Noviembre 18th, 2009 leepiensayaktua
Glatzer Tuesta
La historia del escándalo más grande de corrupción, en lo que va de la segunda edición del gobierno del APRA, acaba de cumplir su primer año, pero eso lejos de significar certeza alguna genera dudas que siguen en aumento. Los petroaudios(con las distancias del caso), se han convertido en lo que en su momento los vladivideos graficaron con nitidez y lujo de detalles. La diferencia es que aquí todo está por verse o mejor dicho por oírse. Será por eso que el nerviosismo marca la pauta, el interés por saber quién es quién detrás del teléfono genera incontroladas ansiedades y el corporativismo basado en el espíritu de cuerpo se hace más visible.
¿Era previsible que este escándalo corriera la suerte que ha tenido? Teniendo en cuenta el ímpetu y la firmeza con la que la propia Gladys Echaiz, Fiscal de la Nación, inició la investigación, de la participación acertada y silenciosa de la Dinandro en la detención de los directivos de Businees Track (empresa dedicada a la interceptación telefónica y múltiples oficios ilegales), y de las maldiciones echadas por el propio presidente Alan García parecía que no. Sin embargo, las malas artes recubiertas de formalidad, han propiciado que esto termine en manos de quienes han dado garantía no de justicia sino de impunidad. Aquí el Poder Judicial ha jugado el partido central.
Hay que recordar que son dos casos los que se investigan. Son parte de lo mismo, se alimentan el uno del otro pero tienen particularidades dignas de atención. El primer nivel es el de los negociados. En términos de Alberto Quimper y su socio Rómulo León Alegría, “el de los faenones”. Ahí el papel del Congreso fue digno de sus expresiones más cotidianas. De lo peor. Para graficar: Carlos Raffo, la expresión más consolidada del cinismo en política, fue el dirimente. El resultado: Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca y Carlos Vallejos libres de polvo y paja. Su consecuente investigación en el Poder Judicial a cargo del juez Jorge Barreto se ha basado hasta ahora en calculadas ineficiencias. El segundo nivel tiene que ver con los chuponeadores , o sea, BTR.
Un año después no se conocen ni el contenido de los audios, ni de los miles de emails, porque sencillamente no hay interés de que esto avance.
La mano del compañero
Claro. ¿Qué interés va haber si es que los corazoncitos se respetan y las fidelidades partidarias son admirables y dignas de elogios como lo ha expresado el propio presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, consultado por el caso de Tula Benites?. Si el principio es valedero se puede aplicar también para otros compañeros y otros casos de igual o mayor envergadura. El 30 de marzo, en Ideeleradio, difundimos un video donde César Vega Vega, actual Presidente del la Corte Superior de Lima (la mas importante del país) aparecía en un mitin aprista, vitoreando y departiendo generosamente con palmas apristas, el lanzamiento de Carlos Roca a la secretaria general del partido de la estrella. El entonces embajador en Italia se refería en estos términos a su animoso correligionario: “Quiero recordar esos años, porque eran años en los que ninguno de nosotros aspiraba a nada. Alan García nuestro querido hermano, amigo y compañero, formaba parte de nuestro grupo. Él no se imaginaba que algún día iba a ser presidente del Perú dos veces, ni César Vega Vega se imaginaba que iba a ser presidente de la Corte Superior de Lima, ni yo me imaginaba que iba a ser embajador de Perú en Italia. Pero lo que sí sentíamos en nuestro corazón era un inmenso amor por el partido, por ese hombre extraordinario que cinceló nuestras vidas por Haya de la Torre que quizás el único por el cual estamos convocados esta noche”.
¿Por qué esto es fundamental para entender el estadio del proceso de los petroaudios? Es obvio Cesar Vega Vega tiene la capacidad de acondicionar y hacer que las cosas avancen en términos razonables, si es que así lo decide. A la luz de los hechos lo que sucedió es todo lo contrario. Cesar Vega Vega no solo le dio un espaldarazo a la jueza provisional del 34 juzgado, María Martínez, en la tensión que se generó con el Ministerio Público, que estaba a través de Isaac Milla revisando diligentemente el material incautado, sacándolo literalmente del caso, sino que, a decir del propia Fiscal de la Nación, en entrevista concedida a No hay Derecho “terminó atando de manos al Ministerio Publico”, simplemente los neutralizó. Es aquí donde con justificada razón podría aplicarse la teoría del Presidente García referida al perro del hortelano. No se avanzó ni se dejó avanzar. No fue la dejadez sino el cálculo y, me atrevería a decir, el “rabo de paja” auspicioso para el encubrimiento ganó por partida doble. Pero eso no es lo único. Hay otros hechos que pueden explicar la situación. Cesar Vega Vega terminó siendo juez y parte en esta historia. Un audio rotulado como el 64 reproduce una conversación entre Romulo Leon Alegría y su primo “Betin”, que fue difundida en Ideeleradio .
Rómulo León : ¿Quién ha fallado en eso?
Betin: La Sala Civil.
R: ¿Quién la preside?
B: Este… Pero el presidente de la Corte, tu amigo… ¿cómo se llamaba éste?… Vega.
R: Vega Vega
B: Pero él no se ha ocupado de nada.
R: Pero él no ha fallado, porque yo cuando hablé con él, yo te dije que él me recomendó una doctora y me dijo: Rómulo yo tengo tantas cosas que hacer, esta doctora es mi asesora. Y él le dijo: Doctora venga acá, lo que le pida el doctor Rómulo León lo va a hacer en mi nombre, entonces yo te dije ¿ya? Y tú me dijiste que todavía esperara.
Poniendo el parche antes que…
El tercer elemento, y de más reciente data, es el cada vez más fuerte rumor de que magistrados del más alto nivel de la Corte Suprema, miembros del Tribunal Constitucional y miembros del Consejo de la Magistratura, dialogaban con Alberto Quimper de asuntos que hasta ahora no se conocen y que habrían sido grabados por BTR. En el caso de Cesar Vega Vega, como él mismo lo ha reconocido, parece que los diálogos y las visitas estaban vinculados a casos concretos en los que el aficionado a los caballos buscaba favores usando sus artimañas. Favores que no se conocerán salvo que el propio presidente de la Corte Superior de Lima cambie de opinión. Pero, como es lógico, no hay motivos que lo alienten para tal fin.
Lamentablemente, lo antes reseñado y la activa participación y monitoreo de Cesar Vega en este caso no es lo único que preocupa. La participación de Villa Stein también hace dudar. En medio del show mediático, al parecer su hábitat natural, convocó a su despacho a la comisión congresal que investiga la interceptación telefónica y frente al pedido de Rolando Souza, ex abogado de Fujimori y ex empleador del hijo del Presidente de la Suprema, para que les dieran información como se hizo a comienzos del 2000 con las comisiones Waisman y Townsend que investigaron la corruptela de los noventas. Villa Stein replicó: “No se olvide que con esa información se persiguió al Fujimorismo”. Que lo diga Souza no sorprendería y nos debería tener sin cuidado, pero que el representante del Poder Judicial hable de persecución es bastante grave.
