Octubre 28th, 2009 leepiensayaktua
Por Annie Theriault
Las razones expuestas por quienes se oponen a la despenalización del aborto son varias y diversas, pero, aun así, la mayoría se apoya en la doctrina de la animación inmediata del feto establecida hace menos de un siglo, en tiempos del pontificado de León XIII. Según esta teoria católica, se atribuye condición de persona al óvulo fecundado, y se sostiene que la práctica del aborto vulnera el derecho de esta “persona” a la vida.
Más allá de esta premisa ampliamente difundida en el mundo católico, creemos fundamental preguntarnos si la imperante criminalización o penalización del aborto en efecto salvaguarda el derecho a la vida.
En el Perú, el aborto está penalizado desde 1863, cuando fue aprobado el primer Código Penal. Varias décadas más tarde, el Código Penal de 1924 estableció como única figura no punible el aborto terapéutico, y el actual, promulgado en 2004, penaliza con pena privativa de la libertad no mayor de dos años o prestación de servicio comunitario todas las formas de aborto con excepción del terapéutico, e incluye como atenuantes el aborto eugenésico y el ético o sentimental.
Numerosas evidencias, sin embargo, dan cuenta de que, en nuestro país, el marco legal restrictivo no afecta el número de abortos inducidos: su práctica sigue siendo bastante común. Hace poco se los ha estimado en 376 mil por año, que habrían causado directamente cerca del 7% de la mortalidad materna, y se han calculado en más de 60.000 las hospitalizaciones por complicaciones relacionadas con abortos inseguros. Consciente o inconscientemente, la mayor parte de los opositores a la despenalización desconocen esta realidad.
“En el Perú hay una confusión respecto de este tema. La despenalización se relaciona con la disminución de complicaciones vinculadas con abortos inseguros y de ninguna manera con el aumento o la aparición del aborto de forma masiva”, recuerda el doctor Miguel Gutiérrez, representante de Pathfinder International en el Perú y Ecuador y presidente del Comité de Alto Nivel de Derechos Sexuales y Reproductivos del Colegio Médico del Perú.
“Lo importante es entender que un marco legal restrictivo no impide ni disminuye el número de abortos, y que la despenalización no lo incrementaría. Más bien, esta medida le proporcionaría una mayor seguridad”, añade el especialista.
Riesgo real
De hecho, las actuales normas restrictivas sí ponen en riesgo a las mujeres, pues las obligan a recurrir al aborto clandestino, practicado a menudo por personas sin formación adecuada y en condiciones sanitarias deficientes. Peor aun: muchas, desesperadas, se practican el aborto a sí mismas, por ejemplo, tomando una dosis excesiva de medicamentos, o introduciéndose objetos tales como instrumentos para tejer.
“Las consecuencias físicas de un aborto clandestino pueden ser leves o más serias, como infecciones en el útero o en la trompas, infertilidad, dolor pélvico crónico, embarazos ectópicos (fuera del útero), hemorragias y perforaciones del útero. Algunas mujeres incluso mueren por este tipo de prácticas”, señala el doctor Gutiérrez.
“En cambio, un aborto hecho en condiciones seguras y con atención de calidad no está asociado con un riesgo creciente de cáncer de los senos, y no presenta riesgos para la futura salud reproductiva de la mujer”, agrega.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de mortalidad asociada con el aborto va de 0,56 muertes por cada 100 mil en los Estados Unidos (realizados en condiciones de legalidad) a 10 muertes por cada 100 mil abortos en el conjunto de los países desarrollados. En las regiones del mundo en vías de desarrollo, donde la práctica es ilegal, 350 de cada 100 mil abortos terminan con la muerte de la mujer, y en el África Sub-Sahariana esta proporción alcanza aproximadamente las 750/100 mil.
En cuanto a los riesgos psicológicos, la American Psychological Association (APA) precisa que el aborto no se asocia con un síndrome de estrés post-aborto, ni provoca la depresión o el suicidio de quienes se lo practican. Quienes sí experimentan problemas psicológicos son aquellas mujeres con traumas previos o quienes han sido obligadas a abortar por su pareja o un tercero. De hecho, hay mayores posibilidades de que una mujer sufra traumas psicológicos cuando el aborto que ella solicita le es negado que cuando se le practica por compasión.
El caso de K. L., una peruana joven, fue realmente dramático. En el 2001, a pesar de los riesgos que ello representaba para su integridad física, se la obligó a llevar a término un embarazo de un feto anencefálico (malformación fatal). La muerte de la bebe, cuatro días después de su nacimiento, sumió a la muchacha en una profunda depresión.
“Se la obligó innecesariamente a culminar un embarazo cuyo desenlace fatal se conocía de antemano, y a afrontar un cuadro de depresión sin medir las severas repercusiones que esta enfermedad tiene para el desarrollo de una adolescente y para su futura salud mental”, concluyó en un informe Marta B. Rendón, médico-psiquiatra adscrito al Colegio Médico Peruano.
¿Pro-aborto?
No debemos caer en la trampa de los falsos debates ni en la de las preguntas falaces. Como bien explica la antropóloga Delicia Ferrando, el aborto siempre se presenta como una alternativa extrema. Nadie está “por” el aborto, y despenalizarlo no obliga a nadie a abortar. No se milita para el aborto, sino por el derecho al libre ejercicio de una maternidad voluntaria y a la determinación de la propia vida. No se celebra el acto, sino el derecho fundamental de toda mujer a la vida y a la libre decisión sobre su cuerpo, que está en el centro mismo de la promesa de la dignidad humana, la autodeterminación y la igualdad enunciada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y garantizada en el artículo 6.º de la Constitución de 1993, que expresa que la política nacional de población reconoce el derecho de las personas a decidir.
“Las definiciones aceptadas de los derechos humanos abarcan el derecho a la autonomía del cuerpo. Por ejemplo, cada una de nosotras o nosotros tiene el derecho a no ser torturada o torturado, a rechazar tratamiento médico o a obtenerlo. El derecho a tomar decisiones en cuanto al aborto, el derecho a no quedar embarazada cuando no se quiere, es la misma clase de derecho a la autonomía”, señala la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir.
La despenalización; ¿y luego, qué?
Si la despenalización del aborto reduce su número a largo plazo, no es un fin en sí. Basta para constatarlo dar una mirada a los Países Bajos, donde se registra la tasa más baja del mundo, especialmente gracias a una legislación no restrictiva pero también a condiciones favorables como una educación sexual universal, servicios de planificación familiar accesibles y facilidades para procurarse una contracepción de urgencia.
Más importante resulta garantizar el acceso a una educación sexual de calidad y a la planificación familiar, incluyendo los medios contraceptivos, asegurar la formación adecuada de los profesionales de la salud, así como la elaboración, aprobación e implementación de un protocolo de atención integral del aborto en todos los hospitales del país. En el caso del aborto terapéutico, el aludido protocolo debió ser implementado por el Ministerio de Salud en 1924, cuando se despenalizó este procedimiento en nuestro país.
El martes pasado, la comisión especial revisora del Código Penal acordó – por cuatro votos a favor y dos en contra – ampliar la despenalización del aborto en caso de embarazo producto de una violación, de un acto de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas y cuando el ser en formación pueda nacer con graves taras físicas o psíquicas.
