Septiembre 18th, 2009 leepiensayaktua
Por Nila Vigil
Hernando de Soto ha sacado un documental que se ha presentado hace unos días en Canal N y que también se puede ver por internet. El documental lleva por título “el misterio del capital de los indígenas amazónicos” y es en verdad una estrategia concebida por el jefe del Instituto Libertad y Democracia para desconocer derechos consagrados a los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y digo esto porque una de las luchas más importantes de los pueblos indígenas ha sido por el reconocimiento de sus territorios. Viene a cuento citar aquí a Sanchez Granero en el prólogo a un libro imprescindible para conocer este tema: (Marcando Territorio – Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía de Alberto Chirif y Pedro García Hierro publicado por IWGIA):
Hoy en día las tierras de los pueblos indígenas de la mayor parte de los países amazónicos han sido tituladas y su derecho a éstas está a menudo reconocido en sus respectivas constituciones y amparado por un importante conjunto de leyes. No todas las tierras indígenas han sido tituladas. Ni todas las tierras tituladas gozan de idéntico grado de protección. Aún falta mucho por hacer en este campo. Y esto lo señalan claramente los autores. Pero los avances han sido enormes y los logros muy significativos.
Por otro lado, sin embargo, los autores [Chirif y García] advierten que ésta ha sido o puede convertirse en una victoria pírrica. La principal razón es que para poder obtener garantías legales sobre sus tierras los pueblos indígenas han debido ajustar sus particulares nociones de territorio a las muy específicas concepciones del derecho romanista que impera en la mayor parte de los países amazónicos. Ésta es la cara oscura del proceso. Como consecuencia de estos ajustes, en la actualidad los territorios indígenas se presentan como unidades fragmentadas, lo cual ha afectado los patrones tradicionales de uso de los recursos. Están dedicados mayormente a actividades mercantiles consideradas productivas por las autoridades, pero que contribuyen a la erosión de los suelos y la depredación de los recursos. Y son territorios sobre los cuales los indígenas tienen tan sólo un derecho parcial –únicamente sobre la superficie pero no sobre sus recursos- y a los cuales se superponen otras jurisdicciones administrativas –lo cual dificulta una adecuada gestión territorial. (p.13)
Pero para de Soto lo que hasta ahora se ha conseguirdo no es útil porque, según él, se trata de una titulación deficiente.
La tesis del documental es que los títulos colectivos no son útiles y que la respuesta a los problemas de las poblaciones indígenas es la propiedad individual. Este audio sobre lo que es la propiedad individual y la propiedad colectiva, la importancia de lo que significa titular a las comunidades indígenas explica bastante bien que la cosa no es así como de Soto nos la la quiere hacer pasar (Palabras de De Soto).
Concuerdo plenamente con la lectura que tiene Silvio Rendón del documental y con que Hernando de Soto pretende “vender a los indígenas cuentas de vidrio, con la promesa de la propiedad.” (aquí)
Paso ahora a señalar unos puntos de lo que de Soto afirma en su video:
Hasta en los lugares más remotos de la selva, los mismos cazadores y recolectores están vendiendo lo que cazan y recogen ya no para subsistir en equilibrio con su entorno sino para comercializar en el resto del Perú. Ahí también está llegando el mercado. Pero si no tienen propiedad y no tienen empresa legal, no podrán ya proteger el medio ambiente y podrían agotar sus recursos naturales (Palabras de De Soto).
Para proteger el medio ambiente, para no agotar los recursos es necesario, según de Soto, ya no que se titulen todos los territorios indígenas que aún faltan titular y que se respete el derecho a propiedad y posesión de los mismos sino que los indígenas tengan títulos de propiedad individuales. Aunque cómo una cosa (título de propiedad individual) se relaciona con la otra (protección del medio ambiente), nunca es explicado en el documental. Lo que sabemos es que los grandes depredadores de la Amazonía no son los pueblos indígenas sino las empresas madereras, las petroleras que envenenan los ríos y demás. Pero nada de eso debe haber conocido el señor de Soto y su equipo en los tres meses que estuvieron en la selva.
En resumen, los indígenas amazónicos, a su manera, por voluntad propia, de acuerdo a su cultura, para bien o para mal, están entrando al mundo del mercado y no son ajenos ni a la propiedad ni a la empresa. Esto es positivo porque a nuestro juicio no es posible en el siglo XXI controlar territorio, proteger valores culturales y vencer la pobreza sin empresa ni propiedad. De otro lado, la experiencia intermacional de mi organización, el ILD, confirma que no hay incompatibildad entre lo indígena y lo modernopues existen tribus por ejemplo en Alaska, Canada que han progresado, incluso han formado empresas multimillonarias sin perder su cultura (Palabras de De Soto).
No es ninguna novedad el hecho de que los pueblos indígenas entren al mercado y no es necesaria una experiencia internacional para saber que no hay incompatibilidad, los mismos pueblos indígenas nos los pueden decir. De Soto pues suena como “el inventor del agua tibia”.
El documental sigue con encuentros entre indígenas amazónicos e indígenas de Canadá y de los Estados Unidos (Alaska) y es bien sugerente este comentario de de Soto:
Entonces lo que nosotros vamos a querer hacer hoy día con ustedes es ver es cómo ellos pasaron de ser etnias y tribus con organización a volverse organizaciones poderosas que pueden lidiar con el mercado. Cómo se adaptaron al siglo XXI sin embargo, preservando su identidad (Palabras de De Soto).
