Septiembre 29th, 2009 leepiensayaktua
Por Otra Mirada
El día lunes se dio inicio al cuarto juicio contra el condenado Alberto Fujimori por los casos de compra de congresistas tránsfugas, espionaje telefónico y compra de medios de comunicación. Sin embargo, este sería un juicio corto pues, al igual que en el anterior por la entrega de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, el proceso ha concluido de modo anticipado ya que Fujimori ha aceptado por completo la acusación fiscal¹. La fiscalía ha pedido ocho años de prisión para Fujimori, 5 millones de soles de reparación para el Estado y 3 millones para las víctimas de interceptación telefónica.
Este juicio, sin embargo, es distinto al anterior en cuanto a las implicancias que tendría seguir el proceso completo. Si bien el acusado acepta su culpabilidad en los hechos, la conclusión anticipada le permite a Fujimori evitar la confrontación en un juicio público, de modo que la larga fila de testigos en su contra no declarará de manera contundente ni a la vista de todos. De esta manera, evitaría también la sobreexposición negativa de su hija, Keiko Fujimori, su carta para el indulto de ser elegida Presidenta del Perú en el 2011. Recordemos que la candidata fujimorista defiende y apoya a su padre quien, el día de ayer, ha aceptado ser corrupto. Una candidata defendiendo a la corrupción no es una buena opción de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Pero, por otro lado, hay una serie de personajes, tanto del escenario político como relacionados con los medios de comunicación, que saldrían a la luz durante este proceso. Al tratarse de un juicio en el cual la confrontación sería nula, ¿cuántos personajes que por ahí habrían desfilado se están salvando? Y, lo que es más importante, ¿por qué se siguen salvando? Se trata nada menos que de 99 testigos cuyas declaraciones pintarían de cuerpo entero la corrupción vergonzosa del gobierno de Alberto Fujimori, corrupción en la cual hay muchos implicados que siguen paseándose por el escenario político sin que sus actos hayan sido sancionados. ¿Quiénes son? y ¿dónde están? Son preguntas que siguen sin respuesta.
Pero además, aparte de la estrategia del ex dictador, es muy relevante y debe servir de ejemplo negativo el que un ex mandatario sea condenado también por delitos tan graves como peculado, interceptación telefónica, corrupción de funcionarios y cohecho activo. Esto no solo sirve de precedente para los representantes políticos y para la ciudadanía, sino que además resalta la importancia de que los mandatarios actúen respetando las leyes del país pues de lo contrario, tendrán que responder a la justicia.
Fuente: http://blog.otramirada.pe/2009/09/29/%c2%a1soy-culpable/
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Septiembre 28th, 2009 leepiensayaktua
Por Roberto Bustamante
A la izquierda (o a un sector de ella) se le reclama periodicamente un deslinde con la violencia, con “la revolución por la vía armada”. Es un reclamo legítimo, creo, y que además incide en la necesidad por una apuesta por la democracia como sistema de valores, como sistema político.
(Hace casi 30 años, Julio Cotler, en entrevista con César Hildebrandt, decía: “una de las tareas fundamentales de la izquierda en el Perú, es rescatar la democracia, es cumplir una tarea democrática”. Tarea nunca terminada. El debate democracia versus revolución trazó además una línea entre los intelectuales de izquierda en buena parte de la década de los ochentas, registrada en gran parte en Señales sin respuesta, por Ósmar Gonzáles).
La misma crítica es extensible a buena parte de la derecha peruana, sobre todo en la semana de la sentencia a Alberto Fujimori, por crímenes de lesa humanidad. ¿No se debería reclamar también un deslinde con el autoritarismo como forma de gobierno? ¿Crecimiento económico -en entredicho, además, teniendo en cuenta la enorme corrupción, justamente económica- sin derechos humanos? ¿Los costos sociales de la reinserción del Perú al sistema financiero mundial? ¿Las cuotas de sangre para la revolución capitalista en el Perú?
Aquí, una divertida selección de citas, donde distintos periodistas, columnistas, empresarios, etc., buscan atenuar la sentencia de Alberto Fujimori, bajo el discurso del crecimiento económico.