Es bueno recordar
Javier Villa Stein, en su actuación previa a la magistratura, se pronunció en contra de los vladivideos como prueba. Era colaborador, asiduo de la Razón y Expreso. Vilipendió al sistema (jueces) anticorrupción acusándolos de ser acólitos del Ejecutivo y de prevaricar reiteradamente. No vaya a ser que a propósito de asuntos del corazón la irrigación se tiña de naranja.
Otro asunto que también preocupa está relacionado con el inusitado interés del Congreso y del Judicial por investigar después de doce meses, que ha devenido en una tensión innecesaria que llevará como se acostumbra a la inercia de no hacer nada. Pero para salir del apuro se planteó como posibilidad que sea el Tribunal Constitucional el que defina, si es que el dialogo entre los dos poderes no prospera. Su titular expresó estar de acuerdo. La respuesta no se hizo esperar y el doctor Villa Stein pidió que se abra un debate sobre la conveniencia de desaparecer o mantener el órgano de control Constitucional. No se le ocurrió mejor idea. Ese es el terreno en el que todo se está moviendo las pendientes y la arena movediza parecen estar a la orden del día.
Las contradicciones del presidente
En el ámbito de la política, para no entrar en detalles vayamos directo al centro. El 9 de enero el Presidente Alan García dijo en medio de una actividad pública: “Si queremos desterrar del Perú a estos “chuponeadores” malditos, a estos mercachifles y conspiradores contra la democracia… El mandatario dijo que es “gente frustrada” por una mala educación y por sus malas condiciones psicológicas, el típico “criollito” que siempre buscó “plagiar y escuchar al vecino”
En el libro PETROAUDIOS de Gustavo Gorriti se devela que el trato y el vínculo del entonces candidato Garcia(2006) con los mismos personajes no incorporaba esos adjetivos.
Durante la campaña electoral de 2005 – 2006, fuentes familiarizadas con el pensamiento de Ponce Feijóo sostienen queel entonces candidato Alan García lo convocó a la oficina que tenía en el Paseo de la República, cerca del edificio de RPP. Eso fue enoctubre de 2005.
De acuerdo con versiones confiables, Ponce Feijóo le conto a García que sus comunicaciones electrónicas- incluso correos electrónicos muy personales – habían sido interceptadas y penetradas antes de su ingreso al Perú. Ponce Feijóo habría añadido que nada se hizo público entonces porque él se cuidó de que no saliera y guardó la información.
Según el mismo relato,García y Ponce Feijoó bajaron al semisótano del edificio y ahí discutieron sobre los rivales electorales: “Usted ayúdeme con el comandante que yo me encargo de la Gorda”, habría dicho García.La referencia volumétrica era a la candidata Lourdes Flores, quien entonces tenía más sobrepeso que García.
Todo indica que Chito Ponce ayudó, porqueluego hubo algunos apristas prominentes, entre ellos Agustín Mantilla, que sugirieron que aquel fuera nombrado jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. También como es sabido, hizo luego “barridos” electrónicos en el Congreso a petición de Mercedes Cabanillas.
(Gorriti, Gustavo, Petroaudios. Políticos, espías y periodistas detrás del escándalo, Lima, Editorial Planeta Perú, 2009, pp. 87 – 88).
Otra muestra. El 2 de octubre de 2009 el Presidente García refriéndose a Alberto Quimper dijo: “Ya se sabe de que esa gente tomara el nombre de quien pudiera presionar y obtener favores y granjerías. Con esa gente no he tenido ni tendré ninguna relación”, manifestó García a los periodistas.
El presidente mintió. Alberto Quimper fue abogado tributarista del presidente García tras su primera gestión como mandatario (1985-1990), y en el año 2001 fue candidato por el partido de la estrella con el número 35.
Tomado de Revista Ideele http://www.revistaideele.com/node/563
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Octubre 25th, 2009 leepiensayaktua
Carlos Iván Degregori
Lo peligrosas que son ahora las posiciones de Rafel Rey-hoy convertido en
ministrísimo de García, a quien antes atacó ferozmente- lo revela el que un
analista de la calidad de Carlos Iván escriba sobre él.
Descarada y machaconamente, Rafael Rey, Ministro de Defensa, declara que todas las muertes provocadas por miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP en su combate contra el terrorismo son “para defendernos a ti y a mí” y que, por tanto, ningún crimen cometido por las fuerzas del orden es un “crimen de lesa humanidad”, pues la definición legal de tales crímenes incluiría solo a aquellos que se cometen por motivos étnicos, religiosos, políticos o ideológicos.
Por contraste, el motivo de los agentes del Estado, incluso en los peores crímenes, habría sido defender a todos los peruanos; por tanto, defendernos también “a ti y a mí”. Dejo a los especialistas la definición correcta de “crimen de lesa humanidad”, pues la del ingeniero Rey es pueril y repulsivamente tinterilla. Comento más bien el motivo que, según el ministro, eximiría a los agentes del Estado de acusaciones por crímenes de lesa humanidad.
No me defiendas, Rey
El pasado jueves 15 de octubre, en Prensa Libre, Mávila Huertas objetó más o menos de esta manera los planteamientos del ministro: “pero en Putis,[1] miembros del ejército reunieron a todos los pobladores, les hicieron cavar una fosa y los asesinaron, como dice el informe de la CVR”. “Ah, por la boca muere el pez”, retrucó el ministro, con argumentos leguleyos, o fariseos: “las conclusiones de la CVR no son vinculantes. Ellos quisieron que fueran vinculantes pero no lo lograron.”
Sin embargo, lo fundamental no es si las conclusiones de la CVR tuvieron o no carácter vinculante, sino la repregunta que Huertas tal vez no tuvo tiempo de hacer, desbordada por la prepotencia del Ministro que ocupó buena parte de la entrevista exigiendo tolerancia y respeto a las opiniones diferentes: ¿por qué para “defendernos a ti y a mí” se debía asesinar a niños y a mujeres encinta?
No solo me refiero a Putis sino a todas las masacres que se documentan desde hace ya tiempo.[2] ¿Por qué para “defendernos a ti y a mí” se tenía que ametrallar a fieles en un templo evangélico[3], o destripar con granadas a civiles encerrados en un recinto[4]? ¿Por qué resultaba indispensable construir un horno en el cuartel Los Cabitos, para calcinar y desaparecer decenas de presos?[5] ¿Por qué era necesario violar a mujeres de toda edad de manera brutal?[6]
No lo dice solo el informe final de la CVR. Lo dicen las pruebas de ADN, lo dice esa suerte de “arqueología de la violencia” que son las investigaciones forenses actualmente en curso en muchos sitios de entierro. Pero lo dicen sobre todo y en voz alta los sobrevivientes a los que el ministro ignora, invisibiliza, atraviesa con sus declaraciones como si fueran hologramas.
Los argumentos de Rey son leguleyadas de paje y el peor enroque que se le haya podido ocurrir para defender a las FFAA, porque impide su modernización, bloquea la transformación de su misión y su visión para adecuarlas a las realidades de un s. XXI cada vez más global y complejo. Contribuye[7], más bien, a transportar a las FF.AA. al pasado y a encapsularlas –no será por siempre- en una burbuja ideológica ubicada a mediados del s. XX, en los tiempos más álgidos de la guerra fría.[8]
No reconocer ningún exceso concreto, por más que se reconozcan “excesos” en abstracto, lleva a exigir fueros especiales y excepciones que en la práctica equivalen a la impunidad y no solo chocan con tratados internacionales firmados por el Perú, sino que transmiten una imagen de infantilización, victimización y falta de profesionalismo de las FF.AA., que debería indignarlas a ellas mismas.
