Carlos Iván Degregori
 
Lo peligrosas  que son ahora las posiciones de Rafel Rey-hoy convertido en
ministrísimo de García, a  quien antes atacó ferozmente- lo revela el que un
analista de la calidad de Carlos Iván escriba sobre él.
 
Descarada y machaconamente, Rafael Rey, Ministro de Defensa, declara que todas las muertes provocadas por miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP en su combate contra el terrorismo son “para defendernos a ti y a mí” y que, por tanto, ningún crimen cometido por las fuerzas del orden es un “crimen de lesa humanidad”, pues la definición legal de tales crímenes incluiría solo a aquellos que se cometen por motivos étnicos, religiosos, políticos o ideológicos.
 
Por contraste, el motivo de los agentes del Estado, incluso en los peores crímenes, habría sido defender a todos los peruanos; por tanto, defendernos también “a ti y a mí”. Dejo a los especialistas la definición correcta de “crimen de lesa humanidad”, pues la del ingeniero Rey es pueril y repulsivamente tinterilla. Comento más bien el motivo que, según el ministro, eximiría a los agentes del Estado de acusaciones por crímenes de lesa humanidad.
No me defiendas, Rey
 
 El pasado jueves 15 de octubre, en Prensa Libre, Mávila Huertas objetó más o menos de esta manera los planteamientos del ministro: “pero en Putis,[1] miembros del ejército reunieron a todos los pobladores, les hicieron cavar una fosa y los asesinaron, como dice el informe de la CVR”. “Ah, por la boca muere el pez”, retrucó el ministro, con argumentos leguleyos, o fariseos: “las conclusiones de la CVR no son vinculantes. Ellos quisieron que fueran vinculantes pero no lo lograron.”
 
Sin embargo, lo fundamental no es si las conclusiones de la CVR tuvieron o no carácter vinculante, sino la repregunta que Huertas tal vez no tuvo tiempo de hacer, desbordada por la prepotencia del Ministro que ocupó buena parte de la entrevista exigiendo tolerancia y respeto a las opiniones diferentes: ¿por qué para “defendernos a ti y a mí” se debía asesinar a niños y a mujeres encinta?
 
No solo me refiero a Putis sino a todas las masacres que se documentan desde hace ya tiempo.[2] ¿Por qué para “defendernos a ti y a mí” se tenía que ametrallar a fieles en un templo evangélico[3], o destripar con granadas a civiles encerrados en un recinto[4]? ¿Por qué resultaba indispensable construir un horno en el cuartel Los Cabitos, para calcinar y desaparecer decenas de presos?[5] ¿Por qué era necesario violar a mujeres de toda edad de manera brutal?[6]
No lo dice solo el informe final de la CVR. Lo dicen las pruebas de ADN, lo dice esa suerte de “arqueología de la violencia” que son las investigaciones forenses actualmente en curso en muchos sitios de entierro. Pero lo dicen sobre todo y en voz alta los sobrevivientes a los que el ministro ignora, invisibiliza, atraviesa con sus declaraciones como si fueran hologramas.
 
Los argumentos de Rey son leguleyadas de paje y el peor enroque que se le haya podido ocurrir para defender a las FFAA, porque impide su modernización, bloquea la transformación de su misión y su visión para adecuarlas a las realidades de un s. XXI cada vez más global y complejo. Contribuye[7], más bien, a transportar a las FF.AA. al pasado y a encapsularlas –no será por siempre- en una burbuja ideológica ubicada a mediados del s. XX, en los tiempos más álgidos de la guerra fría.[8]
No reconocer ningún exceso concreto, por más que se reconozcan “excesos” en abstracto, lleva a exigir fueros especiales y excepciones que en la práctica equivalen a la impunidad y no solo chocan con tratados internacionales firmados por el Perú, sino que transmiten una imagen de infantilización, victimización y falta de profesionalismo de las FF.AA., que debería indignarlas a ellas mismas.
 
Que en la práctica no se pueda juzgar a sus miembros por violación a Derechos Humanos, ni siquiera criticar su estrategia en algún frente o la conducta de alguno de sus efectivos porque se “desmoralizan” o se “desalientan”, no habla bien de las propias Fuerzas Armadas. Paradójicamente, la propuesta de Rey y otros radicales, hace aparecer a la que muchos consideran “institución tutelar” como tutelada, necesitada de protección especial,[9] incapaz de hacer frente con estrategias y protocolos adecuados, a los retos de conflictos llenos de “zonas grises” como son aquellos contra grupos no-estatales.
 