No juzgar al modelo económico:
“La sentencia debe circunscribirse al dictador y sus cómplices, porque no están bajo escrutinio los militares que vistieron y visten con honor el uniforme de la patria. Tampoco debe juzgarse un modelo económico o una postura ideológica.” (La condena moral, Hugo Guerra, 4 de abril del 2009)
“Antes de Fujimori, el Perú era un infierno. El ‘durante’ habría que dividirlo en dos periodos: 1990-1996 y 1997-2001. El primer periodo fue de ensueño y Fujimori fue su artífice, por lo menos, en lo que a pacificación y ordenamiento económico se refiere. Por ello, muchos peruanos consideramos que Fujimori fue un gran presidente. [...] debemos pensar en un Perú “después de Fujimori”: un Perú práctico y efectivo como el primer gobierno de Fujimori, pero lejos –lejísimos– de ese malvado que resultó ser.” (Antes, durante y después de Fujimori, Fernando Cillóniz, 8 de abril del 2009)
La severidad de la sentencia:
“En realidad, esas grietas en el fallo no lo van a invalidar, ni mucho menos; pero sí se prestan a la especulación sobre si existió, al menos en el subconsciente, un elemento político al momento de su redacción. También va a ser motivo de cuestionamiento la severidad de la condena, ya que le han otorgado la pena máxima en un caso basado en indicios, lo que impide descartar totalmente las dudas razonables. Un par de años menos que el máximo habría sido más adecuado.” (La grieta se agranda, Fritz Dubois, 9 de abril del 2009)
“Aunque las encuestas no garantizan la permanencia de las actuales simpatías, la excesiva sentencia a Fujimori podría levantar aún más la candidatura de Keiko.” (Encuesta, sentencia y candidata, Alfredo Ferrero, 9 de abril del 2009)
El termómetro popular:
“Luego de que el tribunal sentenciara a Alberto Fujimori a 25 años, se empieza a notar, con increíble nitidez, dos reacciones: la del Perú oficial y la del Perú real. Los partidos políticos, los medios de comunicación y las élites celebran la severidad de la corte y reconocen que se trata de un hito histórico para la democracia peruana y latinoamericana. Se trata del Perú oficial. Sin embargo, en las ciudades emergentes y andinas que rodean los barrios mesocráticos de Lima y en las áreas rurales del país, Fujimori se ‘victimiza’ y los líderes fujimoristas señalan que la implacable condena “es el triunfo de Sendero Luminoso”.” (Los juicios a Fujimori, Víctor Andrés Ponce, 9 de abril del 2009).
Como relata Óscar Ugarteche, no es casualidad que el paquete de reformas del primer gobierno de Fujimori, llegara al día siguiente del golpe de estado del 5 de abril (paquete “empantanado” en el Congreso de la República). Así, llega la idea fatalista que no había otra, que no eran necesarias las instituciones democráticas para estas reformas estructurales (las que nos han llevado al actual y discutible estado de prosperidad). De ese modo, queda en la memoria de la derecha peruana esta idea del efectivo primer gobierno de Fujimori, donde todo era felicidad y crecimiento, donde el Perú real, no el de los políticos, se empató con él, y que, pucha, pobrecito, hay que tomar en cuenta eso porque la sentencia es excesiva, no se pasen.
Fuente: http://www.elmorsa.pe/2009/04/11/derecha-sale-del-closet/
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Septiembre 28th, 2009 leepiensayaktua
Ahora resulta, que como en el siglo XVI, las huacas son también los perros del hortelano del XXI. El Poder Ejecutivo le ha enviado un proyecto de Ley al Congreso, para que este (el Congreso) se encargue de determinar qué es y qué no es Patrimonio Cultural de la Nación. Y bueno, aquellos privados que no puedan mantenerlo, fueron. Por ejemplo, los que son dueños de casonas coloniales o de hace más de cien años. Los interesados pueden ver el anteproyecto aquí, en Scribd. Claro, para hablar de los dioses prehispánicos es bueno García, pero allí acaba el chiste. Es nuestro Zelig.
Viva el progreso.
Para más información copio y pego carta de Luis Lumbreras y María Elena Córdova sobre el tema, donde, además convoca a firmas de adherencia:
Un Proyecto de Ley del Estado contra la Nación
El Presidente de la República y el Primer Ministro, han remitido al Congreso el Proyecto de Ley Nº 3464/2009-PE para modificar algunos artículos de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296), del 22 de julio de 2004. Dicho proyecto se propone:
1. Retirar al Instituto Nacional de Cultura (INC), la facultad de declarar cuáles bienes deben ser considerados parte del Patrimonio Cultural, encomendando tal función al Congreso Nacional, que no es una entidad técnica, sino política.