Por otra parte, la congresista aprista y presidenta de la Comisión de Salud, Hilda Guevara Gómez, busca conseguir la aprobación de una ley que propone establecer un marco legal que dé estabilidad programática y un presupuesto a las políticas de salud sexual y reproductiva, pero que no incluye la posibilidad de despenalizar el aborto.
“En teoría, quisiéramos que no ocurriera ningún aborto y que todos los embarazos fuesen deseados, pero para eso hay que invertir en la prevención”, precisa el doctor Gutiérrez.
Queda pues claro que lo ideal sería que las mujeres nunca tuvieran que recurrir al aborto. Sin embargo, sería también ideal que no se vean obligadas a hacerse abortos clandestinos con personas poco capacitadas y por lo general en condiciones inseguras. El 28 de septiembre de cada año es una referencia pertinente que apunta a recordar y evitar en el futuro la tragedia de miles de peruanas que se enfrentan al dilema ético y a la alternativa extrema de un aborto clandestino, y a la posibilidad de morir por hacerlo en condiciones inhumanas.
Latinómetro:
Se han producido iniciativas de reformas legales para cambiar las legislaciones nacionales incorporando nuevas causales o plazos para permitir abortos no punibles: Argentina.
Se cambiaron los códigos penales y las constituciones nacionales para eliminar el aborto no punible, o para amenazar con cambiar la legislación por otra más restrictiva: Nicaragua.
La aprobación del aborto no punible por plazos y por causales, como en México y Colombia, ha permitido que miles de mujeres hayan logrado ser atendidas en el sistema público.
El Senado y la Cámara de Diputados del Uruguay aprobaron el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva; sin embargo, en la sesión de la Asamblea General del Parlamento no se logró levantar el veto que el Poder Ejecutivo impuso al Proyecto, lo que evidenció la falta de compromiso de los políticos con la ciudadanía, pues 63% rechazó el veto presidencial.
La ONU ha aceptado peticiones de las organizaciones de mujeres y emitido resoluciones que demandan a los estados por negar el acceso al aborto no punible como una violación de derechos humanos.
En la región latinoamericana, entre el 20% y el 30% de los embarazos y de las muertes maternas continúan ocurriendo en mujeres adolescentes, producto de las deficiencias de la educación sexual en las instituciones oficiales, de su falta de autonomía para evitar relaciones sexuales de riesgo, así como de la violencia sexual.
Fuente: Llamado a la Acción de la Campaña 28 de Septiembre.
“Una sociedad que no da salud, vivienda y escuelas, es una sociedad abortiva”
Ivonne Guevara
Teóloga y religiosa brasilera
“La legalización no significa la afirmación de bondad, de inocencia y menos aun de defensa incondicional y hasta superficial del aborto como hecho, sino apenas la posibilidad de humanizar y adecentar una práctica que es común. La legalización es, apenas, un aspecto coyunturalmente importante de un proceso más amplio de lucha de una sociedad organizada sobre el aborto social de sus hijos y de sus hijas. Una sociedad que no tiene condiciones objetivas para dar empleo, salud, vivienda y escuelas, es una sociedad abortiva. Una sociedad que obliga a las mujeres a escoger entre permanecer en el trabajo o interrumpir un embarazo, es una sociedad abortiva. Una sociedad que continua permitiendo que se hagan test de gravidez (prueba de embarazo) antes de admitir a la mujer a un empleo, es una sociedad abortiva. Una sociedad que silencia la responsabilidad de los varones y sólo culpabiliza a las mujeres, irrespeta sus cuerpos y su historia, es una sociedad excluyente, machista y abortiva. Que aborta permanentemente la oportunidad de millones de niños en el mundo de tener una vida de cuidado de atención y de desarrollo.”
La despenalización en debate:
La comisión revisora del Código Penal que viene trabajando desde hace varios años en el anteproyecto de un nuevo Código Penal, acordó —por cuatro votos a favor y dos en contra— despenalizar el aborto en los siguientes supuestos:
- Aborto por violación
- Aborto en caso de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentido y;
- Aborto eugenésico. En este último supuesto aunque lo acordado por la comisión no lo especifica, según Rosa Mavila miembro de la comisión, el aborto eugenésico que se pretende despenalizarestá referido sólo a casos de graves malformaciones físicas o psíquicas, como el de los fetos sin cerebro (anencefálicos), que indefectiblemente van a morir dentro o fuera del útero materno. Para el Código Penal vigente hay aborto eugenésico …” cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico”.
La actual legislación considera delito todas las interrupciones del embarazo salvo el denominado terapéutico, que se realiza para salvar la vida de la mujer o para evitar “en su salud, un mal grave y permanente”. Sin embargo, su práctica está obstaculizada por la exigencia innecesaria de un protocolo de atención.
A favor de la propuesta votaron Rosa Mavila, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL); Víctor Prado, representante del Poder Judicial; Luis Bramont, de la Asamblea Nacional de Rectores, y Ricardo Váscones, del Ministerio de Justicia.
No se trata de una ley, sino apenas de una propuesta de la Comisión revisora del código que ha sido aprobada por mayoría y lamentada por su presidente, y que deberá ser presentada al Congreso para su aprobación en el marco de otras iniciativas como la de la eutanasia.
Existen poderosas razones no sólo para despenalizar, sino legalizar el aborto sin tener que entrar al debate de si hay vida o persona en un feto de 1 o 18 semanas. El aborto clandestino y la muerte de miles de mujeres en el mundo es una realidad que por la frecuencia con la que se practica ha derrotado la penalización y ha demostrado que no es esa la vía para evitarla. En este debate no hay verdades, sólo una realidad que es preciso enfrentar con decisiones políticas desde la convicción en la laicicidad del Estado.
Promover la despenalización del aborto o su legalización, no es apoyarlo ni mucho menos aplaudirlo, se trata simplemente de una respuesta a un problema que mata miles de peruanas anualmente y la única solución es que el Estado esté en capacidad de atender con calidad y gratuidad la interrupción voluntaria del embarazo, además de brindar educación sexual y distribuir masiva y gratuitamente métodos anticonceptivos eficaces. Una política que iguale, porque todos los días se realizan abortos en condiciones de salubridad confiable para las mujeres que pueden costearlos, mientras que las mujeres que no tienen recursos se exponen a situaciones de insalubridad que ponen en riesgo su vida.
Por eso: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir (Pilar Aguilar).
Fuente: http://www.revistaideele.com/node/548
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Octubre 28th, 2009 leepiensayaktua
Por Beatriz Jimenez
“Doctoras ginecológicas regularizan la menstruación al instante y sin dolor. Método directo y natural. Seriedad, discreción y garantía profesional. Las 24 horas. ¡Por 50 soles!”.
Con total impunidad, este anuncio comparte espacio en el periódico chicha ‘El Men’ con el de ‘Gran Kuraka experto en el amarre de parejas’ y el de ‘Kassandra, linda modelito atiende a empresarios’.
El Código Penal peruano sólo permite el aborto cuando corre peligro la vida de la madre, pero no existe un protocolo médico aprobado para su aplicación por lo que unas 100 mujeres mueren anualmente.