Así:
De Soto se asume como un parte del “Nosotros” que quiere hacerle algo a “los otros”.
Se habla del paso de “etnias” y “tribus” a organizaciones poderosas.
El hecho de entrar al mercado es concebido como una adaptación al siglo XXI.
Vemos aquí cómo “el nosotros” se concibe como el grupo con poder que puede hacer con “los otros” (los indígenas) lo que desea. El hecho de ser miembros de los pueblos indígenas, que aquí es calificado como ser miembro de una “tribu”, es asumido como algo que debe superarse (se debe pasar de ser etnia y tribu a ser organización poderosa). Esa idea de que es “el nosotros” el sujeto con poder y que “los otros” son un objeto, se puede apreciar más claramente en esto que sostuvo de Soto en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros:
“Por eso trajimos indígenas de Canadá y Alaska que ya han solucionado ese problema de la tierra y ahora tienen empresas multimillonarias sin perder ellos su identidad” (Palabras de De Soto)
Nótese que no nos dice De Soto que “vinieron con” o “que viajaron con” sino que “trajeron”.como quien se refiere a un objeto. Lo mismo se ve en la ausencia de “a” luego del verbo que, como sabemos, no aparece cuando se está frente a objetos (galletas, bultos) los indígenas de Canadá y Alaska, de alguna manera, quedan reducidos a la categoría de objeto.
De Soto nos dice que es los dice que los indígenas de Canada y los de Alaska (no son pobres sino que manejan grandes empresas y tienen mucho dinero porque tienen sus títulos de propiedad, al respecto Guillermo Salas nos recuerda:
Si es que los indígenas en Alaska o en Canadá, más allá de la legislación especial por ser indígenas, han logrado participar de los beneficios de las industrias extractivas es porque en esas legislaciones no hay división entre propiedad del subsuelo y propiedad superficial. Esa es, como ya lo dijo hace tiempo gente como Manuel Pulgal Vidal (entre otros), la piedra de toque de muchos de los problemas entre las industrias extractivas y las comunidades locales. En el Perú, la propiedad del subsuelo es de la nación y los propietarios de la superficie no tienen ningún derecho sobre el subsuelo. Si De Soto quisiera realmente proponer una solución que toque el problema de fondo tendría que mencionar este punto crucial… que ni al gobierno ni a las corporaciones les interesa cambiar… y que en el fondo creo que a todos les convendría cambiar, modificar o por lo menos debatir.
Fuentes : http://nilavigil.wordpress.com/2009/09/07/el-arte-de-hablar-tonterias-con-autoridad-2-el-misterio-del-capital-de-los-indigenas-amazonicos/
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Agosto 20th, 2009 leepiensayaktua
Survival, 12 de agosto de 2009).- Nuevas fotografías aéreas han revelado la acción de madereros ilegales en una reserva amazónica, destinada a pueblos indígenas aislados y extremadamente vulnerables.
Las imágenes muestran campamentos de madereros dentro de la Reserva Murunahua en Perú, que se creó en 1997 para proteger a los indígenas aislados murunahua. Asimismo, se han encontrado tres campamentos más en la reserva.
La presencia de madereros ilegales en esta zona se ha convertido en un asunto de relevancia internacional después de que el Gobierno de Brasil afirmara que los madereros estaban ocasionando la huida de pueblos indígenas aislados de Perú hacia Brasil.
El Gobierno de Perú no admite la presencia de madereros en la zona y, recientemente, dijo que no había evidencias de que hubiera indígenas huyendo a través de la frontera.
“Los cuatro campamentos parecen activos. La tala ilegal en áreas protegidas supone una grave amenaza para los pueblos indígenas que viven en la región. Estos indígenas aislados no sólo son muy vulnerables a las enfermedades transmitidas por los foráneos, sino que además existe un historial de violento conflicto entre ellos y los madereros”, señala Chris Fagan, miembro de la organización conservacionista estadounidense Round River Conservation Studies, que sacó las fotografías.
Algunos indígenas murunahua ya han sido contactados por los madereros, lo que ha supuesto la muerte estimada del 50% de ellos. Uno de los supervivientes dijo a un investigador de Survival: “Cuando ha venido este contacto con los madereros, salimos del monte. De eso comenzó la enfermedad. Por eso se murieron la mitad.”
El director de Survival, Stephen Corry, indicó hoy: “Estas fotografías demuestran que los madereros están dentro de la Reserva Murunahua. El Gobierno peruano debe actuar inmediatamente, deteniendo la tala y dejando a los indígenas aislados vivir en paz. El destino de los indígenas aislados de Perú era, después de todo, una de las preocupaciones en las protestas indígenas que paralizaron gran parte de la Amazonia este año”.
Chris Fagan está disponible para entrevistas (en inglés).
Lee el comunicado de Round River y ve un mapa aéreo de la zona.
Más información:
Miguel Ángel del Ser: +34 91 521 72 83, comunicacion@survival.es
Tomado de Red Autónoma de Comunicación-Ucayali http://reducayali.blogspot.com/2009/08/fotos-aereas-muestran-la-presencia-de.html
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Agosto 13th, 2009 leepiensayaktua
Los dirigentes de las comunidades nativas del país no celebraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Prefieren aprovechar esta ocasión para recordar al país que todavía tienen algunas demandas urgentes que podrían perderse entre las promesas políticas y el olvido de la opinión pública.