Traslada una función que requiere evaluación profesional especializada, al Congreso Nacional que, para cumplir tal encargo, deberá contar con personal técnico que se pronuncie al respecto, en cada caso. Sólo así se evitará atropellar los derechos colectivos nacionales y lo que la Constitución establece en su Art. 21, así como los múltiples tratados y acuerdos internacionales en los que el Estado Peruano está comprometido. De lo contrario, no habría garantía de la ingerencia del poder político en competencias técnicas y funcionales exclusivas y especializadas. Ni el Presidente de la República, ni el Congreso están por sí mismos, por muy alto que sea su cargo, en capacidad de satisfacer esta función, porque es de rango técnico-profesional y no político.
Los técnicos convocados por el Congreso deberán hacer lo mismo que hacen los del INC, con la diferencia, tal vez, de disponer de más recursos y libertad para actuar. Por cierto, podrían aplicarse estos mismos recursos al INC para que aligere sus intervenciones y mejore las condiciones de trabajo de los especialistas y funcionarios a cargo. La diferencia que encontramos es que en un caso depende de una administración de corte político y en el otro de una funcional. Si se aproximan a los expedientes técnicos, los proponentes del Proyecto de Ley podrán apreciar la carga de trabajo que implican; si miran las planillas y recursos del INC podrán constatar que son magros e incapaces de cubrir la demanda. Habría que consultar a los congresistas si podrían suplir las carencias del INC con sus recursos propios.
El argumento que justifica esta propuesta, es que la normativa sobre protección del patrimonio cultural es amplia y contraria a los inversionistas, así como la instancia estatal encargada de su aplicación, que es el INC, que genera retraso y paralización en la ejecución de los proyectos de inversión y en el otorgamiento de la concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos. El traslado de competencias que propone el proyecto de ley no resuelve la preocupación que lo motiva, por el contrario, agrava los términos operativos que son cuestionados, dado que para cumplir la función siempre será necesario la formación de un expediente técnico y su regular proceso, que se complicará con la necesidad de los acuerdos parlamentarios que, además, son de carácter político y no técnico.
El mandato de los congresistas no los califica para dar opinión especializada en temas de arqueología, arquitectura histórica, conservación y restauración, arte y otras materias involucradas en el tema. Lo que lleva tiempo a los funcionarios del INC son las dificultades de transporte, de abastecimiento, de insumos y equipos, que muchas veces deben suplir con su propio peculio. Desde luego hay funcionarios incompetentes o ineficientes, como seguramente los hay en el Congreso. Podría hacerse entonces una depuración mediante evaluación calificada, que sería del mismo tono en el Congreso o el INC, evitando la ingerencia personal o política que pudiera darse. Pero eso no justifica el cambio propuesto sobre el que suponemos deberá pronunciarse el INC, cuya existencia obviamente está en cuestión, gracias a que no se percibe la importancia que tiene.
2. Propiciar el retiro de la condición de bien integrante del patrimonio cultural de la Nación a bienes que ya han sido declarados como tales, mediante la aplicación de una evaluación hecha a partir de criterios subjetivos, como considerar “oneroso o ineficiente”, o cuando su preservación “resulta impracticable”. La evaluación que realizarían funcionarios del Gobierno actual, en un plazo perentorio de 6 meses, implica imponer valores económicos y políticos -que son criterios subjetivos- por encima de las calidades y valores culturales que fundamentaron su declaración como bienes patrimoniales protegidos, al amparo de la Constitución Política del Perú, las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
El patrimonio o propiedad heredada de los bienes culturales es un patrimonio colectivo, reconocido jurídicamente por la Constitución y las leyes como perteneciente a una colectividad mayor llamada Nación. El Estado, de acuerdo a estas normas que son válidas aquí y en el mundo entero, es “custodio” de estos bienes y está en la obligación de:
a. Identificar, declarar, proteger y custodiar el patrimonio cultural y, si las condiciones lo demandan, a intervenir en su conservación, restauración y recuperación.