Debería comprenderse, más bien, que así como tienen que especializarse en nuevas tecnologías para manejar equipos cada vez más complejos y familiarizarse con los nuevos escenarios bélicos, las FF.AA. deben estar también al día con la evolución de las leyes de la guerra en lo que a estándares internacionales de respeto a los Derechos Humanos se refiere, única forma de diseñar estrategias no sólo éticas sino eficaces para enfrentarse a escenarios novedosos con relación a los que existían hace medio siglo.
 
Perú tendría mucho que aportar al debate sobre nuevas doctrinas militares -más allá de la Operación Chavín de Huántar- pues fue el primer país en enfrentar (y derrotar, aunque al ministro no le convenga reconocerlo) al MRTA y a Sendero Luminoso, que marcaron el tránsito entre las clásicas guerrillas del s. XX y los grupos terroristas y núcleos violentos no-estatales, que hoy proliferan. Mas lo que impera actualmente en nuestra política de Defensa es el espíritu de los años 50 del siglo pasado –antes del surgimiento del CAEM[10] y de una intelectualidad militar- un espíritu no solo anterior a la reforma agraria, sino prácticamente odriísta.
 
Expertos y antipolítica
 
Este enroque con regreso al pasado implica “blindar” a las FF.AA. no solo contra la justicia civil, sino contra la “ingerencia” civil en general.[11] Así, mientras del Castillo convoca a decenas de expertos economistas,[12] muchos de los cuales no han dirigido nunca una empresa ni ostentado un cargo ministerial pero son autoridades reconocidas en su campo, Rey ataca reiteradamente a los “expertos” en Defensa, que no saben de estrategia militar pues no han estado nunca en el campo de batalla y serían, según él, “expertos de escritorio”.
 
No sabe el Ministro que, a menos que tengamos a Honduras o Guinea-Conakry como modelo, en las democracias modernas una de las claves para una política exitosa en Defensa es la existencia de expertos civiles y su presencia en puestos claves. Debería preguntar, por ejemplo, por Carme Chacón, ministra de defensa de España, que en avanzado estado de gestación visitaba el contingente de tropas españolas desplegadas en Afganistán. O, sin ir tan lejos, que recuerde (o se informe) que antes de ser presidenta de Chile, la médica pediatra Michelle Bachelet fue ministra de defensa, por lo demás muy popular en el cargo.
 
Las diatribas de Rey contra los “expertos” marcan una continuidad con la antipolítica que en la década pasada contribuyó a la destrucción de la institucionalidad política del país, y expresan junto con el protagonismo del vicepresidente Giampietri, el surgimiento franco y bronco de una corriente neomilitarista con rostro civil, tan compatible con el modelo económico imperante como lo fue el neopopulismo desplegado por Alberto Fujimori en pleno ajuste neoliberal.
 
Por otro lado, si es coherente con su rechazo a los expertos, cabe preguntarle a Rey qué hace en el Ministerio de Defensa, si ni siquiera en el Congreso tuvo papel prominente en la Comisión de Defensa. No puede ser entonces otra cosa que vocero de los sectores más pasadistas de las instituciones castrenses, que se ubican en relación al ministro como el ventrílocuo en relación a su muñeco. El rostro civil que muchos militares, pero también sectores importantes del gobierno y de las elites empresariales necesitan.

