Agosto 22nd, 2009 leepiensayaktua
Por Carlos Reyna
Además del orden, la inclusión es el otro lema del Presidente para el segundo tramo de su gobierno. Para algunos lo ha proclamado con convicción. Para otros es solo otra mecida más. Como sea, la inclusión es lo que el Presidente ha escogido para evaluar a su gobierno. Apenas lanzado, sin embargo, aparecen hechos grandes y pequeños que le quitan credibilidad a la oferta.
Entre los grandes hechos está la desatención a la gran mayoría de los afectados por el terremoto del Sur. Esto ha merecido primeras planas e informes especiales de casi todos los medios. A dos años del sismo, hay gente viviendo casi a la intemperie, escombros aún sin recoger, hospitales públicos que ni se han comenzado a reconstruir, presupuestos ejecutados al mínimo. Es obvio que no toda la responsabilidad recae en el Ejecutivo, pero este país es presidencialista para lo bueno y para lo malo.
Otro hecho grande, este sí de íntegra competencia del Ejecutivo, es que no se les garantiza hasta ahora, a las regiones del Sur, el acceso a la provisión del gas producido allí. Pese a las objeciones de los especialistas, se optó por proveer a Lima y por comprometer su exportación. Ahora, las mismas autoridades que defendieron la ley y los contratos causantes de esto les han confirmado a los sureños que el gas no alcanza.
Si los damnificados del sismo en el Sur, o las regiones que no ven garantizado su acceso al gas, no perciben como exclusión lo que viven, de hecho sí lo perciben como algo muy parecido: desigualdad, centralismo, olvido. Lo que importa es el efecto de corrosión que tiene el desempeño del gobierno sobre sus propios ofrecimientos.
A esos hechos grandes se suma una muestra de hechos recientes, disímiles pero todos expresivos de la exclusión o de algo equivalente, la negación de derechos. Los trabajadores despedidos que no fueron reconocidos en las listas aprobadas por el Ministerio de Trabajo; el maltrato a los deudos de los policías caídos en Bagua; el 46 % del personal policial que debe trabajar más de 100 horas a la semana, muchas de ellas como guardias privados; los trabajadores sin derechos del 66 % de las empresas privadas que funcionan en la informalidad laboral; la mayor dureza de los bancos en los intereses cobrados a las pymes y a las personas naturales; el abuso de empresas como Telefónica en su cobro de tarifas; la pérdida de valor de los fondos de los pensionistas a los que se impide cambiar de sistema cuando se les dé la gana.
Estas son, apenas, las experiencias de negación de derechos que han merecido primeras planas en los diarios de los últimos 15 días. Algunas afectan incluso a capas medias. Feministas, indígenas o poblaciones pobres tendrían mucho que aportar al muestrario. Pero es suficiente para denotar qué poco creíble puede ser un lema como inclusión si este viene de predios oficiales.
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/item/67403#more
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Agosto 20th, 2009 leepiensayaktua
Survival, 12 de agosto de 2009).- Nuevas fotografías aéreas han revelado la acción de madereros ilegales en una reserva amazónica, destinada a pueblos indígenas aislados y extremadamente vulnerables.
Las imágenes muestran campamentos de madereros dentro de la Reserva Murunahua en Perú, que se creó en 1997 para proteger a los indígenas aislados murunahua. Asimismo, se han encontrado tres campamentos más en la reserva.
La presencia de madereros ilegales en esta zona se ha convertido en un asunto de relevancia internacional después de que el Gobierno de Brasil afirmara que los madereros estaban ocasionando la huida de pueblos indígenas aislados de Perú hacia Brasil.
El Gobierno de Perú no admite la presencia de madereros en la zona y, recientemente, dijo que no había evidencias de que hubiera indígenas huyendo a través de la frontera.
“Los cuatro campamentos parecen activos. La tala ilegal en áreas protegidas supone una grave amenaza para los pueblos indígenas que viven en la región. Estos indígenas aislados no sólo son muy vulnerables a las enfermedades transmitidas por los foráneos, sino que además existe un historial de violento conflicto entre ellos y los madereros”, señala Chris Fagan, miembro de la organización conservacionista estadounidense Round River Conservation Studies, que sacó las fotografías.
Algunos indígenas murunahua ya han sido contactados por los madereros, lo que ha supuesto la muerte estimada del 50% de ellos. Uno de los supervivientes dijo a un investigador de Survival: “Cuando ha venido este contacto con los madereros, salimos del monte. De eso comenzó la enfermedad. Por eso se murieron la mitad.”
El director de Survival, Stephen Corry, indicó hoy: “Estas fotografías demuestran que los madereros están dentro de la Reserva Murunahua. El Gobierno peruano debe actuar inmediatamente, deteniendo la tala y dejando a los indígenas aislados vivir en paz. El destino de los indígenas aislados de Perú era, después de todo, una de las preocupaciones en las protestas indígenas que paralizaron gran parte de la Amazonia este año”.
Chris Fagan está disponible para entrevistas (en inglés).
Lee el comunicado de Round River y ve un mapa aéreo de la zona.
Más información:
Miguel Ángel del Ser: +34 91 521 72 83, comunicacion@survival.es
Tomado de Red Autónoma de Comunicación-Ucayali http://reducayali.blogspot.com/2009/08/fotos-aereas-muestran-la-presencia-de.html
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Agosto 18th, 2009 leepiensayaktua
Un gran faenón. Miles de familias siguen durmiendo en carpas en el sur a dos años del terremoto que destruyó las ciudades de Pisco, Chincha e Ica. Los avances en la reconstrucción han sido mínimos, pero el faenón habría sido millonario.