b. Sustentar dicha identificación y declaración en evaluaciones de carácter técnico, cuya sujeción a reglas de rango universal está sostenida en convenciones y acuerdos internacionales, en las que ha participado el Perú, que es dueño de uno de los más valiosos patrimonios culturales del Continente y el mundo. La evaluación no parte de las premisas de interés económico particular que sustenta la propuesta del Ejecutivo, sino explícitamente está referida a los VALORES CULTURALES, que son los que tiene que salvaguardar el Estado. La deformación o disolución de estos valores que conlleven al deterioro o destrucción del bien, son delitos contra la Nación.
c. Defender y mantener los bienes culturales en su condición de tales, con independencia de los intereses particulares y de coyuntura, con una clara conciencia de que se trata de valores que trascienden las coyunturas. Para eso se crean instituciones como el INC que, en esta fase de la historia se dieron avances institucionales significativos hasta comienzos de esta Administración del Estado y que ahora, en vez de promover su eficiencia y avance, los más altos representantes del Poder Ejecutivo y de quien fue Presidente del Legislativo, lo agreden y minimizan, trasladando sus funciones de rango técnico -que sin duda deben ser mejoradas- a la esfera política, respondiendo a intereses coyunturales de un sector del Estado.
De hecho, esta propuesta -que suscriben el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros- dirigida al Presidente del Congreso de la República, se presenta en uno de los momentos de mayor crisis cultural del país, con el lamentable debilitamiento de las instituciones tutelares del sector cultura, donde el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de la Nación se ven seriamente afectados, dado que son ellos los organismos técnicos que el Estado ha creado para identificar, declarar, conservar y presentar nuestro Patrimonio Cultural.
3. No se puede dejar de mencionar que el Decreto Supremo Nº 009-2009-ED emitido el 19 de agosto del presente año, que ya está en operación y que violando las normas vigentes, que establecen la necesidad de obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), como requisito previo para la intervención de los inversionistas o concesionarios, dispuso liberar de la autorización del INC a los proyectos de inversión pública, creando un precedente absolutamente negativo para la protección del patrimonio cultural, propiciando la destrucción de los yacimientos arqueológicos que pudiesen encontrarse en el territorio afectado, dando inicio a la escalada contra el Patrimonio Cultural que ahora se quiere consolidar con la propuesta de ley.
Consideramos que una reflexión serena sobre este asunto puede contribuir a formar opinión y adoptar actitudes ciudadanas responsables, para demandar que el reconocimiento y respeto de los derechos culturales que nuestra Constitución Política garantiza, sean cumplidos y honrados por la autoridad política del país.
Es una reflexión que los suscritos esperamos compartir con los legisladores del Perú, que no deben pasar esta propuesta del Ejecutivo.
Lima, 22 de setiembre de 2009
Luis Guillermo Lumbreras (DNI 06507443)
Ma. Elena Córdova Burga (DNI 17802599)
Los interesados en adherirse enviar correo a kuskacpd@yahoo.es
La que queda fuera de todo esto, es Cecilia Bákula. Digo, si le quitan parte su chamba de promulgarse esta ley, quizá pueda dedicarse a practicar algún deporte. O algún otro hobby. O aprender esperanto
Fuente: http://www.elmorsa.pe/2009/09/19/atentado-contra-el-patrimonio/
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Septiembre 28th, 2009 leepiensayaktua
Por Roberto Bustamante
En una de sus última columnas, Alberto Adrianzén se refirió al tema étnico (tratado también por Hernando de Soto en su último videohit viral) y a la izquierda peruana y el surgimiento de “un nacionalismo de izquierda con base popular” (ver “La izquierda peruana en su laberinto” y “El indígena como límite”, en La República). Termina Adrianzén con la necesidad de “asumir y profundizar la democracia, redescubrir la importancia del nacionalismo en estos tiempos de globalización, y mirar a los sectores populares”.
José Cornejo, filósofo y autor de Filosofía y socialismo del siglo XXI: ensayos críticos (Editorial Fauno), me envía un carta abierta y respuesta a Adrianzén. Su lectura es interesante para pensar (sí, todavía es importante) el posible papel de la izquierda en América Latina. La publico completa y recomiendo su lectura. He añadido algunos links al texto de Cornejo para ampliar algunos puntos.
Estimado Beto,
No puedo decir que me sorprendió tu editorial del pasado sábado, porque estando en el Perú, me doy cuenta del gran impacto intelectual que las tesis de la colonialidad del saber y del poder, han adquirido en diversos sectores sociales en A.Latina, al punto de convertirse en el nuevo paradigma desde el cual los sectores de la izquierda latinoamericana quieren pensar los problemas de la emancipación y la justicia social desde una perspectiva propia ( no eurocéntrica).