1. Que cese la represión. Según Daysi Zapata, presidenta interina de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el actual gobierno ha revelado en las últimas semanas su carácter poco comunicativo y autoritario. “Hay una persecución política y penal contra 13 de nuestros dirigentes que aún están presos en la cárcel de Huancas (provincia de Chachapoyas, Amazonas)”, afirma. Y agrega que tres de sus líderes están asilados en Nicaragua, incluido Alberto Pizango.
En realidad, desde que en julio del 2007 se aprobó el decreto legislativo 982 que modificó el Código Penal para declarar inimputables a los militares y policías que causen lesiones y muertes “en el cumplimiento de su deber y en uso de las armas en forma reglamentaria”, se consolidó esta tendencia a priorizar el gas lacrimógeno por sobre la palabra. Para Wilfredo Ardito, se trata de la “militarización de los conflictos sociales”.
Lo cierto es que luego del convulso desalojo de la carretera Fernando Belaunde el 5 de junio, sobrevino una actitud hostil con dirigentes selváticos como el reconocido dirigente aguaruna Santiago Manuin, quien todavía está acusado de homicidio a pesar de que el gobierno, a través del ex primer ministro Yehude Simon, admitió que se había cometido un exceso. Y es que Manuin, herido gravemente de bala, fue uno de los primeros en condenar la violencia. Incluso, Simon se comprometió a ayudar en la recuperación de su salud. Pero Daysi Zapata, quien lo visitó hace poco, revela que hoy “está muy pálido, aún sigue custodiado por efectivos policiales, con peligro de ser encarcelado y tiene una deuda de cerca de 20 mil soles en el hospital de Chiclayo”.
2. Que no busquen dividirlos. Hace unos días, sorprendió la aparición en el ruedo político de un nueva junta directiva de Aidesep que se autoproclamaba como la genuina. Encabezados por Alexander Teets, un líder de la etnia awajún, se dejaban ver varios ex miembros de la dirigencia oficial que, aparentemente, arribarían fácilmente a acuerdos con el gobierno. De hecho, según Zapata, “este Aidesep paralelo fue promovido por el Instituto de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, que es de la gente aprista. En diciembre del año pasado, cuando Pizango fue elegido presidente en el seno de un consejo nacional de la organización, yo gané la vicepresidencia frente a Teets. Desde allí fue un renegado”.
Daysi Zapata recuerda que los nuevos “dirigentes” no asistieron a las primeras reuniones en las mesas de diálogo establecidas entre el gobierno y las comunidades nativas de la selva; y que el 21 de julio los representantes regionales de Aidesep ratificaron a Alberto Pizango como su líder máximo. Y también lanza una advertencia: “Los apus de Bagua e Imaza han acordado que, si Alexander Teets pasa por la zona de Santiago, donde normalmente es visto, lo van a capturar y castigar”.
3. Que se resuelvan sus conflictos. Uno de las casos latentes de tensión con empresas multinacionales es el del pueblo shipibo konibo y la petrolera estadounidense Maple Gas, en el distrito de Contamana (provincia de Ucayali, Loreto). Allí una investigación de Aidesep mostró el 2005 que esta empresa no solo contaminó las aguas de los ríos de la zona de Canaan de Cachiyacu y estropeó parte de las zonas cultivadas, sino que su presencia trajo consigo altos índices de neumonía, diarrea y enfermedades de transmisión sexual en una población indígena que no solía sufrirlas. Según Daysi Zapata, luego de varias tomas de los nueve pozos petroleros que operan en este lugar, las demandas de indemnizaciones aún no han sido atendidas.
Para el antropólogo Alberto Chirif, experto en temas amazónicos, el patrón del comportamiento estatal ha sido “negar la evidencia (de las malas prácticas empresariales)”. Es el caso del levantamiento de los nativos achuares en el río Corrientes (Loreto) el 2006, para protestar por la contaminación de sus aguas debido a la extracción de petróleo. Entonces, se tardó muchísimo en validar los informes del propio gobierno, que demostraron que sus pobladores tenían niveles excesivos de metales pesados en su sangre (Minsa) y que la cantidad de peces había disminuido considerablemente (Produce). Por todo esto, Aidesep anuncia que incluirá el tema medioambiental en las discusiones del Grupo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, actual encargado de solucionar esta problemática.
4. Que se sepa la verdad. La constitución de una Comisión de la Verdad de los sucesos de Bagua que viaje hacia esa zona e investigue las causas y consecuencias de las muertes de policías y nativos durante el desalojo de la carretera Belaunde, además de ofrecer conclusiones y recomendaciones a todo el país. Esa es la función de la primera de las cuatro mesas de diálogo instaladas el 22 de junio e integradas por dirigentes indígenas y funcionarios del gobierno.
Si bien este proceso ya está encaminado y es probable que el Grupo Nacional se reúna en las próximas semanas para nombrar a los comisionados, Carlos Navas, coordinador de la mesa 1 y representante de Aidesep, acusa poca voluntad política de parte del Ejecutivo para conformar esta comisión. Y es que, mientras ellos, junto a miembros de la Iglesia Católica y la Confederación de Comunidades Amazónicas, presentaron el 20 de julio una propuesta de ocho posibles integrantes, entre ellos el psicoanalista Jorge Bruce, el gobierno central todavía no propone los suyos.