El año pasado el presidente García anunció que el Gobierno había invertido 1123 millones de soles para la reconstrucción de Pisco, Chincha e Ica. Sin embargo, sólo se ha podido comprobar la inversión de poco más de la mitad de esa cifra, es decir, 660 millones. Esa es la primera conclusión que se obtiene luego de leer los informes preliminares de la Comisión de Fiscalización y Presupuesto del Congreso de la República, sobre las inversiones en el sur. La Comisión sólo ha podido probar, en base a las normas legales emitidas entre el 15 de agosto del 2007 y el 15 de agosto del 2008 la transferencia de los 660 millones al FORSUR. Esto significa que en el mejor de los casos, el presidente García mintió al país diciendo que invirtió un monto mucho mayor al que realmente invirtió el Estado. Sin embargo, tampoco se cuenta con suficiente información sustentada sobre la utilización del dinero ya que muchas de las instituciones investigadas, como el Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el Ministerio de Educación (MINEDU) no han entregado a la Comisión del Congreso los documentos necesarios.
Mientras tanto, los progresos en la reconstrucción son mínimos. Se estima que el avance llega a sólo un 25% y muchas obras clave están paralizadas. Al Hospital San Juan de Dios de Pisco, por ejemplo, le han colocado tres veces la “primera piedra”, pero su construcción no muestra ningún tipo de avance. Hasta el momento sólo se han reconstruido 18 colegios, de un total de 61 que fueron afectados. Se ha detectado serias irregularidades con el “Bono 6000”, la subvención de 6000 soles otorgada por el Estado para que los ciudadanos reconstruyan sus casas. En la ciudad de Pisco, el 40% de la ciudad no tiene luz y sólo el 20% de los hogares tiene desagüe en buen funcionamiento. En Chincha, sólo se ha avanzado un 15% la reconstrucción de lo que fue dañado por el terremoto.
Tomado de Alerta Perú http://www.alertaperu.org/publicar/nacionales/332-600-millones-de-soles-faltantes-en-la-reconstruccion-del-sur.html
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Agosto 15th, 2009 leepiensayaktua
El gobierno ruso ha puesto en su lista de grupos extremistas a los punks y a todo movimiento político-musical que posea un discurso contra-hegemónico. Colocándolos bajo vigilancia.
Para continuar la lectura recomiendo el traductor: http://translate.google.com/translate_t?hl=es#
L’un de nos Observateurs pour la Russie, le blogueur Sean, nous raconte que la liste des “extrémistes” à surveiller vient d’être étendue aux punks par les autorités russes.
Sean Guillory fait une thèse sur l’histoire des ligues communistes à l’université de Californie (UCLA).
Les autorités russes étendent constamment leur définition de l’extrémisme. Maintenant, la liste des extrémistes va inclure toute une variété de sous-cultures jeunes, des skinheads aux
fans de Kino, le légendaire groupe de rock de la période soviétique. C’est en tout cas ce qu’explique ce
rapport du bureau du procureur de Saint-Petersbourg. Le quotidien
St. Petersburg Times donne plus de détails :
“D’après le rapport, le département criminalité de la police a identifié et ajouté à sa liste ‘88 personnes liées aux skinheads, à des groupes de supporters de foots violents, aux punks, aux emos, aux Black mettallers, aux fans de Kino ou de groupes de rock alternatifs, aux anarchistes, etc’. Kino est un groupe de pop-rock local de l’ère soviétique, influencé par Duran Duran et The Cure, qui est toujours populaire aujourd’hui. […] Le rapport indique que ce travail [de surveillance] est conduit par la police criminelle, mais aussi par la police de proximité et celle en charge de la délinquance juvénile. Une fois identifiés et listés, les membres de ces groupes font l’objet d’un ‘travail préventif’ de la part d’agents de police et d’éducateurs pour ‘prévenir les crimes, notamment ceux liés à l’extrémisme’”.
Magnifique ! Mais rien de nouveau dans tout ça. Une liste des musiques “
idéologiquement nuisibles” avait été concoctée par le Komsomol (Union des jeunesses communistes) dans les années 80. Ça n’a pas marché à l’époque, je ne vois pas comment ça pourrait marcher aujourd’hui. On pourrait penser que la police de Saint-Petersbourg a des choses plus importantes à faire… En tout cas, le punk n’est pas mort, mais il est sous surveillance.”
Tomado de France24 http://observers.france24.com/fr/content/20090720-punk-pas-mort-mais-il-est-sous-surveillance
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Agosto 13th, 2009 leepiensayaktua
Los dirigentes de las comunidades nativas del país no celebraron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Prefieren aprovechar esta ocasión para recordar al país que todavía tienen algunas demandas urgentes que podrían perderse entre las promesas políticas y el olvido de la opinión pública.
1. Que cese la represión. Según Daysi Zapata, presidenta interina de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el actual gobierno ha revelado en las últimas semanas su carácter poco comunicativo y autoritario. “Hay una persecución política y penal contra 13 de nuestros dirigentes que aún están presos en la cárcel de Huancas (provincia de Chachapoyas, Amazonas)”, afirma. Y agrega que tres de sus líderes están asilados en Nicaragua, incluido Alberto Pizango.
En realidad, desde que en julio del 2007 se aprobó el decreto legislativo 982 que modificó el Código Penal para declarar inimputables a los militares y policías que causen lesiones y muertes “en el cumplimiento de su deber y en uso de las armas en forma reglamentaria”, se consolidó esta tendencia a priorizar el gas lacrimógeno por sobre la palabra. Para Wilfredo Ardito, se trata de la “militarización de los conflictos sociales”.
Lo cierto es que luego del convulso desalojo de la carretera Fernando Belaunde el 5 de junio, sobrevino una actitud hostil con dirigentes selváticos como el reconocido dirigente aguaruna Santiago Manuin, quien todavía está acusado de homicidio a pesar de que el gobierno, a través del ex primer ministro Yehude Simon, admitió que se había cometido un exceso. Y es que Manuin, herido gravemente de bala, fue uno de los primeros en condenar la violencia. Incluso, Simon se comprometió a ayudar en la recuperación de su salud. Pero Daysi Zapata, quien lo visitó hace poco, revela que hoy “está muy pálido, aún sigue custodiado por efectivos policiales, con peligro de ser encarcelado y tiene una deuda de cerca de 20 mil soles en el hospital de Chiclayo”.