Que en la práctica no se pueda juzgar a sus miembros por violación a Derechos Humanos, ni siquiera criticar su estrategia en algún frente o la conducta de alguno de sus efectivos porque se “desmoralizan” o se “desalientan”, no habla bien de las propias Fuerzas Armadas. Paradójicamente, la propuesta de Rey y otros radicales, hace aparecer a la que muchos consideran “institución tutelar” como tutelada, necesitada de protección especial,[9] incapaz de hacer frente con estrategias y protocolos adecuados, a los retos de conflictos llenos de “zonas grises” como son aquellos contra grupos no-estatales.
Debería comprenderse, más bien, que así como tienen que especializarse en nuevas tecnologías para manejar equipos cada vez más complejos y familiarizarse con los nuevos escenarios bélicos, las FF.AA. deben estar también al día con la evolución de las leyes de la guerra en lo que a estándares internacionales de respeto a los Derechos Humanos se refiere, única forma de diseñar estrategias no sólo éticas sino eficaces para enfrentarse a escenarios novedosos con relación a los que existían hace medio siglo.
Perú tendría mucho que aportar al debate sobre nuevas doctrinas militares -más allá de la Operación Chavín de Huántar- pues fue el primer país en enfrentar (y derrotar, aunque al ministro no le convenga reconocerlo) al MRTA y a Sendero Luminoso, que marcaron el tránsito entre las clásicas guerrillas del s. XX y los grupos terroristas y núcleos violentos no-estatales, que hoy proliferan. Mas lo que impera actualmente en nuestra política de Defensa es el espíritu de los años 50 del siglo pasado –antes del surgimiento del CAEM[10] y de una intelectualidad militar- un espíritu no solo anterior a la reforma agraria, sino prácticamente odriísta.
Expertos y antipolítica
Este enroque con regreso al pasado implica “blindar” a las FF.AA. no solo contra la justicia civil, sino contra la “ingerencia” civil en general.[11] Así, mientras del Castillo convoca a decenas de expertos economistas,[12] muchos de los cuales no han dirigido nunca una empresa ni ostentado un cargo ministerial pero son autoridades reconocidas en su campo, Rey ataca reiteradamente a los “expertos” en Defensa, que no saben de estrategia militar pues no han estado nunca en el campo de batalla y serían, según él, “expertos de escritorio”.
No sabe el Ministro que, a menos que tengamos a Honduras o Guinea-Conakry como modelo, en las democracias modernas una de las claves para una política exitosa en Defensa es la existencia de expertos civiles y su presencia en puestos claves. Debería preguntar, por ejemplo, por Carme Chacón, ministra de defensa de España, que en avanzado estado de gestación visitaba el contingente de tropas españolas desplegadas en Afganistán. O, sin ir tan lejos, que recuerde (o se informe) que antes de ser presidenta de Chile, la médica pediatra Michelle Bachelet fue ministra de defensa, por lo demás muy popular en el cargo.
Las diatribas de Rey contra los “expertos” marcan una continuidad con la antipolítica que en la década pasada contribuyó a la destrucción de la institucionalidad política del país, y expresan junto con el protagonismo del vicepresidente Giampietri, el surgimiento franco y bronco de una corriente neomilitarista con rostro civil, tan compatible con el modelo económico imperante como lo fue el neopopulismo desplegado por Alberto Fujimori en pleno ajuste neoliberal.
Por otro lado, si es coherente con su rechazo a los expertos, cabe preguntarle a Rey qué hace en el Ministerio de Defensa, si ni siquiera en el Congreso tuvo papel prominente en la Comisión de Defensa. No puede ser entonces otra cosa que vocero de los sectores más pasadistas de las instituciones castrenses, que se ubican en relación al ministro como el ventrílocuo en relación a su muñeco. El rostro civil que muchos militares, pero también sectores importantes del gobierno y de las elites empresariales necesitan.
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[1] En 1984, miembros de las FF.AA. asesinaron en Putis (Huanta, Ayacucho) por lo menos a 123 personas. En agosto del presente año culminó el proceso de exhumación de los cadáveres y estos fueron enterrados solemnemente en su comunidad. “Nos preocupan mucho más las muertes de ahora que un entierro de cosas que sucedieron en el pasado”, comentó al respecto Rafael Rey en RPP el 5 de octubre. Por su parte, “…al comandante general del Ejército no se le ocurrió mejor cosa que comentar ‘¡qué fácil es criticar después de veinte años!’, y pedir ‘comprensión’ por estos hechos.” (Virtú e Fortuna, blog de Martín Tanaka). Sobre la masacre, véase: Informe Final, CVR, tomo VII, pp.134-144, así como diversos reportajes de María Elena Castillo, Edmundo Cruz y Angel Páez (La República). Sobre el proceso de exhumación, entierro y juicio a los responsables, véanse diarios, revistas, noticieros y blogs de los últimos meses. Asimismo, la muestra fotográfica: “Si no vuelvo, búsquenme en Putis”, que actualmente se exhibe en la Universidad de Nueva York (NYU) junto con Yuyanapaq.
[2] El Informe Final de la CVR reportó por lo menos 215 masacres perpetradas por el PCP-SL (tomo VI: 33), mientras que por los agentes del Estado reportó 122 masacres o “ejecuciones extrajudiciales”. (tomo VI: 154). Por masacre se definen los episodios donde murieron cinco o más personas. Conforme aumenta el número, se incrementa también la cantidad de mujeres y niños entre las víctimas.
[3] Como sucedió en Callqui (Huanta, Ayacucho 1984).
[4] Como sucedió en Ccayara (Huamanga, Ayacucho 1985).
[5] Los Cabitos era el principal cuartel de Ayacucho, ubicado apenas a las afueras de la capital del entonces departamento del mismo nombre. Véase el libro de Ricardo Uceda: Muerte en el Pentagonito. Los cementerios del ejército peruano, Bogotá, Planeta 2004.
[6] Véase el libro de Rocío Silva Santisteban: El factor asco. Basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo, Lima, RED 2008
[7] “Contribuye”, porque no es sino la continuación de una larga tradición histórica de las elites peruanas en su relación con los militares. Véase el texto de Carlos I. Degregori y Carlos Rivera, Perú 1980-1993: Fuerzas Armadas, subversión y democracia. Redefinición del papel militar en un contexto de violencia subversiva y colapso del régimen democrático, Lima, IEP 1993.
[8]A contracorriente de las FF.AA. de países como Argentina, Uruguay, Chile o Brasil, que replantean su identidad y su ubicación dentro del sistema democrático. Rechazamos con razón la compra de armas de Chile y las hipótesis de conflicto que plantea para sus ejercicios militares. Sobre todo si las armas se compran, como dijo algún comentarista, para “conflictos imaginarios”, que desgraciadamente se pueden convertir en reales si se desboca la carrera armamentista. Pero la modernización de las FF.AA. de Chile no es solo de equipos militares sino de misión y visión dentro de un plan estratégico de largo plazo del Estado chileno, en el cual el vector militar es solo uno entre varios. ¿Tenemos algo remotamente parecido?