5. Que se deroguen los otros decretos. Si bien ya se retiraron del ordenamiento legal peruano los decretos legislativos 1090 y 1064, referidos a la gestión de los recursos naturales de la selva, los dirigentes indígenas aún luchan por la derogación de otros siete decretos también inconsultos. Uno de los más cuestionados es el 1089, que encarga al Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal titular los predios rurales. “En la práctica, este organismo busca imponer el esquema urbano de manzanas y divide nuestras tierras. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir así, la gente la confunde. Exigimos que se titule nuestros terrenos sin ‘manzanearlos’”.
El Perú a contracorriente
El anuario “El mundo índigena 2009”, presentado la semana pasada en la Feria del Libro, señala que el Perú no sintoniza con los procesos de reconocimiento indígena registrados en países desarrollados como Australia y Estados Unidos, donde se ha pedido disculpas a los nativos por los abusos del pasado. Sin ir muy lejos, en Paraguay una comisión investigadora ha encontrado que su gobierno es responsable del despojo continuado de las tierras de los nativos en las últimas décadas; Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en ratificar la Declaración Universal de los Derechos Indígenas el 2007; y Ecuador incluyó en su nueva Constitución derechos a la naturaleza y principios ancestrales como el “Sumak Kawsay” (vida límpida y en armonía)
Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/domingo/20090809/22/node/210638/todos/1558
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Julio 22nd, 2009 leepiensayaktua
Lewis Wasum Tsamajai, de 17 años, viajó a Bagua Grande (Amazonas) desde la comunidad nativa de Galilea, en la provincia de Condorcaqui junto con su dos hermanos menores en busca de su padre, Nelvin Wasum Kasen, del que no tienen noticias desde el pasado 5 de junio.
“Quiero recuperar a mi papá y hasta ahora no lo consigo”, declaró Lewis Wasum a CNR. “Me dijeron que estaba muerto y me encaminé con mis hermanos, caminando ocho días, sin comer y sin tomar agua y durmiendo en la carretera. Hemos sufrido mucho”.
La tarde de ayer, Lewis recibió noticias de que su padre, identificado con DNI Nº 80619336, podría estar en la comunidad de San Pablo, en Condorcanqui, por lo que pidió ayuda a las autoridades para poder viajar y confirmar o descartar estas informaciones.
El padre de Lewis fue fotografiado por el diario local “Ahora” el pasado 8 de junio, mientras la policía lo bajaba de una camioneta policial para trasladarlo a la Deincri de Bagua Grande. Sin embargo, su nombre no figura entre las personas detenidas ni procesadas consignadas por la Defensoría del Pueblo. Tampoco en los listados de personas que regresaron a sus comunidades.
La desaparición de Nelvin Wasum Kasen no ha sido reportada en el informe de la Defensoría del Pueblo difundido el pasado viernes, que afirma que hasta el momento noexisten desaparecidos.
“Dicen que se han regresado todos a su comunidad pero es mentira, en otras comunidades faltan personas”, manifiesta el joven Lewis, quien asegura que de Galilea partieron 39 comuneros para participar en el paro amazónico pero que hasta el momento sólo han regresado 32, por lo que existirían siete personas “no habidas”, entre ellas su padre.
Además, denuncia que en las comunidades awajún y huampis de Shapisa y Nazareth tampoco habrían regresado todos los comuneros. Lewis asegura que faltan siete comuneros en el caso de Shapisa y cuatro en la comunidad nativa de Nazareth (Imaza).
Según el informe defensorial, funcionarios de esta institución han visitado las comunidades de Galilea, Shapisa y Nazareth y las autoridades locales y los apus no han denunciado estas desapariciones.
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/item/63403
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Julio 22nd, 2009 leepiensayaktua
Por Roger Rumrrill
La lucha y resistencia indígena amazónica, en alianza con los hermanos andinos, ha inaugurado una nueva época política e histórica en la Amazonía y en todo el país.
Tanto el modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza como el sistema político que lo sostiene han sido puestos en cuestión con una profundidad que obliga a un cambio y a una transformación. Sin embargo, el principal responsable político, el presidente García, en vez de hacer un mea culpa y tomar las decisiones que corresponden a un estadista sensato y con visión de futuro, ha inventado un complot internacional para ignorar y ocultar la crisis estructural del modelo neoliberal y ha decidido declarar la guerra a todos los que lo critican y están en desacuerdo con su mesianismo y autoritarismo.
La hoja de ruta de García y sus socios de la derecha económica y política es, en lo que queda de su gobierno, la polarización y la confrontación.
En la Amazonía peruana el sacudón político tiene consecuencias imprevisibles. Una de ellas es que ha puesto al borde del colapso a los partidos y a los movimientos regionales y a todos los liderazgos.
Otras consecuencias de este parteaguas en la historia amazónica tiene que ver con el sistema extractivo-mercantil, el equivalente amazónico del modelo primario-exportador y el subcentralismo regional tan nefasto como el centralismo impuesto principalmente desde la burocracia dorada e intocable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Un ejemplo perverso y escandaloso de este subcentralismo y de la forma asimétrica de cómo se distribuye la torta presupuestal ocurre en el Gobierno Regional de Loreto, bajo la presidencia del ubicuo Iván Vásquez Valera. De las inversiones aprobadas en el ejercicio fiscal del 2007 correspondieron 44 millones, 964 mil 518 soles a Maynas (Iquitos), 11 millones, 308 mil 837 soles a Alto Amazonas (Yurimaguas). A la provincia del Datem del Marañón, donde se extrae el petróleo que genera el canon y con una población 97 por ciento indígena, sólo le tocó 3 millones, 076 mil 939 soles.