2. Que no busquen dividirlos. Hace unos días, sorprendió la aparición en el ruedo político de un nueva junta directiva de Aidesep que se autoproclamaba como la genuina. Encabezados por Alexander Teets, un líder de la etnia awajún, se dejaban ver varios ex miembros de la dirigencia oficial que, aparentemente, arribarían fácilmente a acuerdos con el gobierno. De hecho, según Zapata, “este Aidesep paralelo fue promovido por el Instituto de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, que es de la gente aprista. En diciembre del año pasado, cuando Pizango fue elegido presidente en el seno de un consejo nacional de la organización, yo gané la vicepresidencia frente a Teets. Desde allí fue un renegado”.
Daysi Zapata recuerda que los nuevos “dirigentes” no asistieron a las primeras reuniones en las mesas de diálogo establecidas entre el gobierno y las comunidades nativas de la selva; y que el 21 de julio los representantes regionales de Aidesep ratificaron a Alberto Pizango como su líder máximo. Y también lanza una advertencia: “Los apus de Bagua e Imaza han acordado que, si Alexander Teets pasa por la zona de Santiago, donde normalmente es visto, lo van a capturar y castigar”.
3. Que se resuelvan sus conflictos. Uno de las casos latentes de tensión con empresas multinacionales es el del pueblo shipibo konibo y la petrolera estadounidense Maple Gas, en el distrito de Contamana (provincia de Ucayali, Loreto). Allí una investigación de Aidesep mostró el 2005 que esta empresa no solo contaminó las aguas de los ríos de la zona de Canaan de Cachiyacu y estropeó parte de las zonas cultivadas, sino que su presencia trajo consigo altos índices de neumonía, diarrea y enfermedades de transmisión sexual en una población indígena que no solía sufrirlas. Según Daysi Zapata, luego de varias tomas de los nueve pozos petroleros que operan en este lugar, las demandas de indemnizaciones aún no han sido atendidas.
Para el antropólogo Alberto Chirif, experto en temas amazónicos, el patrón del comportamiento estatal ha sido “negar la evidencia (de las malas prácticas empresariales)”. Es el caso del levantamiento de los nativos achuares en el río Corrientes (Loreto) el 2006, para protestar por la contaminación de sus aguas debido a la extracción de petróleo. Entonces, se tardó muchísimo en validar los informes del propio gobierno, que demostraron que sus pobladores tenían niveles excesivos de metales pesados en su sangre (Minsa) y que la cantidad de peces había disminuido considerablemente (Produce). Por todo esto, Aidesep anuncia que incluirá el tema medioambiental en las discusiones del Grupo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, actual encargado de solucionar esta problemática.
4. Que se sepa la verdad. La constitución de una Comisión de la Verdad de los sucesos de Bagua que viaje hacia esa zona e investigue las causas y consecuencias de las muertes de policías y nativos durante el desalojo de la carretera Belaunde, además de ofrecer conclusiones y recomendaciones a todo el país. Esa es la función de la primera de las cuatro mesas de diálogo instaladas el 22 de junio e integradas por dirigentes indígenas y funcionarios del gobierno.
Si bien este proceso ya está encaminado y es probable que el Grupo Nacional se reúna en las próximas semanas para nombrar a los comisionados, Carlos Navas, coordinador de la mesa 1 y representante de Aidesep, acusa poca voluntad política de parte del Ejecutivo para conformar esta comisión. Y es que, mientras ellos, junto a miembros de la Iglesia Católica y la Confederación de Comunidades Amazónicas, presentaron el 20 de julio una propuesta de ocho posibles integrantes, entre ellos el psicoanalista Jorge Bruce, el gobierno central todavía no propone los suyos.
5. Que se deroguen los otros decretos. Si bien ya se retiraron del ordenamiento legal peruano los decretos legislativos 1090 y 1064, referidos a la gestión de los recursos naturales de la selva, los dirigentes indígenas aún luchan por la derogación de otros siete decretos también inconsultos. Uno de los más cuestionados es el 1089, que encarga al Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal titular los predios rurales. “En la práctica, este organismo busca imponer el esquema urbano de manzanas y divide nuestras tierras. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir así, la gente la confunde. Exigimos que se titule nuestros terrenos sin ‘manzanearlos’”.
El Perú a contracorriente
El anuario “El mundo índigena 2009”, presentado la semana pasada en la Feria del Libro, señala que el Perú no sintoniza con los procesos de reconocimiento indígena registrados en países desarrollados como Australia y Estados Unidos, donde se ha pedido disculpas a los nativos por los abusos del pasado. Sin ir muy lejos, en Paraguay una comisión investigadora ha encontrado que su gobierno es responsable del despojo continuado de las tierras de los nativos en las últimas décadas; Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en ratificar la Declaración Universal de los Derechos Indígenas el 2007; y Ecuador incluyó en su nueva Constitución derechos a la naturaleza y principios ancestrales como el “Sumak Kawsay” (vida límpida y en armonía)
Fuente: http://www.larepublica.pe/archive/all/domingo/20090809/22/node/210638/todos/1558
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Agosto 12th, 2009 leepiensayaktua
Por Arturo Caballero
El neoliberalismo educativo ha provocado la desaparición progresiva de las humanidades en los planes curriculares de los niveles secundario y superior por razones estratégicas. Las humanidades tienden ha socializar al individuo y permiten que estos establezcan lazos solidarios con sus semejantes a través de la transmisión de vivencias interpersonales que no poseen los llamados cursos de “ciencias”. Por ello, las humanidades ofrecen una ventaja cualitativa frente a los de ciencias formales. En relación a esto, Mario Vargas Llosa señala que:
“La especialización trae, sin duda, grandes beneficios, pues permite profundizar en la explotación y la experimentación, y es el motor del progreso. Pero tiene también una consecuencia negativa: va eliminando esos denominadores comunes de la cultura gracias a los cuales los hombres y las mujeres pueden coexistir, comunicarse y sentirse de alguna manera solidarios. La especialización conduce a la incomunicación social, al cuarteamiento del conjunto de seres humanos en asentamientos o guetos culturales de técnicos y especialistas (…) Ciencia y técnica ya no pueden cumplir aquella función cultural integradora en nuestro tiempo, precisamente por la infinita riqueza de conocimientos y la rapidez de su evolución (…)” (2001: 44-45)[1].