Este nuevo paradigma, promocionado por Clacso, con el concurso de otros intelectuales latinoamericanos, a los que E .Sader, en el último Le Monde Diplomatique de setiembre 2009, llama a construir una teoría revolucionaria en acuerdo la gran radicalidad que manifiestan los movimientos sociales en nuestra región, tiene desde mi punto de vista varios puntos de vista problemáticos, y, que sin ser determinantes, orientan ciertas opciones políticas.
En mi libro (*) he tratado de abordar estos problemas, aunque tal vez por el hecho de abordarlo desde las áridas esferas de la filosofía, no sea siempre fácil comprender la relación entre teoría y política. No hablemos de mis propias limitaciones al abordar estos complejos temas que movilizan grandes problemas téoricos y que muchas veces no son fáciles de vulgarizar.
Te expongo brevemente 3 problemas: el de la historia, su crítica a la modernidad y su horizonte utópico campesino.
1. Las tesis de la colonialidad hacen una lectura maniquea de la historia y del fenómeno imperial y de la forma como se concretizó en nuestra región la dominación española. Se olvidan de que la llamada “conquista” fue fundamentalmente una guerra de indios contra indios. La administración colonial fue una empresa económica y política basada en la colaboración activa de las elites nativas, en una gestión compartida de un sistema de desposesión tributario. No es correcto leer la historia de Iberoamerica desde la perspectiva de 500 años de dominación, debemos también analizar con detenimiento los 500 años de colaboración y de cómo, precisamente, por ser las elites nativas autoritarias, jerarquicas, cazicasgos, optaron por la colaboración para mantener sus privilegios, antes que enfrentarse y resistir la dominación colonial. Es por eso además, que grandes razgos de la cultura andina, son como lo entendió muy bien Arguedas, hispano-andinas, y no es posible entenderlas hoy en día sin entender esta hibridación. Contrariamente a lo que afirma Quijano y a tu lectura sobre la fundamentación última y originaria de las desigualdades en nuestro país basada en el racismo contra lo indio, no sólo la dominación colonial no se basó sobre una delimitación racial, sino que además en el propio mundo andino pre-colombino habían estrategias de exclusión que se mantienen hasta hoy en día, como el desprecio hacia los comuneros de las alturas, o el desprecio de los runas (serranos) contra los sinchis (amazónicos). No se trata de oponer lo étnico a lo social, se trata de prestar atención a la complejidad de las estrategias de exclusión y evitar caer en discursos simplistas y maniqueos que te pueden encerrar en determinadas opciones políticas.
2.Este razonamiento maniqueo no solamente se utiliza para explicar la historia iberoamericana, sino también para criticar al capitalismo y a la modernidad, como aventuras económicas y civilizadoras eurocentricas. El problema de la modernidad es un tema multiple y complejo que tiene muy diversas estrategias de aproximación (las ideas, la historia, la economía) y como éstas se articulan para provocar una ruptura en la historia humana entre las sociedad rurales y las sociedades urbanas. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuestionar la lectura sobre la “excepcionalidad” de la modernidad como una aventura espiritual del occidente e insistir en el caracter intercultural de la modernidad. Haciendo esta crítica a la modernidad como una excepcionalidad europea, debemos evitar caer en el relativismo epistémico y culturalista, que quiere oponer saber propio a saber extranjero colonial, ciencia propia y ciencia colonial, etc. Esto, como se ha visto en la historia pasada, te puede llevar a formas de irracionalismo, a campañas xenofóbicas en contra de los elementos culturales universales del conocimiento humano. El conocimiento es una aventura intelectual de la especie humana, no tiene barreras étnicas ni religiosas. Debemos aprender a movernos en la tensión de ser peruanos y universales, y evitar la fácil y recurrente tentación al provincilaismo y al chauvinismo de lo propio y lo nacional. La derecha peruana cultiva a maravillas este chauvinismo provincialista y lamentablemente muchas veces la izquierda la remeda.