[9] Como la que otorgaba la denominada “legislación tutelar” a los pueblos indígenas en la primera mitad del siglo pasado, o la que regía implícitamente también para las mujeres.
[10] CAEM = Centro de Altos Estudios Militares, fundado en 1950. Tuvo su auge entre las décadas de 1960 y 1970. Su lema: “las ideas se exponen, no se imponen”
[11] Si el pez por la boca muere, Giampietri es de veras un pez gordo. Recuérdese su reciente propuesta sobre el VRAE: declarar zonas de emergencia y despejarlas de civiles que “incomodan” la acción militar. Arcaico.
[12] Tal vez demasiados, demasiado tarde. Pero ese es otro debate.
Tomado de Revista Ideele http://www.revistaideele.com/node/587
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Octubre 7th, 2009 leepiensayaktua
Se acaba de archivar, en la Comisión de Educación del Congreso, el Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo con carácter de urgencia, en el cual se limitaba las facultades del Instituto Nacional de Cultura para designar el Patrimonio Cultural Nacional debido a que, en palabras del Ejecutivo “trababa la inversión privada”. Podemos respirar tranquilos pues, por ahora (y sabe dios hasta cuándo), le seguirá correspondiendo al INC la designación de nuestro Patrimonio Nacional, pero no podemos dejar de ver con alarma esta iniciativa presidencial.
El mismo Instituto de Cultura, organizaciones especialistas en temas culturales, entre ellas la Coalición Peruana para la Diversidad Cultural, se pronunciaron en contra de este proyecto de ley con argumentos muy lógicos. El principal, es que el Congreso de la República no contaba con los conocimientos técnicos y especializados necesarios como para determinar qué es y qué no es Patrimonio Cultural de la Nación. Ahora bien, pese a que a veces no lo demuestre en mis posts, yo dudo mucho que el Presidente García sea un idiota y peque por ignorancia. Acá la cosa no tiene nada que ver con falta de inteligencia en Palacio de Gobierno, sino con una concepción distinta de desarrollo y bienestar para el país.
Me queda claro que para Alan García, la privatización es la manera más efectiva de lograr “desarrollo” en el Perú. Me queda claro, que cree mucho más en el poder empresarial que en la acción estatal (que por cierto, él comanda en este momento, pero parece que ¡ooops!…se le olvidó); sin embargo, una cosa es tener una visión distinta y otra muy diferente es cegarte por tu propia concepción. Por más ultra archi supra neoliberal que sea una persona, no puede así, como si nada, decidir que la conservación del Patrimonio es una traba para el desarrollo porque limita la inversión privada en ciertos espacios. ¡Por favor!
Por otro lado, es preciso que se cumplan los acuerdos nacionales firmados en organismos internacionales, tal como la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO, París, 2005). El Perú aprobó este acuerdo.
La intención de García por “fomentar” la inversión privada en todos los aspectos, ha hecho que no vea que existen ciertos límites positivos. El Patrimonio Nacional es uno de ellos, la Soberanía Nacional es otro, la protección al Medio Ambiente también lo es, etc.
Si bien hoy, podemos celebrar que se archivara este peligroso Proyecto de Ley contra nuestro Patrimonio Cultural, sería ingenuo celebrar mucho y dejar de estar alertas a propuestas del Ejecutivo que, como esta, han olvidado los límites positivos y desean fomentar la inversión privada a toda costa, olvidando el papel y la responsabilidad del Estado. Cuidado, porque no es el proyecto en sí el que debe alarmarnos, sino la base sobre la cual fue concebido. Esta base no ha variado, así que estemos atentos a futuras pataditas de García basadas en el mismo argumento.
Fuente: http://menoscanas.blogspot.com/2009/10/la-cultura-se-salvo-pero-hasta-cuando.html
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Octubre 4th, 2009 leepiensayaktua
Indignados. Así se mostraron casi medio millar de arqueólogos, académicos, estudiantes y ciudadanos en general que participaron de la marcha y plantón “La cultura no es un faenón” la tarde del viernes. Los manifestantes rechazan el Proyecto de Ley 3464, presentado con carácter de urgencia por el Ejecutivo y que pretende facilitar el retiro de la condición de Patrimonio Cultural a bienes cuando la misma “obstaculice” la inversión privada. La marcha partió de la puerta de la Casona de San Marcos, en el Parque Universitario, recorrió la avenida Abancay y finalmente llegó al Congreso de la República, donde los convocantes se reunieron con el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Werner Cabrera, para entregarle un manifiesto con decenas de firmas sustentando el rechazo a la iniciativa legislativa.
El proyecto en mención busca que la facultad para declarar bienes como Patrimonio Cultural pase del Instituto Nacional de Cultura al Congreso de la República. La argumentación que sostiene dicho proyecto es que la protección del patrimonio cultural resulta “onerosa” y es un obstáculo para la inversión. Los manifestantes también rechazaron el Decreto Supremo 009-2009-ED, que se encuentra vigente y que permite que las obras públicas que sean declaradas como “de interés nacional” no requieran del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), el principal instrumento legal que existe para proteger el patrimonio histórico que pudiera ser afectado por proyectos de inversión.
“Estoy aquí como cualquier peruano que admira todo el legado que es nuestro deber proteger y preservar para las futuras generaciones”, señaló el arqueólogo Julio Abanto, director del Instituto Ruricancho, quien calificó el proyecto como “una aberración tremenda”. “Un Congreso tan caricaturizado como el que tenemos no puede pretender juzgar a qué denominamos Patrimonio y a qué no”, afirmó. Abanto aseguró que no puede ponerse en contradicción la inversión económica y la protección al Patrimonio, pues la cultura también debe considerarse como un recurso.
Este proyecto está en consonancia con la política del “perro del hortelano” que busca facilitar la inversión en todos los sectores a cualquier costo, reduciendo controles técnicos, ambientales, anticorrupción y, ahora, culturales. Además, fue presentado por el Ejecutivo sin consultar ni siquiera con el propio INC, el órgano técnico del propio Estado. Mucho menos fue consultado con el Colegio de Arqueólogos o con instituciones culturales y de la sociedad civil.
En la manifestación participaron estudiantes y profesores de las escuelas de Arqueología de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Universidad Federico Villareal y de la Universidad Católica, así como profesionales, gestores culturales, activistas, instituciones de sociedad civil y ciudadanos en general.
Tomado de Alerta Perú http://www.alertaperu.org/publicar/nacionales/370-cientos-de-personas-marchan-al-grito-de-qla-cultura-no-es-un-faenonq.html
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Septiembre 28th, 2009 leepiensayaktua
Ahora resulta, que como en el siglo XVI, las huacas son también los perros del hortelano del XXI. El Poder Ejecutivo le ha enviado un proyecto de Ley al Congreso, para que este (el Congreso) se encargue de determinar qué es y qué no es Patrimonio Cultural de la Nación. Y bueno, aquellos privados que no puedan mantenerlo, fueron. Por ejemplo, los que son dueños de casonas coloniales o de hace más de cien años. Los interesados pueden ver el anteproyecto aquí, en Scribd. Claro, para hablar de los dioses prehispánicos es bueno García, pero allí acaba el chiste. Es nuestro Zelig.