Pese a su prohibición, el aborto clandestino rodea la vida de los peruanos. ‘Atraso menstrual. Solución inmediata’, rezan los carteles puestos en casi todos los postes de la luz de las grandes avenidas de Lima, sobre todo en zonas cercanas a centros de salud, institutos de formación profesional y universidades.
“La publicidad sobre abortos clandestinos es permitida por las autoridades judiciales y la policía, en medio de una gran hipocresía social que convierte al aborto clandestino en un gran mercado para la corrupción que pone en peligro la vida de las mujeres más pobres”, denuncia a ELMUNDO.es Julio Castro, decano del Colegio Médico del Perú.
Más de 370.000 mujeres peruanas abortan clandestinamente cada año, según el único estudio existente elaborado por la ONG peruana Flora Tristán en base a los ingresos hospitalarios por abortos incompletos. Sólo un 17% de las mujeres urbanas y un 3% de las que viven en zonas rurales aborta con un médico. El resto pone en riesgo su vida, convirtiendo al aborto clandestino en la tercera causa de mortalidad materna en el país.
Abortos al paso y abortos VIP
“Trae compresas higiénicas y una bebida rehidratante”, aconseja la voz femenina al otro lado del teléfono tras citar a la paciente en una zona céntrica de Lima. Allí será recibida por un jalador que le explicará en plena calle las técnicas y precios. Por 15 dólares ofrecen abortos a través de píldoras que provocan espasmos en el útero. Por un poco más, las mujeres pobres acceden a un legrado con o sin anestesia local, dependiendo de las posibilidades de la paciente- practicado con suerte por una matrona. Si la mujer accede, es conducida caminando a un domicilio particular, a una oficina o a un insalubre consultorio donde se practican abortos ‘al paso’.
Por unos 1000 soles (300 dólares) se puede acceder a un aborto ‘por aspersión’ practicado por un profesional en condiciones aceptables de salubridad. Eso sí, sin anestesia. Para ello, se aconseja a la paciente seguir una ‘terapia del dolor’ impartida por una enfermera. Por el doble, se ofrecen abortos seguros con anestesia general en conocidas clínicas privadas en horarios de escasa afluencia de público.
“Cada día llegan decenas de mujeres de escasos recursos económicos a emergencias con infecciones, hemorragias y perforaciones causadas en abortos clandestinos”, confirma el decano del Colegio Médico, quien explica que la Maternidad de Lima ha sido testigo de dramáticos casos en los que mujeres desesperadas se han lanzado por escaleras, se han golpeado el vientre con objetos contundentes e incluso han utilizado agujas de tejer y palitos de anticucho para autoinducirse un aborto. “Por la penalización del aborto, las mujeres temer acudir de inmediato a urgencias y finalmente van cuando las infecciones están en estado muy avanzado, lo que convierte al aborto clandestino en un problema de salud pública”.
Propuesta de despenalización
Karen Llantoy fue obligada por el sistema de salud peruano en 2001, cuando contaba con 17 años de edad, a dar a luz a una niña anencefálica (sin cerebro) ya que la legislación peruana todavía no contempla el aborto por malformación. La niña murió a los dos días de nacida. El caso fue llevado ante la ONU, quien dictaminó que Perú violó el ‘Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos’.
Este caso volvió a ser visto esta semana en la ONU ante la negativa del Estado peruano de indemnizar a Karen y cobra especial vigencia debido a la reciente aprobación por la comisión revisora del Código Penal de una propuesta para despenalizar el aborto por violación y por malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
Esta propuesta ha levantado ampollas en sectores conservadores, encabezados por el arzobispo de Lima Juan Luis Cipriani, quien ha ofrecido a las madres que han resultado embarazadas tras una violación que den sus hijos a la Iglesia y ha comparado el aborto con un acto de terrorismo.
Prohíben la píldora del día siguiente
El debate sobre la despenalización del aborto por violación y por malformación, que las organizaciones de mujeres han pedido se realice sin ‘oscurantismos’ y escuchando a expertos, se ha visto opacado por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la administración gratuita de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en los centros de salud.
La decisión ha sido calificada por el Ministro de Salud, Oscar Ugarte, y la Ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, como discriminatoria ya que impide su distribución gratuita a los sectores pobres pero sin embargo es vendida en farmacias.
Se calcula que la AOE ha evitado más de 32.000 embarazos no deseados desde su legalización en Perú. Su administración forma parte del protocolo médico tras una violación pero esta decisión del TC lo impedirá.
“En un país que no permite la educación sexual en los colegios y en el que menos del 50% de las mujeres accede a métodos anticonceptivos modernos, la suspensión de la AOE producirá un incremento de embarazos no deseados y por lo tanto de abortos clandestinos”, opina Cecilia Olea, coordinadora del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la organización Flora Tristán.
Fuente: http://www.elmundo.es/america/2009/10/27/noticias/1256648482.html
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Octubre 25th, 2009 leepiensayaktua
Carlos Iván Degregori
Lo peligrosas que son ahora las posiciones de Rafel Rey-hoy convertido en
ministrísimo de García, a quien antes atacó ferozmente- lo revela el que un
analista de la calidad de Carlos Iván escriba sobre él.
Descarada y machaconamente, Rafael Rey, Ministro de Defensa, declara que todas las muertes provocadas por miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP en su combate contra el terrorismo son “para defendernos a ti y a mí” y que, por tanto, ningún crimen cometido por las fuerzas del orden es un “crimen de lesa humanidad”, pues la definición legal de tales crímenes incluiría solo a aquellos que se cometen por motivos étnicos, religiosos, políticos o ideológicos.
Por contraste, el motivo de los agentes del Estado, incluso en los peores crímenes, habría sido defender a todos los peruanos; por tanto, defendernos también “a ti y a mí”. Dejo a los especialistas la definición correcta de “crimen de lesa humanidad”, pues la del ingeniero Rey es pueril y repulsivamente tinterilla. Comento más bien el motivo que, según el ministro, eximiría a los agentes del Estado de acusaciones por crímenes de lesa humanidad.
No me defiendas, Rey
El pasado jueves 15 de octubre, en Prensa Libre, Mávila Huertas objetó más o menos de esta manera los planteamientos del ministro: “pero en Putis,[1] miembros del ejército reunieron a todos los pobladores, les hicieron cavar una fosa y los asesinaron, como dice el informe de la CVR”. “Ah, por la boca muere el pez”, retrucó el ministro, con argumentos leguleyos, o fariseos: “las conclusiones de la CVR no son vinculantes. Ellos quisieron que fueran vinculantes pero no lo lograron.”
Sin embargo, lo fundamental no es si las conclusiones de la CVR tuvieron o no carácter vinculante, sino la repregunta que Huertas tal vez no tuvo tiempo de hacer, desbordada por la prepotencia del Ministro que ocupó buena parte de la entrevista exigiendo tolerancia y respeto a las opiniones diferentes: ¿por qué para “defendernos a ti y a mí” se debía asesinar a niños y a mujeres encinta?
