Junio 24th, 2009 leepiensayaktua
Tomado de Alerta Perú: http://alertaperu.org/publicar/nacionales/282-siguen-apareciendo-conflictos.html
Ahora en Puno. Mientras el cuestionado premier Yehude Simon solucionaba el conflicto de Andahuaylas y se dirigía hacia Sucuani, en Puno se inicia un paro de 72 horas exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos que afectan a las comunidades campesinas. Mientras tanto, los obreros en La Oroya siguen esperando que se concrete alguna solución con la minera Doe Run, la cual podría quedar bajo su administración.
En Andahuaylas la situación ha quedado parcialmente resuelta. Luego de una larga reunión entre los dirigentes campesinos y el premier, acordaron suspender la huelga hasta septiembre a la espera de que el ejecutivo cumpla con los acuerdos. Los campesinos demandaban la derogatoria de los decretos legislativos faltantes que afectan a las comunidades indígenas, la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, el asfaltado de la carretera Abancay-Andahuaylas-Chincheros-Ayacuho, la derogatoria de las leyes que criminalizan las protestas, la suspensión del inicio de cualquier concesión minera en la zona y la derogatoria de la ley de carrera pública magisterial. Ante ello el gobierno aceptó revisar todas las demandas y hacer las gestiones necesarias para hacer llegar las opiniones de los dirigentes sobre los decretos y leyes cuestionados. Sin embargo, algunas organizaciones campesinas han manifestado su desconfianza con que el gobierno cumpla sus acuerdos y no descartaron reiniciar sus manifestaciones hasta lograr una solución completamente satisfactoria.
En Canchis la situación no ha sido tan sencilla de solucionar. Los campesinos exigían la solución inmediata a tres demandas: la nulidad inmediata de la concesión de la hidróeléctrica Salcca Pukará, la anulación de todas las concesiones mineras del Cuzco y la derogatoria de los decretos legislativos que han quedado pendientes. Con respecto a la hidroeléctrica este ha sido el resurgimiento de un conflicto que el mismo Simon había “resuelto” al principio de su gestión. La mesa de diálogo con la delegación ministerial no llegó a buen término. Los comuneros manifestaron no sentirse satisfechos con las propuestas planteadas por el Ejecutivo, ante lo cual no les quedó otra opción que anunciar que continuarán con las medidas de fuerza para impedir la construcción de la central hidroeléctrica.
En la Oroya el conflicto ha tomado un giro inesperado. El gobierno propuso a los trabajadores en huelga otorgarles la administración de la empresa. Eso se lograría mediante la interposición de una medida cautelar ante el poder judicial para declarar la empresa en quiebra, paso previo necesario para transferir la administración. La medida, calificada de histórica por el arzobispo de Huancayo, fue tomada con cautela por los obreros. Ellos tuvieron una asamblea durante la tarde de hoy donde discutieron la propuesta. Finalmente la aceptaron, y decidieron suspender por 30 días su medida de fuerza.
Finalmente en Puno, varias organizaciones quechuas y ayamaras han iniciado un paro de 72 horas, exigiendo la derogatoria de los decretos y de la ley de recursos hídricos. El Paro habría sido acatado parcialmente por las organizaciones que bloquearon las carreteras de acceso a la ciudad.
Mas info:
· Acta de Andahuaylas
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Junio 24th, 2009 leepiensayaktua
Por Santiago Alfaro Rotondo
Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/item/60390#more
Los orígenes del conflicto con los pueblos indígenas están en la incapacidad del Estado para reconocerlos como sujetos de derecho.
José María Arguedas calificó como un “monstruoso contrasentido” el hecho de que las élites políticas y económicas peruanas a la vez que admiraban el arte indígena, despreciaran a sus creadores. Sus palabras no dejan de tener vigencia. El contraste entre cómo nos sentimos orgullos por nuestra diversidad cultural y cómo se interpreta el conflicto protagonizado por los pueblos indígenas de la Amazonía lo demuestra.
Por un lado, el Estado y múltiples empresas utilizan las expresiones culturales de los shipibos o asháninkas como un recurso para promover el turismo y ofrecer mercancías. Y por el otro, las demandas políticas de esas mismas poblaciones o no son escuchadas o se las concibe como el producto de la ignorancia y la manipulación de agentes externos, privándolas de toda capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Los pueblos indígenas de la Amazonía siguen siendo vistos solo como sujetos estéticos y no de derechos, como postales y no ciudadanos. Como consecuencia: palmas para Juaneco y su Combo, balas para los awajún.
La persistencia de este “monstruoso contrasentido” nos confronta con los retos que exige reconocer el agotamiento del modelo clásico de ciudadanía. Según este, solo se debe avalar la libertad de cada individuo para cultivar y mantener su herencia cultural. Por lo mismo, a los poderes públicos solo les correspondería conceder iguales derechos fundamentales para todos los ciudadanos.