Viva el progreso.
Para más información copio y pego carta de Luis Lumbreras y María Elena Córdova sobre el tema, donde, además convoca a firmas de adherencia:
Un Proyecto de Ley del Estado contra la Nación
El Presidente de la República y el Primer Ministro, han remitido al Congreso el Proyecto de Ley Nº 3464/2009-PE para modificar algunos artículos de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296), del 22 de julio de 2004. Dicho proyecto se propone:
1. Retirar al Instituto Nacional de Cultura (INC), la facultad de declarar cuáles bienes deben ser considerados parte del Patrimonio Cultural, encomendando tal función al Congreso Nacional, que no es una entidad técnica, sino política.
Traslada una función que requiere evaluación profesional especializada, al Congreso Nacional que, para cumplir tal encargo, deberá contar con personal técnico que se pronuncie al respecto, en cada caso. Sólo así se evitará atropellar los derechos colectivos nacionales y lo que la Constitución establece en su Art. 21, así como los múltiples tratados y acuerdos internacionales en los que el Estado Peruano está comprometido. De lo contrario, no habría garantía de la ingerencia del poder político en competencias técnicas y funcionales exclusivas y especializadas. Ni el Presidente de la República, ni el Congreso están por sí mismos, por muy alto que sea su cargo, en capacidad de satisfacer esta función, porque es de rango técnico-profesional y no político.
Los técnicos convocados por el Congreso deberán hacer lo mismo que hacen los del INC, con la diferencia, tal vez, de disponer de más recursos y libertad para actuar. Por cierto, podrían aplicarse estos mismos recursos al INC para que aligere sus intervenciones y mejore las condiciones de trabajo de los especialistas y funcionarios a cargo. La diferencia que encontramos es que en un caso depende de una administración de corte político y en el otro de una funcional. Si se aproximan a los expedientes técnicos, los proponentes del Proyecto de Ley podrán apreciar la carga de trabajo que implican; si miran las planillas y recursos del INC podrán constatar que son magros e incapaces de cubrir la demanda. Habría que consultar a los congresistas si podrían suplir las carencias del INC con sus recursos propios.
El argumento que justifica esta propuesta, es que la normativa sobre protección del patrimonio cultural es amplia y contraria a los inversionistas, así como la instancia estatal encargada de su aplicación, que es el INC, que genera retraso y paralización en la ejecución de los proyectos de inversión y en el otorgamiento de la concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. El traslado de competencias que propone el proyecto de ley no resuelve la preocupación que lo motiva, por el contrario, agrava los términos operativos que son cuestionados, dado que para cumplir la función siempre será necesario la formación de un expediente técnico y su regular proceso, que se complicará con la necesidad de los acuerdos parlamentarios que, además, son de carácter político y no técnico.
El mandato de los congresistas no los califica para dar opinión especializada en temas de arqueología, arquitectura histórica, conservación y restauración, arte y otras materias involucradas en el tema. Lo que lleva tiempo a los funcionarios del INC son las dificultades de transporte, de abastecimiento, de insumos y equipos, que muchas veces deben suplir con su propio peculio. Desde luego hay funcionarios incompetentes o ineficientes, como seguramente los hay en el Congreso. Podría hacerse entonces una depuración mediante evaluación calificada, que sería del mismo tono en el Congreso o el INC, evitando la ingerencia personal o política que pudiera darse. Pero eso no justifica el cambio propuesto sobre el que suponemos deberá pronunciarse el INC, cuya existencia obviamente está en cuestión, gracias a que no se percibe la importancia que tiene.
2. Propiciar el retiro de la condición de bien integrante del patrimonio cultural de la Nación a bienes que ya han sido declarados como tales, mediante la aplicación de una evaluación hecha a partir de criterios subjetivos, como considerar “oneroso o ineficiente”, o cuando su preservación “resulta impracticable”. La evaluación que realizarían funcionarios del Gobierno actual, en un plazo perentorio de 6 meses, implica imponer valores económicos y políticos -que son criterios subjetivos- por encima de las calidades y valores culturales que fundamentaron su declaración como bienes patrimoniales protegidos, al amparo de la Constitución Política del Perú, las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
El patrimonio o propiedad heredada de los bienes culturales es un patrimonio colectivo, reconocido jurídicamente por la Constitución y las leyes como perteneciente a una colectividad mayor llamada Nación. El Estado, de acuerdo a estas normas que son válidas aquí y en el mundo entero, es “custodio” de estos bienes y está en la obligación de:
a. Identificar, declarar, proteger y custodiar el patrimonio cultural y, si las condiciones lo demandan, a intervenir en su conservación, restauración y recuperación.
b. Sustentar dicha identificación y declaración en evaluaciones de carácter técnico, cuya sujeción a reglas de rango universal está sostenida en convenciones y acuerdos internacionales, en las que ha participado el Perú, que es dueño de uno de los más valiosos patrimonios culturales del Continente y el mundo. La evaluación no parte de las premisas de interés económico particular que sustenta la propuesta del Ejecutivo, sino explícitamente está referida a los VALORES CULTURALES, que son los que tiene que salvaguardar el Estado. La deformación o disolución de estos valores que conlleven al deterioro o destrucción del bien, son delitos contra la Nación.
c. Defender y mantener los bienes culturales en su condición de tales, con independencia de los intereses particulares y de coyuntura, con una clara conciencia de que se trata de valores que trascienden las coyunturas. Para eso se crean instituciones como el INC que, en esta fase de la historia se dieron avances institucionales significativos hasta comienzos de esta Administración del Estado y que ahora, en vez de promover su eficiencia y avance, los más altos representantes del Poder Ejecutivo y de quien fue Presidente del Legislativo, lo agreden y minimizan, trasladando sus funciones de rango técnico -que sin duda deben ser mejoradas- a la esfera política, respondiendo a intereses coyunturales de un sector del Estado.
De hecho, esta propuesta -que suscriben el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros- dirigida al Presidente del Congreso de la República, se presenta en uno de los momentos de mayor crisis cultural del país, con el lamentable debilitamiento de las instituciones tutelares del sector cultura, donde el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de la Nación se ven seriamente afectados, dado que son ellos los organismos técnicos que el Estado ha creado para identificar, declarar, conservar y presentar nuestro Patrimonio Cultural.
3. No se puede dejar de mencionar que el Decreto Supremo Nº 009-2009-ED emitido el 19 de agosto del presente año, que ya está en operación y que violando las normas vigentes, que establecen la necesidad de obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), como requisito previo para la intervención de los inversionistas o concesionarios, dispuso liberar de la autorización del INC a los proyectos de inversión pública, creando un precedente absolutamente negativo para la protección del patrimonio cultural, propiciando la destrucción de los yacimientos arqueológicos que pudiesen encontrarse en el territorio afectado, dando inicio a la escalada contra el Patrimonio Cultural que ahora se quiere consolidar con la propuesta de ley.
Consideramos que una reflexión serena sobre este asunto puede contribuir a formar opinión y adoptar actitudes ciudadanas responsables, para demandar que el reconocimiento y respeto de los derechos culturales que nuestra Constitución Política garantiza, sean cumplidos y honrados por la autoridad política del país.