3. Por último, la idealización de lo indígena, te lleva nuevamente a pensar la política desde un horizonte utópico. La comunidad rural, el mundo indígena originario, es el horizonte emancipatorio presentado como una nueva forma de comunidad ideal, armónica socialmente, respetuoso de la naturaleza, etc. Pienso, autrocríticamente, que es un grave error pensar la política desde un horizonte utópico de una comunidad ideal humana reconciliada. Este fue el error del marxismo, que como tú sabes muy bien, fue una manera de secularizar el horizonte intelectual cristiano del paraíso, y de una sociedad en la cual iban a disolverse o desaparecer todas las contradicciones (el estado, la democracia, el mercado). El nuevo indigenismo repite el mismo error, de querer pensar la política y las estrategias de emancipación a partir de un horizonte utópico campesino. Los problemas políticos que se derivan de esta visión son varios, lo que a mi me preocupa particularmente es esta suerte de “socialismo campesino” que como hemos visto en otras experiencias históricas te puede empujar hacia opciones políticas igualitaristas radicales, antimodernas y antiurbanas.
Termino mencionando dos trabajos que seguramente tu conoces del pensamiento de la colonialidad. Pienso que es urgente organizar un debate crítico y alturado de sus tésis. Un abrazo solidario.
Lima, 6 de setiembre, 2009.
José F. Cornejo
Textos del pensamiento de la colonialidad del saber y del poder.
Santos, Boaventura de Sousa (2007), “Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a uma ecologia de saberes“, Revista Crítica de Ciências Sociais, 78
La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. E. Lander (comp) Clacso. 2000
Comentario: Sí considero que el momento del descubrimiento fue importante para la constitución de la modernidad europea (no de toda la modernidad), pero al mismo tiempo, y allí estoy de acuerdo con Cornejo, la modernidad fue una aventura heterogénea. En fin, ojalá se arme algo de debate.
Fuente: http://www.elmorsa.pe/2009/09/07/debates-sobre-la-izquierda-y-la-colonialidad-del-poder/
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Septiembre 28th, 2009 leepiensayaktua
Alrededor de 4 mil niños de comunidades indígenas asháninkas, del distrito Puerto Bermúdez (Oxapampa), dejarían de recibir sus clases escolares si el Ejecutivo no aprueba un Decreto de Urgencia que permita el pago a los profesores de la jurisdicción.
En estas comunidades existen 123 escuelas cuyo financiamiento ha estado siempre a cargo de los padres de familia. Sin embargo, la actual situación económica les impide que las familias sigan asumiendo los 200 soles que cada maestro recibe mensualmente.
Según informó AIDESEP, el ingreso promedio de las familias asháninka oscila entre 50 y 200 nuevos soles.
Por lo tanto, las limitaciones económicas provocan la obligación de los padres de talar árboles de su terreno para financiar la escolaridad de sus hijos.
Ante ello, las comunidades de Puerto Bermúdez solicitaron al Ejecutivo firmar el Decreto de Urgencia, por el cual se solicita financiar la remuneración de los 144 docentes que imparten clases a 3 mil 700 niños, que habitan en las 115 comunidades nativas.
Por su lado, el director de la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Oxapampa, Fernando Cornejo, sostuvo que el citado decreto permitirá subsanar la deuda que tienen los padres de familia con los profesores desde hace cuatro meses.
Además, manifestó que ello abre la posibilidad de recibir una partida de 2 millones de soles anuales para terminar con esa problemática.
Detalló que los recursos para la remuneración de los maestros podrían obtenerse de la reserva del fondo de continencia del Ministerio de Educación (MINEDU) o del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El documento legal fue elaborado hace un año por una comisión técnica de ambos portafolios, y sólo está a la espera de ser validado por el presidente de la República, el primer ministro y el titular del MEF.
Fuente: http://www.servindi.org/actualidad/16958
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Septiembre 28th, 2009 leepiensayaktua
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Septiembre 28th, 2009 leepiensayaktua
El gobierno golpista de Honduras ha dejado en suspenso cinco importantes garantías constitucionales y ha decretado el estado de sitio para todo el territorio nacional durante los próximos 45 días. Pero no sólo eso. Roberto Micheletti se reserva la potestad de cerrar los medios de comunicación que le resultan hostiles y que se reducen prácticamente a dos, Radio Globo y el Canal 36 de televisión. Los cinco derechos constitucionales que quedan anulados son tan importantes como el de libertad personal, libre emisión de pensamiento (libertad de expresión), libertad de asociación y de unión, libre circulación y los derechos de los detenidos.