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[1] En 1984, miembros de las FF.AA. asesinaron en Putis (Huanta, Ayacucho) por lo menos a 123 personas. En agosto del presente año culminó el proceso de exhumación de los cadáveres y estos fueron enterrados solemnemente en su comunidad. “Nos preocupan mucho más las muertes de ahora que un entierro de cosas que sucedieron en el pasado”, comentó al respecto Rafael Rey en RPP el 5 de octubre. Por su parte, “…al comandante general del Ejército no se le ocurrió mejor cosa que comentar ‘¡qué fácil es criticar después de veinte años!’, y pedir ‘comprensión’ por estos hechos.” (Virtú e Fortuna, blog de Martín Tanaka). Sobre la masacre, véase: Informe Final, CVR, tomo VII, pp.134-144, así como diversos reportajes de María Elena Castillo, Edmundo Cruz y Angel Páez (La República). Sobre el proceso de exhumación, entierro y juicio a los responsables, véanse diarios, revistas, noticieros y blogs de los últimos meses. Asimismo, la muestra fotográfica: “Si no vuelvo, búsquenme en Putis”, que actualmente se exhibe en la Universidad de Nueva York (NYU) junto con Yuyanapaq.
[2] El Informe Final de la CVR reportó por lo menos 215 masacres perpetradas por el PCP-SL (tomo VI: 33), mientras que por los agentes del Estado reportó 122 masacres o “ejecuciones extrajudiciales”. (tomo VI: 154). Por masacre se definen los episodios donde murieron cinco o más personas. Conforme aumenta el número, se incrementa también la cantidad de mujeres y niños entre las víctimas.
[3] Como sucedió en Callqui (Huanta, Ayacucho 1984).
[4] Como sucedió en Ccayara (Huamanga, Ayacucho 1985).
[5] Los Cabitos era el principal cuartel de Ayacucho, ubicado apenas a las afueras de la capital del entonces departamento del mismo nombre. Véase el libro de Ricardo Uceda: Muerte en el Pentagonito. Los cementerios del ejército peruano, Bogotá, Planeta 2004.
[6] Véase el libro de Rocío Silva Santisteban: El factor asco. Basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo, Lima, RED 2008
[7] “Contribuye”, porque no es sino la continuación de una larga tradición histórica de las elites peruanas en su relación con los militares. Véase el texto de Carlos I. Degregori y Carlos Rivera, Perú 1980-1993: Fuerzas Armadas, subversión y democracia. Redefinición del papel militar en un contexto de violencia subversiva y colapso del régimen democrático, Lima, IEP 1993.
[8]A contracorriente de las FF.AA. de países como Argentina, Uruguay, Chile o Brasil, que replantean su identidad y su ubicación dentro del sistema democrático. Rechazamos con razón la compra de armas de Chile y las hipótesis de conflicto que plantea para sus ejercicios militares. Sobre todo si las armas se compran, como dijo algún comentarista, para “conflictos imaginarios”, que desgraciadamente se pueden convertir en reales si se desboca la carrera armamentista. Pero la modernización de las FF.AA. de Chile no es solo de equipos militares sino de misión y visión dentro de un plan estratégico de largo plazo del Estado chileno, en el cual el vector militar es solo uno entre varios. ¿Tenemos algo remotamente parecido?
[9] Como la que otorgaba la denominada “legislación tutelar” a los pueblos indígenas en la primera mitad del siglo pasado, o la que regía implícitamente también para las mujeres.
[10] CAEM = Centro de Altos Estudios Militares, fundado en 1950. Tuvo su auge entre las décadas de 1960 y 1970. Su lema: “las ideas se exponen, no se imponen”
[11] Si el pez por la boca muere, Giampietri es de veras un pez gordo. Recuérdese su reciente propuesta sobre el VRAE: declarar zonas de emergencia y despejarlas de civiles que “incomodan” la acción militar. Arcaico.
[12] Tal vez demasiados, demasiado tarde. Pero ese es otro debate.
Tomado de Revista Ideele http://www.revistaideele.com/node/587

Estados Unidos ha desestimado la resolución por considerarla tendenciosa ya que sólo critica a Israel, y no a los grupos armados palestinos, a los que también se acusa en el informe Goldstone de cometer crímenes de guerra por el lanzamiento de cohetes a Israel que mataron a tres civiles. A Estados Unidos tampoco le gusta que la resolución del HRC incluya hechos no relacionados con Gaza, como la agresiva expansión de las colonias israelíes en el Jerusalén ocupado y el resto de Cisjordania, la construcción del muro de separación en Cisjordania, las interferencias en los Santos Lugares, y los intentos de cambiar las circunstancias demográficas de Jerusalén.

Pero el centrarse en estos temas es totalmente adecuado porque Hamás, al contrario que Israel, incluso se ha comprometido a llevar a cabo investigaciones sobre las actuaciones palestinas tal como exige el Informe. Se puede ser escéptico respecto a la credibilidad de esas investigaciones pero Israel ni tan siquiera ha llegado tan lejos. Por ello, la resolución condena acertadamente “la falta de cooperación de la potencia ocupante, Israel, con la misión internacional de investigación” dirigida por Goldstone.

La resolución es totalmente objetiva en el sentido de que sitúa en su propio contexto la cuestión: Israel es la “potencia ocupante” y los palestinos, el pueblo ocupado, lo que no es lo mismo.

Aunque Israel se negó a cooperar con los autores del Informe, está alarmada por lo que se dice en él, ya que aporta documentos con pruebas detalladas de sus flagrantes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los esfuerzos de Israel para desprestigiar al juez Richard Goldstone- jurista de impecable trayectoria internacional, y judío sionista sudafricano- no ha conseguido sepultar el Informe.