Todos los Gobiernos Regionales de la Amazonía son subcentralistas: Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y San Martín. Unos más que otros.
Probablemente, la crisis económica internacional y la caída de la captación del canon petrolero en Loreto y Ucayali llevará a los presidentes regionales golosamente “obristas” y tacaños en inversión en educación, salud, ciencia y tecnología a intentar hacer pagar los platos rotos de la crisis a los pueblos indígenas.
Pero la historia ha dado un giro de 180 grados también en la Amazonía. En la negociación con el estado central autista y los gobiernos regionales subcentralistas, los pueblos indígenas saben lo que quieren y qué poder tienen para lograrlo.
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/item/62875
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Julio 11th, 2009 leepiensayaktua
Servindi, 11 de julio d, 2009.- Roberto Cuéllar, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), afirmó que “las democracias de hoy deben hacer un mayor esfuerzo de comprensión de la diversidad étnica” y que “lo ocurrido en Bagua Grande y Bagua Chica no es compatible con la democracia”.
Cuéllar sostuvo en un mensaje público que los estados deben incluir “de una vez por todas la consulta libre e informada, ajustada a las costumbres vivientes y a los derechos de los pueblos indígenas de nuestra América”.
Los principios rectores del derecho internacional de los derechos humanos tutelan como eje transversal el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades y autoridades indígenas tradicionales bajo sus propios mecanismos e instituciones y en sus idiomas milenarios, expresó.
Tales principios se han visto fortalecidos a partir de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT, la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Todo Estado democrático de derecho debe cumplir de buena fe las obligaciones internacionales y el incumplimiento del derecho de consulta y participación en los procesos de toma de decisiones que los afectan “amenaza seriamente las culturas, formas de vida, tradiciones, instituciones y derecho propio de los pueblos indígenas ” dijo.
El IIDH es una institución internacional autónoma de carácter académico. Fue creado en 1980 en virtud de un convenio suscrito entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica.
El IIDH es considerado uno de los más importantes centros mundiales de enseñanza e investigación académica sobre derechos humanos, con un enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América.
Mensaje del Director ejecutivo con motivo de los sucesos de Bagua, Perú
Por Roberto Cuéllar M.*
“Las democracias de hoy deben incluir la consulta libre e informada, ajustada a las costumbres vivientes y a los derechos de los pueblos indígenas de nuestra América“
San José, Costa Rica, 25 de junio de 2009. Perú está de luto porque el 5 de junio se violaron muy gravemente los derechos humanos de las comunidades amazónicas de Bagua Grande y Bagua Chica y de miembros de la Policía Nacional del Perú en un enfrentamiento en el que fueron muertas más de 30 personas de uno y otro lado, como lo informara la Defensoría del Pueblo. Los lamentables hechos son el dramático final de una serie de desaciertos, desavenencias y reclamaciones sociales que podrían haberse encauzado mediante la consulta libre e informada sobre territorios y derechos de las comunidades indígenas amazónicas.
El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas
El derecho a la consulta está establecido en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Estado peruano el 2 de febrero de 1994. En palabras del profesor Rodolfo Stavenhagen, su ausencia es “el talón de Aquiles” de nuestros sistemas políticos, que no logran atender ni completar la inclusión de las reclamaciones y demandas de los pueblos indígenas en las Américas. El profesor Stavenhagen, ex Relator de la ONU para Pueblos Indígenas y miembro de la Junta Directiva del IIDH, está de visita en el Perú, como parte de una misión internacional que evaluará la situación.
Todo Estado democrático de derecho debe cumplir de buena fe las obligaciones internacionales derivadas de su ratificación del Convenio 169. En relación con el conflicto en Bagua Grande y Bagua Chica, el Convenio garantiza el derecho de consulta para sus habitantes originarios, que deben hablar por sí mismos y participar en todos los procesos de toma de decisiones que los afectan, como la existencia de varios decretos que autorizan la exploración y explotación de recursos de la Amazonía Peruana. El incumplimiento de este derecho amenaza seriamente las culturas, formas de vida, tradiciones, instituciones y derecho propio de los pueblos indígenas de esta nación.