No solo me refiero a Putis sino a todas las masacres que se documentan desde hace ya tiempo.[2] ¿Por qué para “defendernos a ti y a mí” se tenía que ametrallar a fieles en un templo evangélico[3], o destripar con granadas a civiles encerrados en un recinto[4]? ¿Por qué resultaba indispensable construir un horno en el cuartel Los Cabitos, para calcinar y desaparecer decenas de presos?[5] ¿Por qué era necesario violar a mujeres de toda edad de manera brutal?[6]
No lo dice solo el informe final de la CVR. Lo dicen las pruebas de ADN, lo dice esa suerte de “arqueología de la violencia” que son las investigaciones forenses actualmente en curso en muchos sitios de entierro. Pero lo dicen sobre todo y en voz alta los sobrevivientes a los que el ministro ignora, invisibiliza, atraviesa con sus declaraciones como si fueran hologramas.
Los argumentos de Rey son leguleyadas de paje y el peor enroque que se le haya podido ocurrir para defender a las FFAA, porque impide su modernización, bloquea la transformación de su misión y su visión para adecuarlas a las realidades de un s. XXI cada vez más global y complejo. Contribuye[7], más bien, a transportar a las FF.AA. al pasado y a encapsularlas –no será por siempre- en una burbuja ideológica ubicada a mediados del s. XX, en los tiempos más álgidos de la guerra fría.[8]
No reconocer ningún exceso concreto, por más que se reconozcan “excesos” en abstracto, lleva a exigir fueros especiales y excepciones que en la práctica equivalen a la impunidad y no solo chocan con tratados internacionales firmados por el Perú, sino que transmiten una imagen de infantilización, victimización y falta de profesionalismo de las FF.AA., que debería indignarlas a ellas mismas.
Que en la práctica no se pueda juzgar a sus miembros por violación a Derechos Humanos, ni siquiera criticar su estrategia en algún frente o la conducta de alguno de sus efectivos porque se “desmoralizan” o se “desalientan”, no habla bien de las propias Fuerzas Armadas. Paradójicamente, la propuesta de Rey y otros radicales, hace aparecer a la que muchos consideran “institución tutelar” como tutelada, necesitada de protección especial,[9] incapaz de hacer frente con estrategias y protocolos adecuados, a los retos de conflictos llenos de “zonas grises” como son aquellos contra grupos no-estatales.
Debería comprenderse, más bien, que así como tienen que especializarse en nuevas tecnologías para manejar equipos cada vez más complejos y familiarizarse con los nuevos escenarios bélicos, las FF.AA. deben estar también al día con la evolución de las leyes de la guerra en lo que a estándares internacionales de respeto a los Derechos Humanos se refiere, única forma de diseñar estrategias no sólo éticas sino eficaces para enfrentarse a escenarios novedosos con relación a los que existían hace medio siglo.
Perú tendría mucho que aportar al debate sobre nuevas doctrinas militares -más allá de la Operación Chavín de Huántar- pues fue el primer país en enfrentar (y derrotar, aunque al ministro no le convenga reconocerlo) al MRTA y a Sendero Luminoso, que marcaron el tránsito entre las clásicas guerrillas del s. XX y los grupos terroristas y núcleos violentos no-estatales, que hoy proliferan. Mas lo que impera actualmente en nuestra política de Defensa es el espíritu de los años 50 del siglo pasado –antes del surgimiento del CAEM[10] y de una intelectualidad militar- un espíritu no solo anterior a la reforma agraria, sino prácticamente odriísta.
Expertos y antipolítica
Este enroque con regreso al pasado implica “blindar” a las FF.AA. no solo contra la justicia civil, sino contra la “ingerencia” civil en general.[11] Así, mientras del Castillo convoca a decenas de expertos economistas,[12] muchos de los cuales no han dirigido nunca una empresa ni ostentado un cargo ministerial pero son autoridades reconocidas en su campo, Rey ataca reiteradamente a los “expertos” en Defensa, que no saben de estrategia militar pues no han estado nunca en el campo de batalla y serían, según él, “expertos de escritorio”.
No sabe el Ministro que, a menos que tengamos a Honduras o Guinea-Conakry como modelo, en las democracias modernas una de las claves para una política exitosa en Defensa es la existencia de expertos civiles y su presencia en puestos claves. Debería preguntar, por ejemplo, por Carme Chacón, ministra de defensa de España, que en avanzado estado de gestación visitaba el contingente de tropas españolas desplegadas en Afganistán. O, sin ir tan lejos, que recuerde (o se informe) que antes de ser presidenta de Chile, la médica pediatra Michelle Bachelet fue ministra de defensa, por lo demás muy popular en el cargo.
Las diatribas de Rey contra los “expertos” marcan una continuidad con la antipolítica que en la década pasada contribuyó a la destrucción de la institucionalidad política del país, y expresan junto con el protagonismo del vicepresidente Giampietri, el surgimiento franco y bronco de una corriente neomilitarista con rostro civil, tan compatible con el modelo económico imperante como lo fue el neopopulismo desplegado por Alberto Fujimori en pleno ajuste neoliberal.
Por otro lado, si es coherente con su rechazo a los expertos, cabe preguntarle a Rey qué hace en el Ministerio de Defensa, si ni siquiera en el Congreso tuvo papel prominente en la Comisión de Defensa. No puede ser entonces otra cosa que vocero de los sectores más pasadistas de las instituciones castrenses, que se ubican en relación al ministro como el ventrílocuo en relación a su muñeco. El rostro civil que muchos militares, pero también sectores importantes del gobierno y de las elites empresariales necesitan.
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[1] En 1984, miembros de las FF.AA. asesinaron en Putis (Huanta, Ayacucho) por lo menos a 123 personas. En agosto del presente año culminó el proceso de exhumación de los cadáveres y estos fueron enterrados solemnemente en su comunidad. “Nos preocupan mucho más las muertes de ahora que un entierro de cosas que sucedieron en el pasado”, comentó al respecto Rafael Rey en RPP el 5 de octubre. Por su parte, “…al comandante general del Ejército no se le ocurrió mejor cosa que comentar ‘¡qué fácil es criticar después de veinte años!’, y pedir ‘comprensión’ por estos hechos.” (Virtú e Fortuna, blog de Martín Tanaka). Sobre la masacre, véase: Informe Final, CVR, tomo VII, pp.134-144, así como diversos reportajes de María Elena Castillo, Edmundo Cruz y Angel Páez (La República). Sobre el proceso de exhumación, entierro y juicio a los responsables, véanse diarios, revistas, noticieros y blogs de los últimos meses. Asimismo, la muestra fotográfica: “Si no vuelvo, búsquenme en Putis”, que actualmente se exhibe en la Universidad de Nueva York (NYU) junto con Yuyanapaq.
[2] El Informe Final de la CVR reportó por lo menos 215 masacres perpetradas por el PCP-SL (tomo VI: 33), mientras que por los agentes del Estado reportó 122 masacres o “ejecuciones extrajudiciales”. (tomo VI: 154). Por masacre se definen los episodios donde murieron cinco o más personas. Conforme aumenta el número, se incrementa también la cantidad de mujeres y niños entre las víctimas.
[3] Como sucedió en Callqui (Huanta, Ayacucho 1984).
[4] Como sucedió en Ccayara (Huamanga, Ayacucho 1985).
