en el Movimiento Cumbre de los Pueblos se reunieron en la Plaza Francia a las 11 de la mañana, para participar en este mitin.

Fuente: Prensa Alternativa: http://alternativaprensa.blogspot.com/

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140 muertos en la protesta de una minoría étnica musulmana en China

Pekín. (EFE).- Al menos 140 personas han muerto, 828 han resultado heridas y “varios cientos” han sido detenidas en las protestas de la etnia musulmana uigur registradas en las últimas horas en Urumqi, capital de la región china de Xinjiang, informó hoy el Buró de Seguridad regional.

Cincuenta y siete cadáveres fueron retirados de las calles de Urumqi, mientras que hospitales locales confirmaron la existencia de las otras víctimas mortales, señaló Liu Yaohua, jefe de policía de la región, en declaraciones recogidas por la agencia oficial Xinhua. Liu añadió que prevé que aumente el número total de fallecidos en los incidentes, ocurridos a raíz de las protestas uigures en Urumqi por la muerte de dos miembros de su etnia linchados en el sur de China en junio.

Doctores de un hospital de Urumqi, donde hay ingresados 37 heridos, señalaron que entre las víctimas hay tanto miembros de la etnia uigur como de la etnia han, la mayoritaria china.

La policía “arrestó a varios cientos de participantes, incluidas más de diez figuras clave que provocaron los disturbios“, dijo el máximo líder policial de Xinjiang, región occidental china donde la mitad de la población pertenece a la minoría uigur turcomana. Liu añadió que aún están buscando “a otras 90 personas” en la ciudad, bajo la sospecha de haber instigado las revueltas. “Los alborotadores quemaron 261 autos, entre ellos 190 autobuses, diez taxis y dos vehículos policiales”, explicó, antes de añadir que esta mañana todavía ardían varios vehículos en la ciudad y que 203 tiendas y 14 viviendas quedaron destruidas.

Las autoridades establecieron esta madrugada el toque de queda en la capital, así como puntos de control en vecindarios como el de Changji y Turpan para atrapar a quienes instigaron la protesta.

“Está todo lleno de soldados”, señaló un testigo, quien añadió que la gente que se asomó a las ventanas pudo ver “personas muertas en la calle”. La misma fuente, que pidió no ser identificada, indicó que las líneas de teléfono fijas e internet han dejado de funcionar en Urumqi.

Las protestas, en las que participaban entre 1.000 y 3.000 personas, comenzaron ayer por la tarde, de forma pacífica según testigos presenciales y grupos uigures en el exilio, como protesta por la muerte de dos miembros de esa etnia en una fábrica de juguetes del sur de China en un linchamiento en el que otros 118 resultaron heridos.
Estos grupos, como el Congreso Mundial Uigur y el Proyecto de Derechos Humanos Uigur, claman que la represión de la protesta por parte de las fuerzas armadas chinas fue feroz.

Desde ayer por la noche testigos presenciales están publicando vídeos y fotos de la protesta -en las que se muestran incendios y se oyen disparos- en páginas web que son censuradas a las pocas horas.

Miles de personas se manifestaban ayer en la céntrica Plaza del Pueblo cuando, “sin saberse el motivo, pronto llegó la policía”, explica un testigo llamado Wenni, en su blog. Según este testigo, la policía frenó la protesta y pronto controló la situación, pero entonces empezó a oír una serie de explosiones desde otro lugar de Urumqi, el mercado de Döng Köruk, conocido como Erdaoqiao en mandarín.

Según la policía de Xinjiang, “bandidos” violentos empezaron a atacar a personas con bastones y cuchillos, y quemaron 261 vehículos, incluidos 190 autobuses, 10 taxis y dos vehículos policiales, mientras que la televisión estatal CCTV mostró imágenes de vehículos quemados en Urumqi.

El gobierno de Xinjiang acusa a la líder uigur en el exilio, Rebiya Kadeer, candidata al premio Nobel de la Paz, de haber instigado las protestas a través de mensajes en internet. Kadeer, una empresaria uigur que llegó a formar parte del parlamento chino, es líder del Proyecto Derechos Humanos, organización que defiende los derechos de los uigures frente a la colonización de la etnia han y que clama la independencia de la zona, adonde las tropas comunistas chinas llegaron en 1949.

Fuente: http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20090706/53739094831/las-protestas-de-una-minoria-etnica-musulmana-en-china-acaban-con-al-menos-140-muertos-y-828-heridos.html

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