Los principios rectores del derecho internacional de los derechos humanos tutelan como eje transversal el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades y autoridades indígenas tradicionales bajo sus propios mecanismos e instituciones y en sus idiomas milenarios. Estos principios se han visto fortalecidos especialmente a partir de la entrada en vigor del citado Convenio 169 de la OIT, la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En la sentencia del caso Saramaka vs. Suriname, del 28 de noviembre de 2007, en el punto 8 de sus decisiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que:
“El Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo Saramaka a ser efectivamente consultado, según sus tradiciones y costumbres, o en su caso, el derecho de otorgar o abstenerse de otorgar su consentimiento previo, libre e informado, respecto de los proyectos de desarrollo o inversión que puedan afectar su territorio, y a compartir, razonablemente, los beneficios derivados de esos proyectos con el pueblo Saramaka, en el caso de que se llevaren a cabo, en los términos de los párrafos 129 a 140, 143, 155, 158 y 194 (d) de esta Sentencia.“
Adicionalmente, el 12 de junio Víctor Abramovich, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator sobre los derechos de los pueblos indígenas, declaró que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obliga a los Estados a realizar consulta previa libre e informada destinada a obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas potencialmente afectadas por los programas de desarrollo y los proyectos de inversión que se ejecuten en sus territorios.” (1)
Democracia y pueblos indígenas
La intervención desde la lejana centralidad no es la más eficaz iniciativa para tratar y menos para resolver los conflictos sociales en las localidades afectadas por acciones que ponen en riesgo los derechos colectivos de las comunidades sociales e indígenas sobre su hábitat y el manejo del territorio. “Las democracias de hoy deben hacer un mayor esfuerzo de comprensión de la diversidad étnica e incluir de una vez por todas la consulta libre e informada, ajustada a las costumbres vivientes y a los derechos de los pueblos indígenas de nuestra América“, dijo Roberto Cuéllar M., director ejecutivo del IIDH. Seguramente así se caerá en la cuenta que ese método democrático y popular de diálogo previo es el más eficaz antídoto para prevenir la violencia que ahora enluta al pueblo peruano.
Lo ocurrido en Bagua Grande y Bagua Chica no es compatible con la democracia. Es impensable que al final de la primera década del siglo XXI, en un momento en el que se han generalizado los gobiernos electos por la ciudadanía en las Américas, sucedan tan graves acontecimientos, violatorios de los derechos de las comunidades indígenas y de los integrantes de la Policía Nacional.
El IIDH lamenta profundamente el irrespeto del derecho a la vida de las víctimas de Bagua Grande y Bagua Chica, indígenas y policías, así como la criminalización de las demandas ancestrales por el respeto a las tierras y territorios indígenas. También toma nota de la declaración del Estado peruano, de mantener su “firme compromiso con la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho”, como lo expresara su Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la señora María Zavala Valladares. Espera que la instalación, hoy, del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos sea el primer paso para la promoción de una consulta abierta, en los términos del C169, con la participación de los legítimos representantes de las comunidades amazónicas peruanas, que es urgente; y que la justicia se aboque al pronto esclarecimiento de los graves hechos y sancione a los responsables.
Fuente: http://www.servindi.org/actualidad/14176
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Junio 24th, 2009 leepiensayaktua
Por Santiago Alfaro Rotondo
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/item/60390#more
Los orígenes del conflicto con los pueblos indígenas están en la incapacidad del Estado para reconocerlos como sujetos de derecho.
José María Arguedas calificó como un “monstruoso contrasentido” el hecho de que las élites políticas y económicas peruanas a la vez que admiraban el arte indígena, despreciaran a sus creadores. Sus palabras no dejan de tener vigencia. El contraste entre cómo nos sentimos orgullos por nuestra diversidad cultural y cómo se interpreta el conflicto protagonizado por los pueblos indígenas de la Amazonía lo demuestra.
Por un lado, el Estado y múltiples empresas utilizan las expresiones culturales de los shipibos o asháninkas como un recurso para promover el turismo y ofrecer mercancías. Y por el otro, las demandas políticas de esas mismas poblaciones o no son escuchadas o se las concibe como el producto de la ignorancia y la manipulación de agentes externos, privándolas de toda capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Los pueblos indígenas de la Amazonía siguen siendo vistos solo como sujetos estéticos y no de derechos, como postales y no ciudadanos. Como consecuencia: palmas para Juaneco y su Combo, balas para los awajún.
La persistencia de este “monstruoso contrasentido” nos confronta con los retos que exige reconocer el agotamiento del modelo clásico de ciudadanía. Según este, solo se debe avalar la libertad de cada individuo para cultivar y mantener su herencia cultural. Por lo mismo, a los poderes públicos solo les correspondería conceder iguales derechos fundamentales para todos los ciudadanos.
A lo largo de las últimas décadas dicho modelo fue cuestionado debido a su incapacidad para garantizar que las comunidades históricamente discriminadas puedan mantener su identidad y acceder a los recursos económicos, sociales y políticos necesarios para su existencia. A raíz de ello, en el marco de la evolución y ampliación de los derechos humanos, a los pueblos indígenas se les reconocieron un conjunto de derechos especiales de carácter colectivo por medio de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o reformas constitucionales, abriendo paso a lo que se conoce como “ciudadanía multicultural” o “ciudadanía diferenciada”.
En tanto fuente de identidad, de sustento material y espiritual, el territorio es uno de esos derechos colectivos. No obstante, existe una contradicción entre el derecho internacional (léase Convenio 169 de la OIT) y la legislación nacional al respecto. Mientras que el primero asume que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad de los recursos naturales existente en el subsuelo de los territorios indígenas, el segundo reconoce solo el derecho de propiedad colectiva de las comunidades sobre las tierras superficiales, señalando que los recursos naturales son propiedad de la nación.
Este es el nudo jurídico del conflicto amazónico: el Estado peruano sigue funcionando según el modelo clásico de ciudadanía, por lo que no reconoce a plenitud los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A esto se suma la ideología del “perro del hortelano”, según la cual los recursos naturales solo pueden ser aprovechados si los explotan grandes inversionistas. Su fundamentalismo descarta a los pueblos indígenas no solo como agentes de desarrollo sino también como interlocutores válidos, reproduciendo el “monstruoso contrasentido”.