Más allá de la simple adquisición de datos y de la evaluación periódica, los maestros deberían preocuparse, parafraseando a Jorge Luis Borges, en que sus alumnos se “enamoren” de su curso. Un poema, una novela o un cuento pueden sensibilizar a una persona al grado de abstraerla de una realidad adversa o inmunizarla contra la indiferencia y el conformismo. Así mismo, un la revisión crítica de nuestra historia contribuirá a disipar los malentendidos que tras generaciones se han ido retransmitiendo: un pasado glorioso, pero un presente vergonzante; o el bálsamo consolador del “mendigo sentado en una banca de oro”.
Pero ¿qué actitud asume el neoliberalismo en este panorama? Alienta el individualismo extremo que prescinde del otro, puesto que en la medida que exalta la libertad negativa (la no interferencia del otro en mi autonomía) anula la participación ciudadana, subestima la importancia de los movimientos sociales y la deliberación de la sociedad civil en la política nacional, y en consecuencia, dificulta la solidaridad. El neoliberalismo considera al individuo-propietario como el motor exclusivo del desarrollo social. Restringe la definición de ciudadanía al rechazar las demandas organizadas de la población y el reclamo colectivo de derechos ciudadanos por considerarlos una amenaza a los ciudadanos individuales, en particular si son propietarios (Lynch 2005:88)[2]. No es un azar que en las universidades empresa no exista representación estudiantil ante la asamblea universitaria ni tercio estudiantil ni centros federados. Por esto, no basta solo con una concepción “negativa” de la libertad “sino también ‘positiva’ (como posibilidad para el desarrollo personal, el ejercicio de deberes con la comunidad y el logro de condiciones para que la libertad sea factible)”.
¿Qué otro motivo tiene el neoliberalismo –además de atomizar la sociedad y así impedir la participación colectiva– para desaparecer a las humanidades? Una simple razón: las humanidades son un campo fértil para el cuestionamiento, la crítica y la subversión de lo establecido. En contraste, el neoliberalismo privilegia lo utilitario, lo práctico y los resultados inmediatos (utilidades y productividad a corto, mediano y largo plazo; la lógica del costo-beneficio); a la vez que considera imprácticos, por no decir improductivas, a las humanidades, porque, supuestamente, no poseen una aplicación explícita. Nociones como esta, ignoran el hecho que las civilizaciones más encumbradas de la historia universal alcanzaron un notable equilibrio en ciencias, artes y humanidades y no solo en una rama del saber). Esta forma de pragmatismo suele guiar la elección de una carrera profesional prestigiosa, en oposición a las no tan aclamadas humanidades. Estudiar una carrera que “dé buena plata” es el imperativo que guía a la gran mayoría de estudiantes en la actualidad. Así que si el secretariado trilingüe español-inglés-chino mandarín se pone de moda, alguna universidad implementarán una facultad ad hoc que transforme esa necesidad en la carrera del futuro.
La estrategia ideológica aquí cosiste en inhibir el espíritu crítico: un sujeto práctico no cuestiona lo establecido porque no busca explicaciones, sino que solo ejecuta instrucciones. La única cuestión que formulará, será el no encontrarle fines a los medios, lo que se evidencia en preguntas del tipo ¿para qué sirve la ética?, ¿para qué le sirve la antropología a un abogado? o ¿porque un economista debe llevar dos años de estudios generales?
Por otro lado, la disminución en la exigencia académica a los postulantes –de parte de las universidades empresariales– posee una finalidad práctica: aprovechar la demanda que no es absorbida por las universidades tradicionales. ¿Por qué un joven –en un país donde el ingreso a la universidad es casi un ritual social a la altura de la confirmación o el matrimonio– se expondría a un exhaustivo examen de admisión en la PUCP, San Marcos o la Antonio Ruiz de Montoya corriendo el riesgo de no aprobarlo si con solo llenar un formulario y una carta de recomendación de su miss o profe del colegio bastaría para ingresar? Ubicarse dentro del tercio superior en la secundaria no representa una valla imposible de superar si tenemos en cuenta que los Programas No Escolarizados (PRONOE) y muchos colegios privados preuniversitarios tienen como consigna aprobar, a como dé lugar, a sus alumnos. Por lo tanto, debemos sospechar de la validez de estos tercios superiores.
A nivel de universidades –y en general en todos los niveles educativos– la actuación de neoliberalismo educativo ha sido visible sobre todo desde la década del 90; que no fue solamente la de la corrupción, la dictadura con fachada democrática, el atropello a los derechos humanos o la hipoteca de la conciencia periodística; sino también, de la consolidación del neoliberalismo en distintos ámbitos de nuestra sociedad. Fujimori institucionalizó la frase «a la universidad se va a estudiar y no a hacer política» desde que las universidades fueron intervenidas por las fuerzas armadas. Gran parte de la ciudadanía recibió con complaciente beneplácito (al igual que con el autogolpe del 5 de abril de 1992) el hecho de que en las universidades nacionales los estudiantes no perdieran el tiempo en discusiones políticas y se apresurasen a aprobar sus cursos, graduarse y conseguir un empleo; todas ellas aspiraciones legítimas y muy nobles, pero que en el contexto en el que se desarrollaron sirvieron para apuntalar el utilitarismo y el pragmatismo en la educación.