Es una reflexión que los suscritos esperamos compartir con los legisladores del Perú, que no deben pasar esta propuesta del Ejecutivo.
Lima, 22 de setiembre de 2009
Luis Guillermo Lumbreras (DNI 06507443)
Ma. Elena Córdova Burga (DNI 17802599)
Los interesados en adherirse enviar correo a kuskacpd@yahoo.es
La que queda fuera de todo esto, es Cecilia Bákula. Digo, si le quitan parte su chamba de promulgarse esta ley, quizá pueda dedicarse a practicar algún deporte. O algún otro hobby. O aprender esperanto
Fuente: http://www.elmorsa.pe/2009/09/19/atentado-contra-el-patrimonio/
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Agosto 22nd, 2009 leepiensayaktua
Por Carlos Reyna
Además del orden, la inclusión es el otro lema del Presidente para el segundo tramo de su gobierno. Para algunos lo ha proclamado con convicción. Para otros es solo otra mecida más. Como sea, la inclusión es lo que el Presidente ha escogido para evaluar a su gobierno. Apenas lanzado, sin embargo, aparecen hechos grandes y pequeños que le quitan credibilidad a la oferta.
Entre los grandes hechos está la desatención a la gran mayoría de los afectados por el terremoto del Sur. Esto ha merecido primeras planas e informes especiales de casi todos los medios. A dos años del sismo, hay gente viviendo casi a la intemperie, escombros aún sin recoger, hospitales públicos que ni se han comenzado a reconstruir, presupuestos ejecutados al mínimo. Es obvio que no toda la responsabilidad recae en el Ejecutivo, pero este país es presidencialista para lo bueno y para lo malo.
Otro hecho grande, este sí de íntegra competencia del Ejecutivo, es que no se les garantiza hasta ahora, a las regiones del Sur, el acceso a la provisión del gas producido allí. Pese a las objeciones de los especialistas, se optó por proveer a Lima y por comprometer su exportación. Ahora, las mismas autoridades que defendieron la ley y los contratos causantes de esto les han confirmado a los sureños que el gas no alcanza.
Si los damnificados del sismo en el Sur, o las regiones que no ven garantizado su acceso al gas, no perciben como exclusión lo que viven, de hecho sí lo perciben como algo muy parecido: desigualdad, centralismo, olvido. Lo que importa es el efecto de corrosión que tiene el desempeño del gobierno sobre sus propios ofrecimientos.
A esos hechos grandes se suma una muestra de hechos recientes, disímiles pero todos expresivos de la exclusión o de algo equivalente, la negación de derechos. Los trabajadores despedidos que no fueron reconocidos en las listas aprobadas por el Ministerio de Trabajo; el maltrato a los deudos de los policías caídos en Bagua; el 46 % del personal policial que debe trabajar más de 100 horas a la semana, muchas de ellas como guardias privados; los trabajadores sin derechos del 66 % de las empresas privadas que funcionan en la informalidad laboral; la mayor dureza de los bancos en los intereses cobrados a las pymes y a las personas naturales; el abuso de empresas como Telefónica en su cobro de tarifas; la pérdida de valor de los fondos de los pensionistas a los que se impide cambiar de sistema cuando se les dé la gana.
Estas son, apenas, las experiencias de negación de derechos que han merecido primeras planas en los diarios de los últimos 15 días. Algunas afectan incluso a capas medias. Feministas, indígenas o poblaciones pobres tendrían mucho que aportar al muestrario. Pero es suficiente para denotar qué poco creíble puede ser un lema como inclusión si este viene de predios oficiales.
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/item/67403#more
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Agosto 18th, 2009 leepiensayaktua
Un gran faenón. Miles de familias siguen durmiendo en carpas en el sur a dos años del terremoto que destruyó las ciudades de Pisco, Chincha e Ica. Los avances en la reconstrucción han sido mínimos, pero el faenón habría sido millonario.
El año pasado el presidente García anunció que el Gobierno había invertido 1123 millones de soles para la reconstrucción de Pisco, Chincha e Ica. Sin embargo, sólo se ha podido comprobar la inversión de poco más de la mitad de esa cifra, es decir, 660 millones. Esa es la primera conclusión que se obtiene luego de leer los informes preliminares de la Comisión de Fiscalización y Presupuesto del Congreso de la República, sobre las inversiones en el sur. La Comisión sólo ha podido probar, en base a las normas legales emitidas entre el 15 de agosto del 2007 y el 15 de agosto del 2008 la transferencia de los 660 millones al FORSUR. Esto significa que en el mejor de los casos, el presidente García mintió al país diciendo que invirtió un monto mucho mayor al que realmente invirtió el Estado. Sin embargo, tampoco se cuenta con suficiente información sustentada sobre la utilización del dinero ya que muchas de las instituciones investigadas, como el Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Ministerio de Educación (MINEDU) no han entregado a la Comisión del Congreso los documentos necesarios.
Mientras tanto, los progresos en la reconstrucción son mínimos. Se estima que el avance llega a sólo un 25% y muchas obras clave están paralizadas. Al Hospital San Juan de Dios de Pisco, por ejemplo, le han colocado tres veces la “primera piedra”, pero su construcción no muestra ningún tipo de avance. Hasta el momento sólo se han reconstruido 18 colegios, de un total de 61 que fueron afectados. Se ha detectado serias irregularidades con el “Bono 6000”, la subvención de 6000 soles otorgada por el Estado para que los ciudadanos reconstruyan sus casas. En la ciudad de Pisco, el 40% de la ciudad no tiene luz y sólo el 20% de los hogares tiene desagüe en buen funcionamiento. En Chincha, sólo se ha avanzado un 15% la reconstrucción de lo que fue dañado por el terremoto.
Tomado de Alerta Perú http://www.alertaperu.org/publicar/nacionales/332-600-millones-de-soles-faltantes-en-la-reconstruccion-del-sur.html
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Agosto 12th, 2009 leepiensayaktua
Por Arturo Caballero
El neoliberalismo educativo ha provocado la desaparición progresiva de las humanidades en los planes curriculares de los niveles secundario y superior por razones estratégicas. Las humanidades tienden ha socializar al individuo y permiten que estos establezcan lazos solidarios con sus semejantes a través de la transmisión de vivencias interpersonales que no poseen los llamados cursos de “ciencias”. Por ello, las humanidades ofrecen una ventaja cualitativa frente a los de ciencias formales. En relación a esto, Mario Vargas Llosa señala que:
“La especialización trae, sin duda, grandes beneficios, pues permite profundizar en la explotación y la experimentación, y es el motor del progreso. Pero tiene también una consecuencia negativa: va eliminando esos denominadores comunes de la cultura gracias a los cuales los hombres y las mujeres pueden coexistir, comunicarse y sentirse de alguna manera solidarios. La especialización conduce a la incomunicación social, al cuarteamiento del conjunto de seres humanos en asentamientos o guetos culturales de técnicos y especialistas (…) Ciencia y técnica ya no pueden cumplir aquella función cultural integradora en nuestro tiempo, precisamente por la infinita riqueza de conocimientos y la rapidez de su evolución (…)” (2001: 44-45)[1].