Desde su creación, Israel ha podido evadir sus obligaciones respecto al derecho internacional y durante más de seis décadas ha disfrutado de la protección estadounidense que le ha permitido actuar al margen de la ley con total impunidad.

Lo ocurrido con el informe Goldstone no es una excepción. A principios de octubre, las intensas presiones estadounidenses e israelíes y las amenazas contra Mahmud Abbas y la Autoridad Palestina de Ramala (PA) consiguieron que el líder palestino retirara su apoyo al borrador de resolución del HCR en el que se respaldaba el Informe, lo que pudiera haber acabado con él, pero el escándalo producido entre la opinión pública palestina ante lo que se consideraba una clara traición de Abbas, forzó una cambio de los acontecimientos.

Para los palestinos, acostumbrados desde a hace tiempo a los acuerdos secretos de la AP con Israel, el asunto Goldstone s fue demasiado. ¿Cómo podía Abbas- que supuestamente debería defender a los palestinos- lanzar un salvavidas a los perpetradores de la matanza de Gaza y ofrecerles una vía para eludir su responsabilidad? Ni Abbas ni sus partidarios internacionales y de Israel podían ignorar la creciente rebelión popular contra la AP, ni las cada vez más intensas peticiones de dimisión de Abbas e incluso de juzgarle por traición a su propio pueblo.

Tras unas semanas de justificaciones confusas y contradictorias, Abbas ordenó a su representante en Ginebra que respaldara la resolución del HCR, lo que llevó a su aprobación la semana pasada.

La decisión de Abbas de volver a Ginebra y pedir a una sesión especial del HCR halló cierta comprensión por parte de quienes le habían metido en el berenjenal. Tanto los israelíes como los estadounidenses parece que han comprendido que su vuelta a regañadientes a Ginebra era simplemente una reparación inevitable. Los desesperados esfuerzos de Abbas para salvarse políticamente servían también a los intereses de sus manipuladores que todavía no están seguros de él y del papel que desempeña.

Si bien permitieron la retirada estratégica de Abbas, israelíes y estadounidenses dirigieron sus presiones en esta ocasión a otros miembros del HCR, con la esperanza de conseguir sus votos. Algunos se plegaron a las presiones para apaciguar a EE.UU. e Israel, pero la resolución favorable al Informe se aprobó por 25 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones.

Estados Unidos encabezó el voto en contra, con su habitual política de proteger a Israel de la censura internacional. Al hacerlo y al movilizar a otros para votar en el mismo sentido, Washington está de hecho animando y respaldando la agresión israelí y sus crímenes, y destruyendo cualquier oportunidad de recuperar credibilidad alguna en la región. El breve periodo de esperanzas suscitado por la elección del presidente Obama se ha frustrado irremediablemente al quedar claro que la superpotencia estadounidense sigue aparentemente dirigida por un pequeño estado canalla en lugar de utilizar su fuerza y autoridad para detener las matanzas israelíes de árabes en Palestina y otros lugares, el robo de sus tierras, la ocupación de sus territorios, la escalada de la carrera de armamentos de destrucción masiva, y la amenaza a sus vecinos cercanos y lejanos.

Israel ha engañado durante mucho tiempo a la mayor parte del mundo, afirmando que es la única democracia progresista de corte occidental, rodeada por salvajes y agresivos árabes y terroristas palestinos que quieren destruirla. Una mezcla de hipocresía occidental, miedo, actitudes racistas ocultas, ignorancia y apaciguamiento, ha protegido a Israel demasiado tiempo del pago del precio de sus acciones.

La resolución de condena del HCR a las discriminaciones a los palestinos “ basadas en el origen nacional, la religión, el sexo, edad o cualquier otro tipo de discriminación” como “una grave violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestinos”, es un reconocimiento internacional, muy bien venido, de la naturaleza racista de las políticas de Israel.

Es demasiado pronto para confiar en que el informe Goldstone pueda tener el efecto directo de llevar a los dirigentes israelíes ante los tribunales internacionales; todavía existen oportunidades para que Israel y quienes le apoyan bloqueen tales actuaciones. Pero Goldstone significa otra gran brecha en el muro de la impunidad israelí que se está derrumbando lenta pero segura. Es cuestión de tiempo antes de que Israel afronte las consecuencias de sus crímenes y quienes apoyan la paz y la justicia deberían alegrase y trabajar con renovado vigor para conseguirlo.