En este sentido, el Decreto Legislativo Nº 882, “Ley de Promoción de la Inversión en la Educación” fue el acta de nacimiento del neoliberalismo educativo a la peruana “una norma paralela a la Ley Universitaria, una iniciativa impulsada bajo el fujimorato por influyentes empresarios ávidos por invertir en la educación superior”. (Gamio 2007)[3]. La referida norma señala en su artículo 2º que «Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa».
Aparentemente, esta norma pretendía atenuar las deficiencias de la educación estatal; sin embargo, los resultados dicen lo contrario: si bien los beneficios económicos para los promotores educativos han sido óptimos (profesores con sueldos por debajo del mínimo o impagos durante mucho tiempo, sin título profesional, con profesiones inconclusas, sin beneficios sociales y sin la seguridad de que al siguiente mes continuarán laborando: todo ello representa un enorme ahorro en los costos y mayores márgenes de utilidades) también es cierto que grandes corporaciones educativas suelen comprar resoluciones directorales de colegios particulares al borde de la quiebra, prescindiendo luego de todo el personal que antes laboraba y, eventualmente, del alumnado que no pudiera pagar las nuevas pensiones.
El ajuste estructural de sesgo neoliberal aplicado en el Perú en la década del 90 no produjo el despegue de la educación nacional y, por lo tanto no resolvió sino que agudizó su crisis. La liberalización del mercado educativo benefició a los inversionistas y en menor proporción al docente e introdujo en los últimos meses una política educativa de satanización de la carrera magisterial en la que se endilga al maestro toda la responsabilidad de la crisis de nuestro sistema educativo como si el Estado que lo instruyó en universidades estatales y le dio trabajo, ni fuera parte integral del problema.
¿Cómo salir del laberinto?
El diagnóstico y la crítica son un buen comienzo, pero insuficientes si es que no se refuerzan con la acción para el cambio y este, a mi modo de ver, no vendrá jamás de las estructuras que detentan el poder porque el poder no dialoga, el poder es monológico. El cambio deberá venir de la sociedad civil organizada y deliberante en los asuntos que atañen y ello porque no hay evidencia histórica que demuestre que una ideología hegemónica haya renunciado voluntariamente al poder y a sus privilegios una vez que se inician las transformaciones sociales (Borón 2007:38) [4]. Pensar que los que detentan el poder en un acto de hidalguía cederán la posta con beneplácito a fuerzas progresistas es, políticamente hablando, un disparate. Aquellos conocen muy bien que saber es poder; por eso han capturado la educación.
[1] VARGAS LLOSA, Mario; 2001: La literatura y la vida. Conferencia magistral. Lima: UPC.
2 LYNCH, Nicolás; 2005: ¿Qué es ser de izquierda? Lima: Sonimágenes.
3 GAMIO, Gonzalo; 2007: “Buscando razones (y emociones) para no discriminar. El cultivo de las humanidades y la defensa de los derechos humanos”.
4 BORÓN, Atilio; 2007: Reflexiones sobre el poder, el estado y la revolución. Córdoba: Espartaco.
Fuente: http://cireps.blogspot.com/2008/06/neoliberalismo-educativo-la-peruana.html
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Agosto 12th, 2009 leepiensayaktua
Por Rosa Montalvo Reinoso
“Ante la dictadura golpista, resistencia feminista, ni golpes de Estado, ni golpe a las mujeres,” gritaban las mujeres feministas hondureñas hace unos dias, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) en repudio al nombramiento por parte del gobierno de facto de Martha Díaz Velázquez como ministra de esta institución.
El INAM se creó luego de Beijing como parte del compromiso que hicieron los gobiernos de crear mecanismos para el adelanto de las mujeres; es pues una institución formada gracias a la lucha del movimiento feminista y del movimiento de mujeres.
“Es nuestro porque acá en Honduras hemos sido parte de todos los espacios, donde cada palabra escrita en la ley de creación del INAM, en la Política Nacional de la Mujer, en el primer Plan de Igualdad de Oportunidades y en el segundo Plan de Equidad e Igualdad de Género, están – no nuestros sueños y aspiraciones – pero sí el piso mínimo al que aspiramos como mujeres y ciudadanas de este país,” señala un comunicado de Feministas en Resistencia, colectivo que agrupa a distintas organizaciones feministas que desde el primer momento del golpe se encuentran movilizadas, exigiendo la restitución del orden constitucional, roto en el país el 28 de junio cuando arbitrariamente el presidente Zelaya fue secuestrado de su casa y enviado a Costa Rica, en ropa de dormir. Algunos memoriosos en el Perú no pudieron dejar de comparar este hecho con lo sucedido al presidente a Belaúnde en 1968 cuando fue sacado de su casa en ropa interior por los militares golpistas.
“No es posible que en las puertas del Instituto Nacional de la Mujer, donde se defiende los derechos humanos de las mujeres, donde todas nosotras las mujeres feministas luchamos para que en Honduras las mujeres no sufran violencia doméstica, seamos atacadas de esa manera” (1) dice con indignación una joven del colectivo luego del feroz ataque que sufrieron por la policía que trataba de desalojarlas. Y es que el colectivo Feministas en Resistencia está conformado por mujeres de todas las edades, muchas, muchas jóvenes que con las mayores están poniendo el cuerpo y la vida en defensa de la democracia, una democracia que, debemos decirlo, no nos ha tratado muy bien a las mujeres.