Más allá de la simple adquisición de datos y de la evaluación periódica, los maestros deberían preocuparse, parafraseando a Jorge Luis Borges, en que sus alumnos se “enamoren” de su curso. Un poema, una novela o un cuento pueden sensibilizar a una persona al grado de abstraerla de una realidad adversa o inmunizarla contra la indiferencia y el conformismo. Así mismo, un la revisión crítica de nuestra historia contribuirá a disipar los malentendidos que tras generaciones se han ido retransmitiendo: un pasado glorioso, pero un presente vergonzante; o el bálsamo consolador del “mendigo sentado en una banca de oro”.
Pero ¿qué actitud asume el neoliberalismo en este panorama? Alienta el individualismo extremo que prescinde del otro, puesto que en la medida que exalta la libertad negativa (la no interferencia del otro en mi autonomía) anula la participación ciudadana, subestima la importancia de los movimientos sociales y la deliberación de la sociedad civil en la política nacional, y en consecuencia, dificulta la solidaridad. El neoliberalismo considera al individuo-propietario como el motor exclusivo del desarrollo social. Restringe la definición de ciudadanía al rechazar las demandas organizadas de la población y el reclamo colectivo de derechos ciudadanos por considerarlos una amenaza a los ciudadanos individuales, en particular si son propietarios (Lynch 2005:88)[2]. No es un azar que en las universidades empresa no exista representación estudiantil ante la asamblea universitaria ni tercio estudiantil ni centros federados. Por esto, no basta solo con una concepción “negativa” de la libertad “sino también ‘positiva’ (como posibilidad para el desarrollo personal, el ejercicio de deberes con la comunidad y el logro de condiciones para que la libertad sea factible)”.
¿Qué otro motivo tiene el neoliberalismo –además de atomizar la sociedad y así impedir la participación colectiva– para desaparecer a las humanidades? Una simple razón: las humanidades son un campo fértil para el cuestionamiento, la crítica y la subversión de lo establecido. En contraste, el neoliberalismo privilegia lo utilitario, lo práctico y los resultados inmediatos (utilidades y productividad a corto, mediano y largo plazo; la lógica del costo-beneficio); a la vez que considera imprácticos, por no decir improductivas, a las humanidades, porque, supuestamente, no poseen una aplicación explícita. Nociones como esta, ignoran el hecho que las civilizaciones más encumbradas de la historia universal alcanzaron un notable equilibrio en ciencias, artes y humanidades y no solo en una rama del saber). Esta forma de pragmatismo suele guiar la elección de una carrera profesional prestigiosa, en oposición a las no tan aclamadas humanidades. Estudiar una carrera que “dé buena plata” es el imperativo que guía a la gran mayoría de estudiantes en la actualidad. Así que si el secretariado trilingüe español-inglés-chino mandarín se pone de moda, alguna universidad implementarán una facultad ad hoc que transforme esa necesidad en la carrera del futuro.
La estrategia ideológica aquí cosiste en inhibir el espíritu crítico: un sujeto práctico no cuestiona lo establecido porque no busca explicaciones, sino que solo ejecuta instrucciones. La única cuestión que formulará, será el no encontrarle fines a los medios, lo que se evidencia en preguntas del tipo ¿para qué sirve la ética?, ¿para qué le sirve la antropología a un abogado? o ¿porque un economista debe llevar dos años de estudios generales?
Por otro lado, la disminución en la exigencia académica a los postulantes –de parte de las universidades empresariales– posee una finalidad práctica: aprovechar la demanda que no es absorbida por las universidades tradicionales. ¿Por qué un joven –en un país donde el ingreso a la universidad es casi un ritual social a la altura de la confirmación o el matrimonio– se expondría a un exhaustivo examen de admisión en la PUCP, San Marcos o la Antonio Ruiz de Montoya corriendo el riesgo de no aprobarlo si con solo llenar un formulario y una carta de recomendación de su miss o profe del colegio bastaría para ingresar? Ubicarse dentro del tercio superior en la secundaria no representa una valla imposible de superar si tenemos en cuenta que los Programas No Escolarizados (PRONOE) y muchos colegios privados preuniversitarios tienen como consigna aprobar, a como dé lugar, a sus alumnos. Por lo tanto, debemos sospechar de la validez de estos tercios superiores.
A nivel de universidades –y en general en todos los niveles educativos– la actuación de neoliberalismo educativo ha sido visible sobre todo desde la década del 90; que no fue solamente la de la corrupción, la dictadura con fachada democrática, el atropello a los derechos humanos o la hipoteca de la conciencia periodística; sino también, de la consolidación del neoliberalismo en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Fujimori institucionalizó la frase «a la universidad se va a estudiar y no a hacer política» desde que las universidades fueron intervenidas por las fuerzas armadas. Gran parte de la ciudadanía recibió con complaciente beneplácito (al igual que con el autogolpe del 5 de abril de 1992) el hecho de que en las universidades nacionales los estudiantes no perdieran el tiempo en discusiones políticas y se apresurasen a aprobar sus cursos, graduarse y conseguir un empleo; todas ellas aspiraciones legítimas y muy nobles, pero que en el contexto en el que se desarrollaron sirvieron para apuntalar el utilitarismo y el pragmatismo en la educación.
En este sentido, el Decreto Legislativo Nº 882, “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación” fue el acta de nacimiento del neoliberalismo educativo a la peruana “una norma paralela a la Ley Universitaria, una iniciativa impulsada bajo el fujimorato por influyentes empresarios ávidos por invertir en la educación superior”. (Gamio 2007)[3]. La referida norma señala en su artículo 2º que «Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa».
Aparentemente, esta norma pretendía atenuar las deficiencias de la educación estatal; sin embargo, los resultados dicen lo contrario: si bien los beneficios económicos para los promotores educativos han sido óptimos (profesores con sueldos por debajo del mínimo o impagos durante mucho tiempo, sin título profesional, con profesiones inconclusas, sin beneficios sociales y sin la seguridad de que al siguiente mes continuarán laborando: todo ello representa un enorme ahorro en los costos y mayores márgenes de utilidades) también es cierto que grandes corporaciones educativas suelen comprar resoluciones directorales de colegios particulares al borde de la quiebra, prescindiendo luego de todo el personal que antes laboraba y, eventualmente, del alumnado que no pudiera pagar las nuevas pensiones.
El ajuste estructural de sesgo neoliberal aplicado en el Perú en la década del 90 no produjo el despegue de la educación nacional y, por lo tanto no resolvió sino que agudizó su crisis. La liberalización del mercado educativo benefició a los inversionistas y en menor proporción al docente e introdujo en los últimos meses una política educativa de satanización de la carrera magisterial en la que se endilga al maestro toda la responsabilidad de la crisis de nuestro sistema educativo como si el Estado que lo instruyó en universidades estatales y le dio trabajo, ni fuera parte integral del problema.
¿Cómo salir del laberinto?
El diagnóstico y la crítica son un buen comienzo, pero insuficientes si es que no se refuerzan con la acción para el cambio y este, a mi modo de ver, no vendrá jamás de las estructuras que detentan el poder porque el poder no dialoga, el poder es monológico. El cambio deberá venir de la sociedad civil organizada y deliberante en los asuntos que atañen y ello porque no hay evidencia histórica que demuestre que una ideología hegemónica haya renunciado voluntariamente al poder y a sus privilegios una vez que se inician las transformaciones sociales (Borón 2007:38) [4]. Pensar que los que detentan el poder en un acto de hidalguía cederán la posta con beneplácito a fuerzas progresistas es, políticamente hablando, un disparate. Aquellos conocen muy bien que saber es poder; por eso han capturado la educación.