[5] Los Cabitos era el principal cuartel de Ayacucho, ubicado apenas a las afueras de la capital del entonces departamento del mismo nombre. Véase el libro de Ricardo Uceda: Muerte en el Pentagonito. Los cementerios del ejército peruano, Bogotá, Planeta 2004.
[6] Véase el libro de Rocío Silva Santisteban: El factor asco. Basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo, Lima, RED 2008
[7] “Contribuye”, porque no es sino la continuación de una larga tradición histórica de las elites peruanas en su relación con los militares. Véase el texto de Carlos I. Degregori y Carlos Rivera, Perú 1980-1993: Fuerzas Armadas, subversión y democracia. Redefinición del papel militar en un contexto de violencia subversiva y colapso del régimen democrático, Lima, IEP 1993.
[8]A contracorriente de las FF.AA. de países como Argentina, Uruguay, Chile o Brasil, que replantean su identidad y su ubicación dentro del sistema democrático. Rechazamos con razón la compra de armas de Chile y las hipótesis de conflicto que plantea para sus ejercicios militares. Sobre todo si las armas se compran, como dijo algún comentarista, para “conflictos imaginarios”, que desgraciadamente se pueden convertir en reales si se desboca la carrera armamentista. Pero la modernización de las FF.AA. de Chile no es solo de equipos militares sino de misión y visión dentro de un plan estratégico de largo plazo del Estado chileno, en el cual el vector militar es solo uno entre varios. ¿Tenemos algo remotamente parecido?
[9] Como la que otorgaba la denominada “legislación tutelar” a los pueblos indígenas en la primera mitad del siglo pasado, o la que regía implícitamente también para las mujeres.
[10] CAEM = Centro de Altos Estudios Militares, fundado en 1950. Tuvo su auge entre las décadas de 1960 y 1970. Su lema: “las ideas se exponen, no se imponen”
[11] Si el pez por la boca muere, Giampietri es de veras un pez gordo. Recuérdese su reciente propuesta sobre el VRAE: declarar zonas de emergencia y despejarlas de civiles que “incomodan” la acción militar. Arcaico.
[12] Tal vez demasiados, demasiado tarde. Pero ese es otro debate.
Tomado de Revista Ideele http://www.revistaideele.com/node/587
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Octubre 24th, 2009 leepiensayaktua
x Hasan Abu Nimah
[Traducido del inglés para La Haine por Felisa Sastre] El informe Goldstone aporta pruebas detalladas de los flagrantes crímenes de guerra y contra la humanidad de Israel 
El informe Goldstone, sobre los crímenes de guerra durante las matanzas cometidas en Gaza el pasado invierno, finalmente ha superado su principal obstáculo procesal cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU (HRC, en sus siglas inglesas) aprobó el 16 de octubre una resolución respaldándolo. En la resolución insta “a todas las partes implicadas, incluidas los organismos de la ONU” a ejecutar las recomendaciones del informe- entre las que la que se encuentra el juicio de los líderes israelíes en tribunales internacionales si Israel no lo hace- y elevar el informe a la Asamblea General para ulteriores toma de medidas.
Estados Unidos ha desestimado la resolución por considerarla tendenciosa ya que sólo critica a Israel, y no a los grupos armados palestinos, a los que también se acusa en el informe Goldstone de cometer crímenes de guerra por el lanzamiento de cohetes a Israel que mataron a tres civiles. A Estados Unidos tampoco le gusta que la resolución del HRC incluya hechos no relacionados con Gaza, como la agresiva expansión de las colonias israelíes en el Jerusalén ocupado y el resto de Cisjordania, la construcción del muro de separación en Cisjordania, las interferencias en los Santos Lugares, y los intentos de cambiar las circunstancias demográficas de Jerusalén.
Pero el centrarse en estos temas es totalmente adecuado porque Hamás, al contrario que Israel, incluso se ha comprometido a llevar a cabo investigaciones sobre las actuaciones palestinas tal como exige el Informe. Se puede ser escéptico respecto a la credibilidad de esas investigaciones pero Israel ni tan siquiera ha llegado tan lejos. Por ello, la resolución condena acertadamente “la falta de cooperación de la potencia ocupante, Israel, con la misión internacional de investigación” dirigida por Goldstone.
La resolución es totalmente objetiva en el sentido de que sitúa en su propio contexto la cuestión: Israel es la “potencia ocupante” y los palestinos, el pueblo ocupado, lo que no es lo mismo.
Aunque Israel se negó a cooperar con los autores del Informe, está alarmada por lo que se dice en él, ya que aporta documentos con pruebas detalladas de sus flagrantes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los esfuerzos de Israel para desprestigiar al juez Richard Goldstone- jurista de impecable trayectoria internacional, y judío sionista sudafricano- no ha conseguido sepultar el Informe.
Desde su creación, Israel ha podido evadir sus obligaciones respecto al derecho internacional y durante más de seis décadas ha disfrutado de la protección estadounidense que le ha permitido actuar al margen de la ley con total impunidad.
Lo ocurrido con el informe Goldstone no es una excepción. A principios de octubre, las intensas presiones estadounidenses e israelíes y las amenazas contra Mahmud Abbas y la Autoridad Palestina de Ramala (PA) consiguieron que el líder palestino retirara su apoyo al borrador de resolución del HCR en el que se respaldaba el Informe, lo que pudiera haber acabado con él, pero el escándalo producido entre la opinión pública palestina ante lo que se consideraba una clara traición de Abbas, forzó una cambio de los acontecimientos.
Para los palestinos, acostumbrados desde a hace tiempo a los acuerdos secretos de la AP con Israel, el asunto Goldstone s fue demasiado. ¿Cómo podía Abbas- que supuestamente debería defender a los palestinos- lanzar un salvavidas a los perpetradores de la matanza de Gaza y ofrecerles una vía para eludir su responsabilidad? Ni Abbas ni sus partidarios internacionales y de Israel podían ignorar la creciente rebelión popular contra la AP, ni las cada vez más intensas peticiones de dimisión de Abbas e incluso de juzgarle por traición a su propio pueblo.
Tras unas semanas de justificaciones confusas y contradictorias, Abbas ordenó a su representante en Ginebra que respaldara la resolución del HCR, lo que llevó a su aprobación la semana pasada.
La decisión de Abbas de volver a Ginebra y pedir a una sesión especial del HCR halló cierta comprensión por parte de quienes le habían metido en el berenjenal. Tanto los israelíes como los estadounidenses parece que han comprendido que su vuelta a regañadientes a Ginebra era simplemente una reparación inevitable. Los desesperados esfuerzos de Abbas para salvarse políticamente servían también a los intereses de sus manipuladores que todavía no están seguros de él y del papel que desempeña.
Si bien permitieron la retirada estratégica de Abbas, israelíes y estadounidenses dirigieron sus presiones en esta ocasión a otros miembros del HCR, con la esperanza de conseguir sus votos. Algunos se plegaron a las presiones para apaciguar a EE.UU. e Israel, pero la resolución favorable al Informe se aprobó por 25 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones.