En el caso de Honduras, no puede dejar de mencionarse las condiciones de trabajo de las mujeres en las maquilas, las cuales tuvieron un extraordinario crecimiento en el país a finales de los 80 en el marco de las reformas económicas y los nuevos marcos normativos que se generaron para impulsar la inversión extranjera. Existen en Honduras unas 229 empresas maquiladoras, las cuales en su mayoría se dedican a la confección, ensamblando piezas o haciendo el terminado de ropa que ya viene cortada para ser reexportada. Estas empresas utilizan sobre todo mano de obra femenina, que según algunos informes llega a un 69%, siendo en su mayoría mujeres entre los 18 y 25 años. No significa ello que deje de haber mujeres de menor edad, o mayores, aunque en este último caso, según señala Maria Luisa Regalado, de la Colectiva de Mujeres Hondureñas, en entrevista a Adital, tendrán más dificultades de ser contratadas: “Las discriminaciones son muchas. Desde su reclutamiento, en cuanto a la práctica de revisión del cuerpo, exámenes sanguíneos y otros. Tienen dificultades para ser contratadas, si son mayores de 30 años, si tienen varices, si tienen sobrepeso y si han tenido operaciones de cesárea.” (2)
Y ni hablar de las múltiples secuelas que deja en las mujeres las extenuantes jornadas de trabajo, que llegan a las 14 horas diarias. Una de las más graves tiene que ver con los trastornos músculo esqueléticos que se producen por los movimientos repetitivos que realizan las obreras, muchos de ellos irreversibles, que afectarán indefectiblemente su calidad de vida futura, y estamos hablando de mujeres jóvenes.
Asimismo, un claro caso de restricciones a los derechos de las obreras lo constituye su inclusión en las llamadas “Listas negras”, que son registros realizados por determinadas empresas con los perfiles de obreras para impedirles acceder a un contrato de trabajo. Ser incluida en una lista negra suele ser generado por la participación en intentos de organización o en actividades en defensa de sus derechos laborales.
Un informe realizado por el Centro de Estudios de Mujeres de Honduras en el 2007 (3) señala que cuando una persona empieza a buscar trabajo en alguna otra empresa del parque industrial, una pregunta de rigor es sobre su trabajo anterior o el pedido de su tarjeta de identificación para corroborar sus datos: “Algunas son despedidas en el mismo instante que entregan su documento de identificación, mientras otras son sometidas a pruebas y exámenes para después decirles que el sistema las rechaza o que tienen antecedentes y por eso no pueden trabajar.”
Diversas organizaciones e instituciones de Honduras han venido denunciando esta situación, incluso en espacios internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son muchas de estas mujeres que han venido denunciando y exigiendo los derechos de las mujeres que están ahora en las calles y en las plazas exigiendo la vuelta a la democracia, exigiendo no sólo la vuelta de Zelaya, sino la profundización de la democracia, que se exprese en la garantía de ejercicio de los derechos de las mujeres, que impulse mecanismos para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones y con igualdad de oportunidades en los diferentes espacios y en la toma de decisiones sobre el país. Por otro lado, son los mismos empresarios que mantienen condiciones de explotación a las mujeres quienes están favoreciendo el golpe de Estado y, según algunas denuncias, como las de Israel Salinas, secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, obligando a las mujeres que trabajan en sus empresas a salir a manifestarse a su favor, aunque la postura de las firmas estadounidenses Nike y Gap, y la alemana Adidas, que cuentan con maquilas en Honduras, pidiendo la restitución de Zelaya constituye un jalón de orejas al empresariado hondureño.
Ha pasado más de un mes del golpe de Estado en Honduras, y pese a los llamados que se han hecho de parte de gobiernos, Naciones Unidas, la OEA, y la intermediación del presidente Arias, los golpistas parecen no moverse un ápice de sus posiciones en un intento de ganar tiempo y dejar que sus lobbys contratados funcionen en los Estados Unidos. La pregunta del millón es que si ganaran los golpistas, pese a las presiones y posiciones de rechazo del mundo a intentos de tomar el control de Estado con acciones que, por lo menos en América Latina, creíamos habían sido superadas ¿qué significaría este escenario para el futuro de la democracia y los derechos humanos en nuestros países?
Mientras tanto, las movilizaciones contra el golpe siguen en Honduras, así como el incremento de las violaciones de los derechos humanos, incluyendo por los menos ocho asesinatos de opositores, según algunas informaciones. Continúa también la resistencia del movimiento de mujeres y de las feministas, quienes solamente con su voz y su palabra como arma siguen denunciando que “no es un cambio de poder, es un golpe de Estado” y que la lucha por la democracia es una causa justa y una causa del pueblo. En este caso, como en muchos otros en América Latina y el mundo, las mujeres ponen el cuerpo y la vida y están en primera fila defendiendo sus derechos y los de sus pueblos.
Notas
(1) http://www.youtube.com/watch?v=YaTT0ZaBSl8
(2) http://www.rel-uita.org/sindicatos/maquilas/mujeres_sin_condicones_de_trabajo.htm
(3) Violación de las garantías constitucionales de libertad de petición y asociación: represión y listas negras en las empresas maquiladoras de Honduras
Fuente: http://www.ser.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1116&Itemid=112
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Agosto 7th, 2009 leepiensayaktua
Y siguen mintiendo. El pasado lunes 3 de agosto el Ministro de Justicia, Aurelio Pastor, se presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU, en Ginebra. En la sesión el ministro debía responder sobre las políticas que el Perú aplicaba contra la discriminación, pero aprovechó la ocasión para insistir en la tesis del gobierno sobre los suceso de Bagua. Pastor sostuve que la responsabilidad de las 33 muertes del 5 de junio se encontraban indígenas y mestizos alentados por grupos extremistas. Responsabilizó también a miembros de la Iglesia Católica y a los medios de comunicación que según pastor azuzaban a la violencia denunciando una masacre que no existía. Entre otras cosas Pastor también dijo que los policías fueron recibidos con balas, que los indígenas habían conseguido tras asaltar un puesto policial. Lo cierto es que la investigación fiscal ha determinado que los indígenas no portaban armas de fuego al iniciarse los enfrentamientos.