Si el gobierno sigue actuando según esta lógica, los conflictos sociales no dejarán de brotar y la “masacre de Bagua” se repetirá sostenidamente. Las alternativas no pasan necesariamente por impedir la llegada de los flujos de inversiones, sino condicionarlos a respetar los derechos indígenas.
Para ello, el derecho a la consulta previa, libre e informadamente, “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (art. 6.1 del Convenio 169 de la OIT), debe expresarse en procedimientos institucionales que garanticen su cumplimiento efectivo. Es importante entender que el espíritu de la consulta es lograr un consentimiento, no solo intercambiar información formalmente. Además, se debe emplear la consulta antes de tomar decisiones como conceder licencias de exploración y explotación de los recursos naturales.
La democracia es un modelo para organizar el ejercicio del poder, basado en el principio de que las decisiones que afectan el bienestar colectivo deben ser producto de deliberaciones libres entre personas consideradas moral y políticamente iguales. En ese sentido, el “monstruoso contrasentido” es un obstáculo para su ejercicio efectivo, y la ciudadanía diferenciada de los pueblos indígenas, una manera de radicalizarla.
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Junio 24th, 2009 leepiensayaktua
Tomado de la Coordinadora Nacional de Radio: http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=26643
Lima, 22/06/2009 (CNR) — Existen suficientes evidencias para afirmar que uno de los cadáveres ha sufrido quemaduras “bastante extensas”, por lo que cabe preguntarse la relación entre las hogueras que se aprecian en el video y el hecho de que haya personas con quemaduras.
Así lo sostuvo el antropólogo forense José Pablo Baraybar, quien visionó las imágenes difundidas por el Vicariato de Jaén sobre los sucesos del 5 de junio en el sector conocido como la Curva del Diablo.
“En el primer video se ve que en la zona donde se produce el primer los enfrentamientos hay gran cantidad de hogueras”, constató el director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). “Siendo que la policía utilizaba bombas lacrimógenas y armas de fuego no se explican las hogueras a no ser que hayan sido producidas con algún fin en particular”.
El antropólogo forense consideró preocupante que la zona de los enfrentamientos haya estado cerrada hasta tres días después de los sucesos, lo que ha impedido realizar pericias por parte del Ministerio Público. Por ello, Baraybar considera imprescindible que un equipo independiente de forenses llegue a la zona de Siempre Viva, cerro en el cual se disputaron los enfrentamientos más cruentos entre la policía y los nativos, para reconstruir lo que ocurrió en el operativo de desalojo.
“Es necesario saber que es lo que hay o lo que no hay en la escena de los enfrentamientos porque hay más preguntas que respuestas sobre lo que ocurrió”, consideró.
Sobre los cadáveres de indígenas registrados en el vídeo del vicariato, constató que todos presentan heridas de bala, uno de ellos en la cabeza con orificio de entrada o salida en la boca. Pero lo más preocupante es que uno de los cadáveres, según confirmó, presenta evidencias de haber sufrido quemaduras bastante extensas, por lo que el médico forense se pregunta si habría relación entre las hogueras y el hecho de que haya personas con quemaduras.
También llamó la atención sobre el hecho de que la balacera que se puede apreciar en el segundo video es “caótica”, con policías apostados a ambos lados de la carretera. “Hay una balacera en la que se ve que la policía está disparando en todas las direcciones, por lo que puede haber lesiones en policías por los disparos de los propios compañeros.
Por ello, consideró muy necesario que se hagan públicos los resultados de los informes de necropsia, para conocer cómo se produjeron las lesiones y descartar “el fuego amigo”.
José Carlos Baraybar informó que en el caso de los civiles fallecidos, el encargado de velar por la realización de autopsias es el Ministerio Público, quien delega en el Instituto de Medicina Legal. En el caso de los efectivos, las autopsias son realizadas por la propia policía.
Cabe recordar que el pasado sábado, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) denunció las dificultades de los abogados de oficio para poder acceder a los informes médico legistas y los protocolos de necropsia.
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Junio 23rd, 2009 leepiensayaktua
Tomado de Espacio Compartido: http://compartidoespacio.blogspot.com/2009/06/huevos-de-esturion-comprando-el.html
Por Fernando Rospigliosi
Mercedes Cabanillas no tiene la menor intención de renunciar, a pesar que la última encuesta nacional de Ipsos Apoyo confirma que se ha convertido en la más repudiada del desprestigiado gobierno.
Un 73% demanda su renuncia y sólo un escuálido 19% responde que debería quedarse. En cuanto a responsabilidades, el 77% desaprueba su actuación en el conflicto y sólo 16% lo aprueba. El único que la supera en desaprobación en el conflicto es Alan García, con un 84%.
Así, Cabanillas pasó de ser la ministra más popular del régimen a la más rechazada, cuando un hecho serio puso a prueba su capacidad. Antes se había manejado con golpes de imágenes, cosa que si sabe hacer.
Precisamente una de las razones de tan alta desaprobación es su inaudita tenacidad para aferrarse al puesto. Así como no hay precedentes para una masacre como la de Bagua, no existen antecedentes tampoco de un ministro que se haya agarrado al puesto con uñas y dientes a pesar del masivo repudio popular y el rechazo abrumador de la Policía, desmoralizada por la matanza y por el hecho que la Cabanillas haya tenido gestos tan cobardes como echarle la culpa del fracaso al mayor Felipe Bazán, hasta ahora desaparecido, pero presumiblemente muerto.