Estados Unidos encabezó el voto en contra, con su habitual política de proteger a Israel de la censura internacional. Al hacerlo y al movilizar a otros para votar en el mismo sentido, Washington está de hecho animando y respaldando la agresión israelí y sus crímenes, y destruyendo cualquier oportunidad de recuperar credibilidad alguna en la región. El breve periodo de esperanzas suscitado por la elección del presidente Obama se ha frustrado irremediablemente al quedar claro que la superpotencia estadounidense sigue aparentemente dirigida por un pequeño estado canalla en lugar de utilizar su fuerza y autoridad para detener las matanzas israelíes de árabes en Palestina y otros lugares, el robo de sus tierras, la ocupación de sus territorios, la escalada de la carrera de armamentos de destrucción masiva, y la amenaza a sus vecinos cercanos y lejanos.
Israel ha engañado durante mucho tiempo a la mayor parte del mundo, afirmando que es la única democracia progresista de corte occidental, rodeada por salvajes y agresivos árabes y terroristas palestinos que quieren destruirla. Una mezcla de hipocresía occidental, miedo, actitudes racistas ocultas, ignorancia y apaciguamiento, ha protegido a Israel demasiado tiempo del pago del precio de sus acciones.
La resolución de condena del HCR a las discriminaciones a los palestinos “ basadas en el origen nacional, la religión, el sexo, edad o cualquier otro tipo de discriminación” como “una grave violación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestinos”, es un reconocimiento internacional, muy bien venido, de la naturaleza racista de las políticas de Israel.
Es demasiado pronto para confiar en que el informe Goldstone pueda tener el efecto directo de llevar a los dirigentes israelíes ante los tribunales internacionales; todavía existen oportunidades para que Israel y quienes le apoyan bloqueen tales actuaciones. Pero Goldstone significa otra gran brecha en el muro de la impunidad israelí que se está derrumbando lenta pero segura. Es cuestión de tiempo antes de que Israel afronte las consecuencias de sus crímenes y quienes apoyan la paz y la justicia deberían alegrase y trabajar con renovado vigor para conseguirlo.
Hasan Abu Nimah fue representante de Jordania en la ONU. Este artículo apareció originalmente en The Jordan Times y se publica aquí con la autorización de su autor.
The Electronic Intifada, 21 de octubre de 2009
Tomado de La Haine http://www.lahaine.org/index.php?p=40878
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Octubre 19th, 2009 leepiensayaktua
Sin embargo, los trabajadores perderían el control de la empresa. Finalmente se suspendió el desalojo de los trabajadores y del grupo Bustamante en la azucarera Andahuasi, ubicada al norte de Lima cerca a Huacho. En los últimos días, se venía desatando un conflicto por el control de la que hasta hace poco era una empresa en manos de sus trabajadores.
Las disputas iniciaron el pasado 30 de abril cuando se eligió a un nuevo directorio ligado al grupo Bustamante. Este directorio estaba conformado por Greco Quiroz Diaz, Manuel Bustamante Olivares, David Jimenez Sardón, el ex ministro Hernán Garrido Lecca, Wilder Ruiz Loayza y David Alonso Zamora. El mismo destituyó del cargo al presidente del directorio, Eduardo Núñez Cámara. Sin embargo este último, mientras mantenía el control de la empresa, habría vendido cerca de 50 millones de soles en acciones al grupo Wong, sin que el resto de los miembros del directorio aprobara la venta. Por su parte, Eduardo Nuñez desconoce al nuevo directorio. El nuevo directorio inició entonces una batalla legal para impedir el traspaso de las acciones mientras que el grupo Wong, junto a Edgar Nuñez, hacía sus gestiones para asumir el control de la empresa.
Debido a estas gestiones, se movilizaron cerca de 1900 policías al mando del Gral. Edmundo Muguraza – el mismo que dirigió el trágico operativo del 5 de junio en la Curva del Diablo – para desalojar de la empresa a los trabajadores y a la administración Bustamante. Los trabajadores, por su parte, anunciaron que planeaban resistir el desalojo, y que estarían dispuestos a todo. Ya anteriormente los enfrentamientos entre los diversos bandos han ocasionado varios heridos de consideración e incluso, el fallecimiento de Julio Chacón Rodríguez, trabajador de la zona, el pasado 27 de agosto. Se temía que con esta incursión policial puede desencadenarse mayores hechos de violencia. Sin embargo, el Primer Ministro Javier Velázquez Quesquén manifestó a la prensa que no permitiría que la policía sea usada como “carne de cañón” para resolver conflictos judiciales. Dijo que la policía debía ir acompañada de representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público para hacer cumplir la ley. Por su parte, la Defensoría del Pueblo aclaró que no existe ninguna orden de desalojo de la coperativa. Explicó que lo que existe es una orden judicial para la reposición de Eduardo Núñez en el directorio de la empresa. Finalmente, el Poder Judicial decidió suspender el desalojo, y se espera que el caso se resuelva finalmente en los tribunales. Intentamos contactarnos con algún representante de los trabajadores, para tener sus posición sobre este conflicto, pero al cierre de edición no fue posible.
Ambos grupos habrían cometido irregularidades, al haber comprado más de un 25% de acciones sin lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). Ante esta irregularidad, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) sancionó a ambos grupos con multas entre 200 y 250 UIT, así como la obligación de vender sus acciones mediante una Oferta Pública de Venta (OPV). El grupo Wong se allanó, pero solicitó la realización de una OPA, en vez de una OPV. Por su parte el grupo Bustamante apeló la sanción impuesta, la que aún no se resuelve.
La empresa azucarera Andahuasi era una de las últimas cooperativas de la reforma agraria que quedaba en actividad. En 1996, mediante un decreto ley promulgado por Fujimori, Andahuasi se convirtió en una sociedad anónima. Sin embargo la misma tenía como sus accionistas mayoritarios a los mismos trabajadores de la empresa. Para el año 2005, el Estado peruano a través de pro-inversión subastó sus acciones, las que fueron compradas por los trabajadores. En la empresa trabaja cerca del 80% de la población de Andahuasi, directa o indirectamente. Ahora los trabajadores y la comunidad están a punto de perder todo lo que tienen frente a los grupos Wong y Bustamante, que buscan asumir el control de la empresa.
Fuente Alerta Perú http://www.alertaperu.org/publicar/nacionales/377-se-evito-la-violencia-en-andahuasi.html
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Octubre 15th, 2009 leepiensayaktua
Da cólera ver a Alberto Fujimori paseando por la DIROES cual Pedro por su casa, fuera de las instalaciones carcelarias que le corresponden en su condición de sentenciado por diversos delitos.
Da cólera contemplar como, a su costado, está el jefe de la DIROES, avalando que el reo esté dando vueltas al lado del ex horno crematorio de droga en lo que fue el Fundo Barbadillo. Curiosa paradoja del ex gobernante en cuyo mandato el Perú estuvo más cerca que nunca de ser un narco Estado (¿Recuerdan las grandes cantidades de droga hallada en el avión presidencial?).
Da cólera recordar que no es la primera vez que se cuestiona el régimen carcelario y las gollerías que tiene este delincuente en su prisión dorada. Primero se suavizó su régimen extrañamente mientras era procesado, luego entraban desde Los Iracundos hasta brujas y sus partidarios de toda la vida cuando les daba la gana, hasta el jefe de la prisión que le prestaba su celular de la chamba para que haga llamadas de larga distancia a Japón. Toda una serie de privilegios tolerados por esa entidad inoperativa llamada Instituto Nacional Penitenciario y sus respectivos jefes.