Las reacciones no se hicieron esperar. El Secretario General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, dijo que el Ministro de Justicia distorsionó y mintió sobre los hechos ocurridos en Bagua. Para Gamarra el Estado perdió una oportunidad importante para explicar ante el CERD los avances del Perú en materia de discriminación. Por otra parte, representantes de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) solicitaron a los representantes del CERD el envío de una comisión investigadora para esclarecer los hechos ocurridos en Bagua y con el análisis de los decretos legislativos que cuestionan las poblaciones indígenas. Por otra parte, la Conferencia Episcopal rechazó las declaraciones del ministro, y sostuvo que en ningún momento ningún miembro de su iglesia azuzó a la población, sino que por el contrario se ofrecieron para formar parte de la mesa de dialogo para solucionar el conflicto.
¿Pizango Vuelve?
Por otra parte el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, declaró que está dispuesto a regresar al Perú si se retira la orden de captura que pesa sobre el. Pizango se asiló en Nicaragua luego de que el 37º Juzgado Penal de Lima lo denunciara por los delitos contra la tranquilidad pública, apología de sedición y motín en agravio del Estado. Ante eso, el Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, sostuvo que el caso es complicado debido a su carácter político y que en todo caso se podría estudiar una formula en atención al pedido de Pizango. Sin embargo aclaró que el procesado no le puede poner condiciones al sistema. Por otra parte el Primer Ministro, Javier Velazquez Quezquen, sostuvo que es inadmisible que el dirigente de AIDESEP ponga condiciones al Poder Judicial. Sostuvo que Pizango debe haberse confundido de país ya que en el Perú el poder judicial es autónomo e imparcial.
Fuente: http://www.alertaperu.com/publicar/nacionales/319-gobierno-insiste-en-culpar-a-los-indigenas-y-a-extrajeros-de-los-sucesos-de-bagua.html
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Agosto 7th, 2009 leepiensayaktua
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Agosto 3rd, 2009 leepiensayaktua
A partir de la interpretación de los testamentos de Riva-Agüero, el arzobispo Cipriani —uno de los principales representantes del Opus Dei en el Perú y el Vaticano— pretende abrir una vía para controlar a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tanto en su orientación académica como en la administración de sus muchos bienes.
Ante esto, la PUCP interpuso una acción de amparo por considerar que ciertos derechos fundamentales se encontraban amenazados. Infelizmente, el amparo fue declarado improcedente en el Poder Judicial (PJ). Sin embargo, falta que se pronuncie el Tribunal Constitucional (TC) y que, a su vez, el PJ resuelva el asunto de fondo en vía ordinaria.
Dada la importancia de lo que está en juego, entrevistamos al doctor Avendaño, abogado de la PUCP; y a las principales conclusiones a las que llegamos del referido diálogo y sobre la base de una edición libre de sus opiniones, son las siguientes:
El actual Arzobispo cuestiona una decisión vigente desde hace 15 años
Ningún arzobispo jamás cuestionó la capacidad de la PUCP para administrarse a sí misma y administrar los bienes dejados en herencia por don José de la Riva-Agüero; es decir, la discusión no se ha reabierto: es el actual Arzobispo de Lima quien ha cuestionado esto después de muchos años.
Desde el fallecimiento de Riva-Agüero, la PUCP era la futura heredera de sus bienes. Sin embargo, debido a que el país enfrentaba un momento difícil y había movimientos anticlericales, el testador quiso someter a prueba a la PUCP mediante el establecimiento de un usufructo de sus bienes a favor de la PUCP por un plazo máximo de veinte años, luego del cual, y de existir la PUCP, los bienes pasarían a ser de propiedad absoluta de la referida casa de estudios.
La Junta Administradora existió para gestionar los bienes de Riva-Agüero y ahora existe para asegurar el cumplimiento de sus encargos y mandas.
Riva-Agüero constituyó una Junta Administradora de sus bienes con dos fines: (i) administrar los bienes de su herencia hasta que se cumpla el plazo determinado para el usufructo y, por ende, los bienes pasen en propiedad absoluta a la PUCP; y (ii) con el fin de que se cumpla de forma perpetua con ciertos encargos y mandas, entre los que se destacan la celebración de misas por su alma y la de su madre, y el mantenimiento de sus mausoleos.
La Junta Administradora fue integrada con gente de total confianza de Riva-Agüero. Luego de la muerte de muchos de ellos, quedaron el Rector de la PUCP y una persona designada por el Arzobispo de Lima, el doctor Valderrama. Y fue en el año 1994, con el usufructo ya culminado, cuando los miembros de la Junta se reunieron y acordaron que la administración de los bienes de Riva-Agüero ya estaba en manos de la PUCP, por lo que formalizaron el asunto mediante la inscripción en Registros Públicos de la transferencia en propiedad de los bienes de Riva-Agüero a favor de la PUCP.
Es decir, la única relación directa entre los bienes adquiridos en propiedad por la PUCP y la Junta Administradora es que de los referidos bienes se deben obtener los fondos para realizar los encargos y mandas que solicitó Riva-Agüero.
A partir del 2006, el Arzobispado de Lima pretende otorgarse atribuciones que jamás tuvo.
El señor Walter Muñoz Cho, designado por el Arzobispado para integrar la Junta Administradora de los bienes de Riva-Agüero, envió comunicaciones a la PUCP solicitando, inicialmente, que la Universidad le entregue los libros y toda la información necesaria sobre los manejos de los bienes de Riva-Agüero, y exigiendo que se convoque a una junta. Ante la negativa de la PUCP, el señor Muñoz Cho mandó una segunda carta solicitando al Rector que le envíe prácticamente toda la información administrativa de la PUCP y, a su vez, que se haga una auditoría.
La PUCP entabló una demanda de amparo contra el Arzobispado de Lima, y el PJ, de forma infeliz y poco clara, declaró improcedente la demanda.