Para tratar de ocultar su evidente responsabilidad, Cabanillas está tratando de amedrentar y sobornar a los policías. Según el diario El Comercio, un mecanismo ha sido el otorgar un ascenso a todos los efectivos que participaron en la fallida operación de Bagua, para evitar que hablen:
“La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, habría tomado la decisión de ascender por acción distinguida a los 12 oficiales y 420 subalternos que participaron en esa acción.”
“Iban a hablar
RÁPIDA ACCIÓN
La iniciativa para tomar esa medida habría surgido el miércoles (17) en la noche, luego de que la ministra y los altos mandos de la Policía Nacional fueran informados por fuentes de inteligencia que un grupo de efectivos que participó en esa operación planeaba convocar a una conferencia de prensa para revelar los gruesos errores y omisiones que ocurrieron antes y en el momento de la intervención.”
Saltando escalones
LARGO PROCESO
De ocurrir el ascenso por acción distinguida, se vulnerarían las normas que establecen que las propuestas respectivas deben pasar por tres instancias: las comisiones de evaluación e investigación y el Tribunal de Honor, que lo preside del director general de la Policía Nacional. Todo el trámite suele tardar meses.” (El Comercio, 21.6.09)
Los apristas son, por lo general, ineptos, traferos, insidiosos y tramposos. Pero Cabanillas está superando todos los records.
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Junio 23rd, 2009 leepiensayaktua
Tomado de http://blog.pucp.edu.pe/ridei
Por: Margarita Benavides. Antropóloga*
Los pueblos indígenas tienen derechos sobre los territorios que ocupan aunque no estén demarcados y titulados. Así lo sostiene el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Perú que, refiriéndose a los pueblos indígenas, dice: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Es, pues, urgente avanzar para concluir el proceso de demarcación de los territorios indígenas. La otorgamiento de derechos a terceros sin tener los territorios indígenas debidamente saneados es y será una permanente fuente de conflictos en la Amazonía. Preocupa por ello que el 25 de mayo pasado el Ministerio del Ambiente (Minam) publicara un comunicado en el que deslegitimó los reclamos de los pueblos indígenas y de paso desinformó sobre la extensión de los bosques de la Amazonía. Decía el comunicado que el Estado garantiza la protección de al menos 55 millones de hectáreas de bosques amazónicos cuando estos se extienden realmente sobre 67 millones de hectáreas.
Según datos del Mapa de Deforestación de la Amazonía 2000 (Inrena/Conam, aún sin publicar), el área neta de bosques amazónicos existente antes del proceso de colonización y deforestación era de 77 millones de hectáreas. Entendemos que no hay un estudio equivalente posterior a este. Si restamos 10 millones ya deforestadas —según señala el Minam—, tenemos una superficie de 67 millones de hectáreas de bosques en pie y no de 63 millones como afirma erróneamente ese comunicado.
El Ministerio del Ambiente solo reconoce el otorgamiento de 11 millones de hectáreas a los pueblos indígenas cuando en realidad son más de 13 millones ya demarcadas y distribuidas así: más de 10,5 para 1.232 comunidades tituladas y 2,8 para reservas territoriales para la sobrevivencia de indígenas en aislamiento, esto de acuerdo con las cifras registradas por el Sistema de Información de Comunidades Nativas del Instituto del Bien Común (Sicna).
Además el Sicna registra 277 comunidades por titular, en aproximadamente 2,37 millones de hectáreas. Hay seis solicitudes de reservas para indígenas en aislamiento con un requerimiento cercano a los 4 millones de hectáreas y desde hace varias décadas existen diversas solicitudes de ampliación de comunidades, aún no atendidas.
Así tenemos una engañosa presentación de las cifras que se suma a la potestad del Minam para cambiar el uso de tierras de aptitud forestal a agrícolas. En su comunicado, el ministerio señala que el D.L. 1090 (o “ley de la selva”) prohíbe el cambio de uso de la tierra de aptitud forestal a aptitud agrícola, contradiciéndose inmediatamente al afirmar que tal cambio puede realizarse —por el propio Minam— en “casos de proyectos de interés nacional”. ¿El cambio de uso abarcará también los 12 millones de hectáreas de bosques no mencionadas? ¿Se entregarán a grandes empresas fomentando la concentración de la propiedad y la deforestación? ¿Qué garantía da el Estado de que no cambiará de uso en los 55 millones de hectáreas de bosques que ofrece proteger, cuando los decretos legislativos que se le pide y niega derogar lo facultan declarar eriazos bosques demarcados a favor de comunidades y cambiarles de uso “en caso de proyectos de interés nacional”?
Es la ideología del perro del hortelano del presidente de la República expresada en estos decretos la que incentiva la protesta de los pueblos indígenas. Es él mismo quien debería recomendar agilizar su derogatoria para solucionar la protesta indígena e iniciar un proceso que respete la consulta, los derechos indígenas y la transparencia en las cifras y planes del Gobierno para la Amazonía.
(*) COORDINADORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS Y SUBDIRECTORA DEL INSTITUTO DEL BIEN COMÚN.
Fuente: El Comercio
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