Da cólera saber que, mientras este delincuente confeso hace lo que le da la gana en su celda, miles de presos pasan por condiciones infrahumanas en muchos centros penitenciarios que ni siquiera merecerían el nómbre de cárcel. Ya ni hablemos de rehabilitación o resocialización. Esos son conceptos extraños para funcionarios que mezclan a reos primarios con delincuentes avezados, que permiten la proliferación de la tuberculosis y el VIH en las prisiones, que permiten tonos tipo discoteca en alguno de los pabellones de una prisión y donde la palabra derechos parece ser desconocida.
Da cólera ver al procesado vocero de los fujimoristas esgrimir pobres argumentos en su cuenta en Twitter. Más rabia da aún ver como algunos periodistas lo tratan con guantes de seda “porque son sus patas” o porque quieren tener una primicia. Como también la da ver como cierta encuestadora se echa ante la hija de un delincuente cuyo único plan de gobierno es liberar a su “api”. Pobre gente.
Da cólera escuchar a los fujimoristas hablar de “persecusión”. ¿La de un Poder Ejecutivo que le permite un régimen carcelario tan laxo? ¿La de un Poder Legislativo donde presiden la Comisión de Justicia y Derechos Humanos – vaya ironía – y donde votan siempre con el gobierno? ¿La de un Poder Judicial que los ha exculpado en los casos en los que no existían pruebas para condenarlos? ¿La de medios de comunicación cada vez más complacientes con la candidata del “hola, besho, abrasho”?
Da cólera escuchar justificaciones para no trasladar a Fujimori a una cárcel común del tipo “fue Presidente de la República”. Olvidan que fue un golpista, alguien que pescaba con recursos del Estado en la selva mientras capturaban a Abimael Guzmán, alguien que es autor mediato de homicidio calificado y secuestro agravado, un confeso corrupto y chuponeador y un cobarde que huyó al Japón y renunció por fax. Hablamos de un sujeto que fue vacado de la Presidencia de la República, a la que insultó con sus actos, por incapacidad moral permanente.
Y, sobre todo, da cólera que este sujeto no esté donde corresponde, una prisión común para un delincuente común.
Fuente: http://www.desdeeltercerpiso.com/2009/10/ampay-fujimori/
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Octubre 15th, 2009 leepiensayaktua
Han transcurrido 4 meses desde los lamentables sucesos de Bagua y es poco lo que se ha avanzado en todo lo que circundó a dichos hechos, desde la investigación de los acontecimientos hasta la atención de aquellos puntos que generaron las protestas amazónicas.
Aquello que ha avanzado más es la formación de comisiones investigadoras sobre el tema. En el Congreso, el grupo es liderado por Güido Lombardi, pero, como menciona Jacqueline Fowks, dadas las visiones contrapuestas sobre el tema, será muy difícil que sus miembros se pongan de acuerdo en un único informe final. Del otro lado, la comisión formada por el Poder Ejecutivo a partir de la Mesa 1 de Trabajo de Pueblos Amazónicos ha comenzado ya sus labores. La semana pasada, estuvieron en la zona para recoger testimonios sobre los sucesos de Bagua. Aquí es donde se tiene una mayor esperanza en que los hechos centrales puedan ser dilucidados, sobre todo en tres puntos centrales: la autoría material de la muerte de los policías, la negligencia de autoridades políticas y policiales y las circunstancias en que fallecieron los miembros de las comunidades amazónicas.
Sobre este tema, se pronunció recientemente el líder amazónico Santiago Maunín, ya reestablecido de sus heridas. Ha señalado la necesidad de esclarecer todas las muertes y que es necesario tomar en cuenta todas las voces. Asimismo, expresó que la salida de Alberto Pizango a Nicaragua le causó un gran daño a AIDESEP y que el dirigente debió afrontar sus procesos judiciales en el país.
El problema más grave está en que las demás mesas de trabajo no tienen mayores avances o no se conoce más sobre los mismos. Hablamos de grupos que tenían que ver el Análisis de los Decretos Legislativos (Nº 2), Consulta Previa a los Pueblos Indígenas Amazónicos (Nº 3) y Plan Nacional de Desarrollo (Nº 4). He allí un obstáculo bastante grave, dado que estos grupos eran los que tenían que presentar propuestas destinadas a solucionar los problemas de fondo, es decir: la carencia de un mecanismo de consulta previa, la necesidad de un plan de desarrollo de la amazonía peruana y el estado de las demás normas cuestionadas y su reemplazo por mecanismos normativos que, sin negar la inversión privada, salvaguarden los derechos de los pueblos originarios.
Finalmente, en lo que respecta a la responsabilidad política del tema, hace algunas semanas Yehude Simon rompió su silenció y acusó a Mercedes Araoz de haber azuzado el conflicto, al señalar que la derogatoria de los Decretos Legislativos cuestionados afectaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, cuestión que fue inexacta. Araoz respondio diciendo que Simon está en campaña. Lo cierto es que Araoz pasó recontra piola en los recambios ministeriales producidos a partir de la crisis política de mitad de año y que tuvo harta responsabilidad en esto, la tuvo.
Ojalá los titulares no se olviden de lo ocurrido. Pero sobre todo, ojalá el Estado peruano aprenda, por fin, la lección. Aunque parece que en el gobierno no la tienen aún muy clara.
Fuente: http://www.desdeeltercerpiso.com/2009/10/bagua-4-meses-despues/
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Octubre 13th, 2009 leepiensayaktua
Por Raul Zibechi
En pocos días se sucedieron dos hechos que revelan, en pequeños países latinoamericanos antes subordinados a Washington, que la ex superpotencia ya no controla siquiera aquellos que fueron sus sólidos aliados durante décadas. Los recientes acontecimientos de Paraguay y Honduras revelan que la retirada imperial de su patio trasero se acelera durante la presente crisis sistémica.
El gobierno de Fernando Lugo decidió suspender el programa Nuevos Horizontes del Comando Sur, que preveía desplegar 400 soldados estadunidenses en acciones “humanitarias”. La presencia militar extranjera en Paraguay fue siempre rechazada por los movimientos campesinos y sociales, pero también por la diplomacia brasileña que nunca vio con buenos ojos la realización de maniobras en zonas calientes como la fronteriza represa de Itaipú, responsable de 20 por ciento de la energía que consume la octava potencia industrial del planeta.
La decisión de Lugo fue explicada en virtud del “nuevo escenario internacional en términos de defensa, seguridad y soberanía”, y el propio presidente aseguró la impronta que tuvieron los debates en el seno de Unasur en su decisión, donde dijo que “fue muy cuestionada la presencia de soldados americanos en la región”.
La respuesta de la embajadora de Washington en Asunción, Liliana Ayalde, quien calificó de “lamentable” la decisión, refleja la impotencia imperial en el que fuera uno de sus más serviles aliados durante ocho décadas. Se limitó a desmentir que la presencia de tropas estadunidenses en Paraguay tenga relación con trabajos de inteligencia vinculados con el Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Tampoco tuvieron resonancia sus menciones a las obras sociales que construyen los soldados del Comando Sur ni a sus operativos sanitarios.
La Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA) y Serpaj-Paraguay denunciaron los operativos Medrete (Ejercicio de Entrenamiento de Aptitud Médica, por sus siglas en inglés) como una forma de injerencia en el país. Grupos de medio centenar de soldados del Comando Sur se adentraban hasta remotas aldeas, en particular en las zonas conflictivas en la lucha por la tierra, donde además de repartir medicinas y anteojos interrogaban a la población y entrenaban a las guardias rurales vinculadas con los terratenientes. La presencia militar estadunidense en Paraguay fue interpretada como parte de un vasto plan de control de una zona estratégica que llevó a Washington, en la década de 1980, a construir, a sólo 200 kilómetros de Bolivia, la base de Mariscal Estigarribia, donde pueden operar aviones B-52, C-130 Hércules y C-5 Galaxy. Con la decisión de Lugo se terminaron las maniobras con soldados que gozaban de impunidad diplomática, y el acceso de Washington a la región da un paso atrás.
El sorpresivo retorno de Manuel Zelaya a Tegucigalpa y su ingreso a la embajada de Brasil colocan al país de Lula en el lugar más destacado en la crisis provocada por los golpistas. Se trata de un éxito notable de la diplomacia brasileña que deja mal parado al gobierno de Barack Obama, que naufraga entre la impotencia y la tolerancia hacia los golpistas.
Lula llevó el tema a la asamblea de las Naciones Unidas y se permitió convocar al Consejo de Seguridad para que tome cartas en el asunto. La acción conjunta Zelaya-Itamaraty (con apoyo venezolano) movió el escenario político regional y el hondureño, colocó por primera vez a la defensiva a los golpistas, que comienzan a cometer errores fruto de la desesperación, y forzó a la comunidad internacional a activarse luego de semanas de peligroso letargo.
En el plano interno, el pueblo hondureño, principal actor en la resolución de esta crisis, parece haber tomado buena nota de las dificultades por las que atraviesan los golpistas y ha incrementado sus movilizaciones, forzando a los usurpadores a mostrar su faceta más gorila y represiva. En el plano internacional, el cerco pasivo de semanas anteriores está dando paso a condenas e iniciativas más contundentes.
El destacado papel de Brasil, colocado ahora en el centro del escenario internacional, contrasta con el pobre papel jugado por la administración Obama que se limitó a dar simples declaraciones y medidas simbólicas como la negativa a conceder visas a los golpistas. Obama parece doblemente amarrado: por la situación interna de su país, donde las derechas más recalcitrantes obstruyen su gobierno y amenazan bloquear reformas básicas como la de la salud, y por su creciente deterioro como potencia global. A Estados Unidos lo desconocen tanto las derechas golpistas como los gobiernos democráticos, porque su legitimidad para diseñar el orden global está en cuestión.
La imagen de Zelaya saludando a su pueblo desde el balcón de la embajada de Brasil es tan imborrable como los unánimes aplausos que cosechó Lula en la Asamblea General de la ONU. Detrás de la demanda de reposición inmediata del presidente hondureño se alinearon la Unión Europea, los gobiernos más tibios de la región y hasta la Casa Blanca. Independientemente de cómo se resuelva la crisis hondureña, Lula y el canciller Celso Amorim saldrán fortalecidos y con ellos el papel de potencia de Brasil.
Es evidente que los huecos que va dejando el declinante papel de Estados Unidos en la región los comienza a ocupar la estrella ascendente de Brasil. Los acuerdos políticos y militares alcanzados con Francia le permiten ahora contar con un sólido aliado para alcanzar el deseado asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ese nuevo papel tiene también sus costos. Brasil seguirá siendo un aliado de Washington, con el que no tiene la menor intención de romper, para afianzar su autonomía y tener las manos más libres en la región sudamericana sin sufrir la obstrucción frontal de Estados Unidos. Para muchos de sus vecinos, el cambio será apenas perceptible, toda vez que la potencia ascendente se comporta como un “subimperialismo”, como señaló Rui Mauro Marini hace ya tres décadas.
Fuente: http://democraciaglobal.org/index.php?fp_verpub=true&idpub=753
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Octubre 7th, 2009 leepiensayaktua
Se acaba de archivar, en la Comisión de Educación del Congreso, el Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo con carácter de urgencia, en el cual se limitaba las facultades del Instituto Nacional de Cultura para designar el Patrimonio Cultural Nacional debido a que, en palabras del Ejecutivo “trababa la inversión privada”. Podemos respirar tranquilos pues, por ahora (y sabe dios hasta cuándo), le seguirá correspondiendo al INC la designación de nuestro Patrimonio Nacional, pero no podemos dejar de ver con alarma esta iniciativa presidencial.
El mismo Instituto de Cultura, organizaciones especialistas en temas culturales, entre ellas la Coalición Peruana para la Diversidad Cultural, se pronunciaron en contra de este proyecto de ley con argumentos muy lógicos. El principal, es que el Congreso de la República no contaba con los conocimientos técnicos y especializados necesarios como para determinar qué es y qué no es Patrimonio Cultural de la Nación. Ahora bien, pese a que a veces no lo demuestre en mis posts, yo dudo mucho que el Presidente García sea un idiota y peque por ignorancia. Acá la cosa no tiene nada que ver con falta de inteligencia en Palacio de Gobierno, sino con una concepción distinta de desarrollo y bienestar para el país.
Me queda claro que para Alan García, la privatización es la manera más efectiva de lograr “desarrollo” en el Perú. Me queda claro, que cree mucho más en el poder empresarial que en la acción estatal (que por cierto, él comanda en este momento, pero parece que ¡ooops!…se le olvidó); sin embargo, una cosa es tener una visión distinta y otra muy diferente es cegarte por tu propia concepción. Por más ultra archi supra neoliberal que sea una persona, no puede así, como si nada, decidir que la conservación del Patrimonio es una traba para el desarrollo porque limita la inversión privada en ciertos espacios. ¡Por favor!
Por otro lado, es preciso que se cumplan los acuerdos nacionales firmados en organismos internacionales, tal como la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (UNESCO, París, 2005). El Perú aprobó este acuerdo.
La intención de García por “fomentar” la inversión privada en todos los aspectos, ha hecho que no vea que existen ciertos límites positivos. El Patrimonio Nacional es uno de ellos, la Soberanía Nacional es otro, la protección al Medio Ambiente también lo es, etc.
Si bien hoy, podemos celebrar que se archivara este peligroso Proyecto de Ley contra nuestro Patrimonio Cultural, sería ingenuo celebrar mucho y dejar de estar alertas a propuestas del Ejecutivo que, como esta, han olvidado los límites positivos y desean fomentar la inversión privada a toda costa, olvidando el papel y la responsabilidad del Estado. Cuidado, porque no es el proyecto en sí el que debe alarmarnos, sino la base sobre la cual fue concebido. Esta base no ha variado, así que estemos atentos a futuras pataditas de García basadas en el mismo argumento.
Fuente: http://menoscanas.blogspot.com/2009/10/la-cultura-se-salvo-pero-hasta-cuando.html
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