Tan drástico recorte de libertades fue aprobado por un consejo de ministros celebrado el martes 22 -sólo un día después del regreso de Manuel Zelaya a Honduras- y publicado en La Gaceta (el boletín oficial del Estado) el sábado 26. Lo más curioso del caso es que el gobierno golpista mantuvo la medida en secreto hasta la tarde del domingo, y sólo se la trasladó a la población después de que los citados medios críticos y la prensa internacional informaran sobre el asunto. Tan es así, que durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Presidencial en la tarde del domingo, una periodista extranjera le preguntó al canciller del gobierno de Micheletti, Carlos López Contreras, si era cierto el rumor que ya corría por Tegucigalpa. La respuesta del ministro fue: “No tengo conocimiento, pregúntenle al secretario (ministro) de Gobernación (Interior)”. Cuando este periódico se pudo hacer con una copia de La Gaceta, allí estaba, en tercer lugar, la firma del canciller golpista López Contreras…
El decreto ejecutivo PCM-M-016-2009 ocupa sólo dos folios, pero son dos folios que dan miedo. Porque a fin de cuentas lo que vienen a señalar es que la libertad de los ciudadanos queda a partir de ahora, y por un periodo de 45 días, a discreción de militares y policías, a los que Micheletti da carta blanca. Se podrá detener, dice el texto del decreto, “a toda persona que sea encontrada fuera del horario de circulación establecido, o que de alguna manera se presuma como sospechoso por las autoridades policiales y militares de causar daños a las personas o a sus bienes…” Según el artículo 187 de la Constitución de Honduras, el Gobierno tiene la potestad de suspender los derechos citados en los casos de “invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calidad general”. El artículo siguiente, el 188, deja muy claro que en el territorio en que fuesen suspendidas las garantías anteriores, “se regirá por la Ley de Estado de Sitio”.
Desde su refugio en la Embajada de Brasil, el presidente Manuel Zelaya denunció que el decreto “es una barbaridad que indigna” y volvió a llamar a la resistencia pacífica a sus leales, que visto cómo se van desarrollando los acontecimientos, cada vez lo tendrán más difícil. Por si fuera poco, el Gobierno de Micheletti se mantuvo en sus trece de establecer un ultimátum de 10 días al gobierno de Brasil para que defina la situación de Zelaya y, lejos de amilanarse ante la presión internacional, tomó otra medida de fuerza: impedir que una delegación de la OEA que llegó a mediodía del domingo al aeropuerto de Toncontín pudiera entrar en territorio hondureño. Los delegados fueron puestos de patita en un avión de vuelta. El incidente diplomático coincidió en el tiempo con la llegada al mismo aeropuerto de una hija de Micheletti, a la que el gobierno de EE UU acaba de deportar en represalia por la fechoría cometida por su padre.
Un apunte más: los 45 días de estado de sitio coinciden con la campaña electoral en Honduras. Va a resultar muy difícil que la comunidad internacional otorgue el visto bueno a unas elecciones celebradas con la libertad amputada y con Roberto Micheletti sentado en la Casa Presidencial.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Micheletti/decreta/estado/sitio/Honduras/elpepuint/20090928elpepuint_2/Tes
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Septiembre 25th, 2009 leepiensayaktua
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Septiembre 23rd, 2009 leepiensayaktua
TEGUCIGALPA (Reuters) – Fuerzas de seguridad hondureñas se enfrentaron el martes con cientos de seguidores del derrocado presidente Manuel Zelaya frente a la embajada de Brasil, donde el mandatario se refugió tras escabullirse en el país para intentar volver al poder.
Honduras vive la peor crisis política en décadas desde que a fines de junio militares con el apoyo de la clase política, la justicia y el Congreso, derrocaron a punta de pistola a Zelaya y lo expulsaron del país por supuestamente violar la ley con su intento de allanar camino a la reelección presidencial
El derrocamiento de Zelaya fue condenado por Estados Unidos, la Unión Europea, y Latinoamérica, que prometieron desconocer al Gobierno que surja de las elecciones presidenciales convocadas en Honduras para noviembre.
Los organismos multilaterales cortaron una millonaria ayuda financiera al segundo país más pobre de América.
Zelaya acabó con tres meses de exilio al volver sorpresivamente y de manera subrepticia el lunes a Tegucigalpa buscando refugio en la embajada de Brasil para evitar ser apresado, luego de que las negociaciones diplomáticas y las presiones internacionales para su restitución fracasaran.