[1] VARGAS LLOSA, Mario; 2001: La literatura y la vida. Conferencia magistral. Lima: UPC.
2 LYNCH, Nicolás; 2005: ¿Qué es ser de izquierda? Lima: Sonimágenes.
3 GAMIO, Gonzalo; 2007: “Buscando razones (y emociones) para no discriminar. El cultivo de las humanidades y la defensa de los derechos humanos”.
4 BORÓN, Atilio; 2007: Reflexiones sobre el poder, el estado y la revolución. Córdoba: Espartaco.
Fuente: http://cireps.blogspot.com/2008/06/neoliberalismo-educativo-la-peruana.html
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Agosto 7th, 2009 leepiensayaktua
Y siguen mintiendo. El pasado lunes 3 de agosto el Ministro de Justicia, Aurelio Pastor, se presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU, en Ginebra. En la sesión el ministro debía responder sobre las políticas que el Perú aplicaba contra la discriminación, pero aprovechó la ocasión para insistir en la tesis del gobierno sobre los suceso de Bagua. Pastor sostuve que la responsabilidad de las 33 muertes del 5 de junio se encontraban indígenas y mestizos alentados por grupos extremistas. Responsabilizó también a miembros de la Iglesia Católica y a los medios de comunicación que según pastor azuzaban a la violencia denunciando una masacre que no existía. Entre otras cosas Pastor también dijo que los policías fueron recibidos con balas, que los indígenas habían conseguido tras asaltar un puesto policial. Lo cierto es que la investigación fiscal ha determinado que los indígenas no portaban armas de fuego al iniciarse los enfrentamientos.
Las reacciones no se hicieron esperar. El Secretario General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, dijo que el Ministro de Justicia distorsionó y mintió sobre los hechos ocurridos en Bagua. Para Gamarra el Estado perdió una oportunidad importante para explicar ante el CERD los avances del Perú en materia de discriminación. Por otra parte, representantes de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) solicitaron a los representantes del CERD el envío de una comisión investigadora para esclarecer los hechos ocurridos en Bagua y con el análisis de los decretos legislativos que cuestionan las poblaciones indígenas. Por otra parte, la Conferencia Episcopal rechazó las declaraciones del ministro, y sostuvo que en ningún momento ningún miembro de su iglesia azuzó a la población, sino que por el contrario se ofrecieron para formar parte de la mesa de dialogo para solucionar el conflicto.
¿Pizango Vuelve?
Por otra parte el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, declaró que está dispuesto a regresar al Perú si se retira la orden de captura que pesa sobre el. Pizango se asiló en Nicaragua luego de que el 37º Juzgado Penal de Lima lo denunciara por los delitos contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado. Ante eso, el Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, sostuvo que el caso es complicado debido a su carácter político y que en todo caso se podría estudiar una formula en atención al pedido de Pizango. Sin embargo aclaró que el procesado no le puede poner condiciones al sistema. Por otra parte el Primer Ministro, Javier Velazquez Quezquen, sostuvo que es inadmisible que el dirigente de AIDESEP ponga condiciones al Poder Judicial. Sostuvo que Pizango debe haberse confundido de país ya que en el Perú el poder judicial es autónomo e imparcial.
Fuente: http://www.alertaperu.com/publicar/nacionales/319-gobierno-insiste-en-culpar-a-los-indigenas-y-a-extrajeros-de-los-sucesos-de-bagua.html
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Julio 31st, 2009 leepiensayaktua
Por Carlos Basombrío Iglesias
Como todos los discursos de 28 de julio este también pasará al olvido en pocos días. Pero, por ahora, hay un fragmento que vive su cuarto de hora de gloria. Me refiero al pasaje en donde el presidente dio cuenta que era tal su ira contra los corruptos que los mandará a una colonia penal que ya se estaba construyendo en el medio de la selva.
Sabemos ya que no hay ningún penal en construcción con esas características y menos en la selva; también, que uno así no es viable, ni acorde a los estándares constitucionales actuales; conocemos, también, que el flamante ministro de de Justicia, el compañero Aurelio Pastor no tenía idea de que esas palabras estarían incluidas en el discurso, pese a ser la autoridad supuestamente responsable del tema.
¿Cómo llegó este párrafo al discurso presidencial el 28 de julio?
Arriesgo una hipótesis.
Partamos de un hecho macizo: el interés de Alan García por incluir temas anticorrupción en su discurso es igual a cero (sólo equivalente al que tiene por temas de derechos humanos, de los que también huye como Drácula con los crucifijos).
Lo que ocurrió fue que el mismísimo 28 de julio, Perú.21 amaneció con una carátula muy fuerte sobre el tema (“¿Y LA CORRUPCIÓN? Hoy se esperan medidas claras contra ese problema”), dando cuenta de una encuesta de la Universidad de Lima, publicada la víspera, que mostraba como para la población la corrupción se ha convertido tres años después de iniciado su segundo gobierno, en el principal problema del país; incluso, por encima de los acuciantes problemas económicos.
García luego de revisar los titulares de esa mañana se le debe haber ocurrido agregar algo a su discurso sobre el asunto y el anunció de un penal para los corruptos en medio de la selva le debe haber parecido impactante y suficiente, para palear la crítica ciudadana por su desinterés en el problema.
Muy revelador de la relación que Alan García tiene con sus ministros no se tomó la molestia de consultarlo con el de Justicia y simplemente lo lanzó. Después del discurso Pastor disimuló mal el hecho que no conocía nada de lo que el Presidente había hablado, pero también muy revelador de la relación que tienen los ministros con García, dijo que si el presidente lo ha dicho, inmediatamente ponemos manos a la obra, obviando cualquier consideración para el desarrollo de una política pública coherente. Dos días después ya le jalaron las orejas por desmentir al jefe y se ha auto flagelado “acordándose” que si estaba presupuestado y que se equivoco fue él.
No vamos a tener un penal para los corruptos en medios de la selva, para empezar porque algunos de los pocos que están presos por esa causa están logrando, gracias a poderosos padrinos, minimizar las acusaciones y probablemente terminen con penas muy benignas o libres de polvo y paja.
Y entretanto, de la lucha anticorrupción, o sea de enfrentar de a verdad el principal problema en la percepción de la gente y en la realidad cotidiana del funcionamiento del Estado, no hay nada. No lo hubo con Yehude Simon y su anticorrupción de papel y menos ahora con las cárceles de fantasía en medio de la selva
OTROSIDIGO: La “descentralización popular” o sea el masificar el sistema de núcleos ejecutores ciudadanos para gastar desde la sociedad organizada parte de lo que el Estado no puede, merece una discusión mayor. Pero, desde ya, el poner a cargo de la tarea al polémico y cuestionado compañero Carlos Arana, uno de los más visibles cuadros encargados del proselitismo partidario desde el Estado, no es precisamente garantía de independencia y criterio técnico para la selección de beneficiarios y se corre el riesgo de mayor clientelismo y corrupción.
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