La PUCP considera que se han violado —o, en todo caso, intentado violar— tres derechos: el derecho a la autonomía universitaria —cada Universidad es autónoma en su gobierno, etcétera—; el derecho de propiedad, porque ya no tengo la propiedad absoluta; y el derecho a la inviolabilidad de los acuerdos, porque entre los dos administradores, que eran albaceas, se había adoptado un acuerdo en 1994 para formalizar la transferencia en propiedad de los bienes por parte de la Junta Administradora en favor de la PUCP.
El PJ resolvió el recurso de amparo en primera instancia declarándolo improcedente; es decir, consideró que dicho recurso no cabe, sin haberse pronunciado, como corresponde, sobre si existe o no una vulneración de los referidos derechos.
En vía de apelación, ante la Corte Superior de Lima se produjeron seis votos en vez de tres, que es lo normal. Primero, dos vocales se inclinaron por la improcedencia y uno por la fundada (o sea, uno de ellos le daba la razón a la PUCP). Luego se llamó a un cuarto vocal dirimente, quien declaró fundado el recurso. Con ello la votación se encontraba dos a favor de la improcedencia del recurso y dos por declararlo fundado.
Luego se llamó a un quinto vocal, quien consideró que la primera pretensión, que el señor Muñoz Cho se abstenga de intervenir en temas internos de la PUCP, era fundada, pero la segunda, que el señor Muñoz Cho no cuestione el acuerdo del año 1994, no.
En ese momento, de acuerdo con la consideración de muchos y en nuestra opinión, se formó sentencia a favor de la PUCP respecto a que el señor Muñoz Cho debía abstenerse de intervenir en temas internos de la PUCP.
Sin embargo, el PJ interpretó esto de forma distinta y, finalmente, llamó a un sexto vocal, quien se plegó a la improcedencia del recurso, con lo cual se habría formado, “ahora sí”, sentencia obviamente en contra de la PUCP.
El Arzobispado reconoce que el acuerdo existió, pero señala que nunca le fue comunicado.
Ante esta afirmación existen, respuestas que contradicen cualquier argumento del Arzobispado.
Resulta que la falta de comunicación entre el propio Arzobispado y la persona designada por él es un problema atribuible al propio Arzobispado. Sostener que el Arzobispado no conocía el acuerdo suscrito porque su representante no se lo comunicó es simplemente inargumentable, como lo es también sostener que el Arzobispado no conocía el acuerdo cuando éste se había inscrito en los Registros Públicos, cuyo conocimiento por todos se presume.
Por ello, no cabe duda de que el plazo para cuestionar el acuerdo alcanzado en la Junta Administradora ya ha prescrito, pues, de acuerdo con el Código Civil, la nulidad de los acuerdos se puede interponer solo por un plazo máximo de diez años, y del año 1994 a la fecha ya pasaron quince.
El Arzobispado señala que el acuerdo contraviene el testamento de Riva-Agüero.
El Arzobispado se prende de una frase que, sacada de contexto, puede parecer poco clara a propósito de la Junta de Administración. Riva-Agüero señaló que la Junta tenía “carácter de perpetua”.
Ante ello, el Arzobispado señala que perpetua supone de duración indefinida, es decir, que la Junta existirá y administrará los bienes de Riva-Agüero para siempre, lo que definitivamente contravendría el testamento de Riva-Agüero en tanto éste le quiso transferir sus bienes a la PUCP de forma absoluta.
Por ello, nosotros entendemos, como también lo sostiene el doctor Avendaño, que con la palabra “perpetua” se debe entender que la Junta Administradora durará “para siempre”, pero solo con la tarea de cumplir con las mandas y encargos del testador ya señalados —la celebración de misas por su alma y la de su madre, y el mantenimiento de sus mausoleos, entre otros— y no para la administración de la herencia en tanto los bienes de la herencia ya han sido, conforme al testamento de Riva-Agüero, transferidos en propiedad y de forma absoluta a la PUCP.
Ahora el recurso de amparo deberá llegar al TC y se seguirán dos demandas al interior del PJ, donde finalmente se definirá el asunto de fondo.
Respecto al recurso de amparo, el TC normalmente sigue sus precedentes no solo cuando lo dice expresamente, sino en general. Por ello, en relación con los votos alcanzados por declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por la PUCP, el propio TC ya ha dicho que los fundamentos del fallo pueden ser diferentes, pero que igual se hace sentencia, se llega a una misma decisión.
Y al margen de lo que se resuelva en el TC, cabe señalar que la PUCP es autónoma, tiene sus órganos establecidos por ley y por su propio estatuto. Cuenta con una Asamblea General, un Consejo Universitario; tiene Rector, vicerrectores, decanos, etcétera. Entonces, quien gobierna todo el aspecto administrativo de la PUCP y todo el aspecto académico son los órganos de gobierno de la PUCP. Si mañana se cambia y se permite —por eso la reacción de la Universidad ha sido tan enfática— que venga un tercero ajeno a los órganos de gobierno de la PUCP y se introduzca y empiece a averiguar y a preguntar por qué se ha hecho este gasto y no este otro, etcétera, se abriría el camino para una eventual arbitrariedad y violación de la autonomía universitaria, porque la PUCP empezará a rendirle cuentas a un tercero que no es parte de la propia Universidad.
La cuestión económica y la cuestión administrativa orientan de algún modo o conducen el aspecto académico, que es el rol fundamental de la PUCP. Y resulta que esto justamente se pretende cuando la PUCP está creciendo, está cada vez mejor, muy abierta, recibe gente de todos los sectores y de todos lo pensamientos; hay una apertura intelectual de criterios, nadie es sancionado por sus ideas.
Finalmente, respecto a las dos demandas existentes en fueros del PJ, la PUCP ha planteado ya, sin perjuicio del amparo, una demanda sobre interpretación del testamento que llamamos de fondo. Lo mismo ha hecho el Arzobispado por intermedio del señor Muñoz Cho.
(entrevista realizada por Glatzer Tuesta en No hay Derecho y editada por Vasco Mujica).
Tomado de Revista Ideele http://www.revistaideele.com/node/520
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