Cientos de miembros de las fuerzas de seguridad rodearon el martes por la madrugada la sede diplomática y dispersaron con gases lacrimógenos a simpatizantes de Zelaya que se defendieron con piedras, en una batalla campal que dejó decenas de heridos y varios detenidos.
El presidente de facto, Roberto Micheletti, exigió a Brasil que entregue a Zelaya a las autoridades o que le dé asilo y lo saque del país. También responsabilizó al país sudamericano por cualquier hecho de violencia que suceda.
A continuación algunos de los escenarios sobre cómo podría continuar el conflicto:
ZELAYA SIGUE POR TIEMPO INDEFINIDO EN LA EMBAJADA
Micheletti y el depuesto Zelaya mantienen las posiciones intransigentes que hicieron naufragar tres rondas de negociaciones impulsadas por el presidente costarricense, Oscar Arias.
Mientras Micheletti no está dispuesto a permitir que Zelaya vuelva al poder para terminar con su mandato en enero y asegura que tiene que entregarse a la justicia bajo supuestos cargos de haber violado la Constitución y de corrupción, el derrocado líder dice que su vuelta al poder debe ser incondicional y que el Gobierno de facto surgido tras el golpe no tiene autoridad.
Después de una entrevista con Reuters en la que Micheletti dijo que Zelaya podía quedarse si quería a vivir en la embajada “5 o 10 años”, la posibilidad de este escenario tomó fuerza.
GOBIERNO DE FACTO Y ZELAYA RETOMAN NEGOCIACIONES
Aunque analistas creen que Zelaya no tiene suficiente apoyo social para presionar a Micheletti a una negociación, la comunidad internacional podría ayudarlo.
Entre las soluciones al conflicto que fueron puestas sobre la mesa y que no llegaron a buen puerto figuran una elección presidencial adelantada supervisada por organismos internacionales en la que no participe el depuesto mandatario, que recibiría una amnistía para evitar su arresto.
Analistas creen que su ingreso sorpresivo al país y su refugio en la embajada pueden complicar esta posiblidad.
FUERZAS DE SEGURIDAD INGRESAN EN LA EMBAJADA
Aunque no es muy probable luego de que el presidente de facto aclarara que va a respetar la inmunidad de la sede diplomática, los especialistas no lo descartan como un recurso final.Micheletti podría ordenar a los militares que irrumpan en la sede diplomática para arrestar a Zelaya. El presidente de facto ha mostrado que tiene fuerza interna y sus mensajes son demostraciones de ello, pero los especialistas aseguran que esa maniobra le cobraría un costo político al presidente de facto.
Además creen que desataría una ola de violencia.
ZELAYA PIDE ASILO POLITICO A BRASIL
Zelaya podría solicitar asilo a Brasil y partir hacia el país sudamericano para insistir en su restitución desde el frente diplomático, siguiendo con su campaña para ganar apoyo internacional, a pesar de que las presiones del exterior no han logrado hacer torcer el brazo de Micheletti. Los analistas creen que este sería un escenario poco probable después de que Zelaya optara por volver al país sorpresivamente.
(Reporte de Pablo Garibian)
Tomado de Yahoo News http://espanol.news.yahoo.com/s/reuters/090922/latinoamerica/latinoamerica_honduras_escenarios
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Septiembre 22nd, 2009 leepiensayaktua
El Presidente constitucional de Honduras se encuentra en Tegucigalpa y se dirige a la sede de las Naciones Unidas en ese país, según reportó la corresponsal de Telesur.
En estos momentos en el país hay manifestaciones por parte de la población en general exigiendo el retorno del mandatario y según la corresponsal Regina Osorio gran cantidad de pertenecientes a la resistencia ha llegado hasta la sede de Naciones Unidas para constatar la llegada del Presidente Zelaya al país.
Eduardo Reyna, asesor legítimo del Presidente Zelaya, dijo a Telesur que “podemos confirmar que el Presidente de Honduras está en la ciudad capital”, según le confirmaron sus más cercanos colaboradores. “El pueblo está desbordado y llega hasta las Naciones Unidas a dar la bienvenida a su Presidente”, ratificó.
Tomado de Prensa Alternativa http://alternativaprensa.blogspot.com/2009/09/zelaya-se-encuentra-en-honduras.html
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