A lo largo de las últimas décadas dicho modelo fue cuestionado debido a su incapacidad para garantizar que las comunidades históricamente discriminadas puedan mantener su identidad y acceder a los recursos económicos, sociales y políticos necesarios para su existencia. A raíz de ello, en el marco de la evolución y ampliación de los derechos humanos, a los pueblos indígenas se les reconocieron un conjunto de derechos especiales de carácter colectivo por medio de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o reformas constitucionales, abriendo paso a lo que se conoce como “ciudadanía multicultural” o “ciudadanía diferenciada”.
En tanto fuente de identidad, de sustento material y espiritual, el territorio es uno de esos derechos colectivos. No obstante, existe una contradicción entre el derecho internacional (léase Convenio 169 de la OIT) y la legislación nacional al respecto. Mientras que el primero asume que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad de los recursos naturales existente en el subsuelo de los territorios indígenas, el segundo reconoce solo el derecho de propiedad colectiva de las comunidades sobre las tierras superficiales, señalando que los recursos naturales son propiedad de la nación.
Este es el nudo jurídico del conflicto amazónico: el Estado peruano sigue funcionando según el modelo clásico de ciudadanía, por lo que no reconoce a plenitud los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A esto se suma la ideología del “perro del hortelano”, según la cual los recursos naturales solo pueden ser aprovechados si los explotan grandes inversionistas. Su fundamentalismo descarta a los pueblos indígenas no solo como agentes de desarrollo sino también como interlocutores válidos, reproduciendo el “monstruoso contrasentido”.
Si el gobierno sigue actuando según esta lógica, los conflictos sociales no dejarán de brotar y la “masacre de Bagua” se repetirá sostenidamente. Las alternativas no pasan necesariamente por impedir la llegada de los flujos de inversiones, sino condicionarlos a respetar los derechos indígenas.
Para ello, el derecho a la consulta previa, libre e informadamente, “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (art. 6.1 del Convenio 169 de la OIT), debe expresarse en procedimientos institucionales que garanticen su cumplimiento efectivo. Es importante entender que el espíritu de la consulta es lograr un consentimiento, no solo intercambiar información formalmente. Además, se debe emplear la consulta antes de tomar decisiones como conceder licencias de exploración y explotación de los recursos naturales.
La democracia es un modelo para organizar el ejercicio del poder, basado en el principio de que las decisiones que afectan el bienestar colectivo deben ser producto de deliberaciones libres entre personas consideradas moral y políticamente iguales. En ese sentido, el “monstruoso contrasentido” es un obstáculo para su ejercicio efectivo, y la ciudadanía diferenciada de los pueblos indígenas, una manera de radicalizarla.
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Junio 24th, 2009 leepiensayaktua
Tomado de la Coordinadora Nacional de Radio: http://www.cnr.org.pe/noticia.php?id=26643
Lima, 22/06/2009 (CNR) — Existen suficientes evidencias para afirmar que uno de los cadáveres ha sufrido quemaduras “bastante extensas”, por lo que cabe preguntarse la relación entre las hogueras que se aprecian en el video y el hecho de que haya personas con quemaduras.
Así lo sostuvo el antropólogo forense José Pablo Baraybar, quien visionó las imágenes difundidas por el Vicariato de Jaén sobre los sucesos del 5 de junio en el sector conocido como la Curva del Diablo.
“En el primer video se ve que en la zona donde se produce el primer los enfrentamientos hay gran cantidad de hogueras”, constató el director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). “Siendo que la policía utilizaba bombas lacrimógenas y armas de fuego no se explican las hogueras a no ser que hayan sido producidas con algún fin en particular”.
El antropólogo forense consideró preocupante que la zona de los enfrentamientos haya estado cerrada hasta tres días después de los sucesos, lo que ha impedido realizar pericias por parte del Ministerio Público. Por ello, Baraybar considera imprescindible que un equipo independiente de forenses llegue a la zona de Siempre Viva, cerro en el cual se disputaron los enfrentamientos más cruentos entre la policía y los nativos, para reconstruir lo que ocurrió en el operativo de desalojo.
“Es necesario saber que es lo que hay o lo que no hay en la escena de los enfrentamientos porque hay más preguntas que respuestas sobre lo que ocurrió”, consideró.
Sobre los cadáveres de indígenas registrados en el vídeo del vicariato, constató que todos presentan heridas de bala, uno de ellos en la cabeza con orificio de entrada o salida en la boca. Pero lo más preocupante es que uno de los cadáveres, según confirmó, presenta evidencias de haber sufrido quemaduras bastante extensas, por lo que el médico forense se pregunta si habría relación entre las hogueras y el hecho de que haya personas con quemaduras.
También llamó la atención sobre el hecho de que la balacera que se puede apreciar en el segundo video es “caótica”, con policías apostados a ambos lados de la carretera. “Hay una balacera en la que se ve que la policía está disparando en todas las direcciones, por lo que puede haber lesiones en policías por los disparos de los propios compañeros.
Por ello, consideró muy necesario que se hagan públicos los resultados de los informes de necropsia, para conocer cómo se produjeron las lesiones y descartar “el fuego amigo”.
José Carlos Baraybar informó que en el caso de los civiles fallecidos, el encargado de velar por la realización de autopsias es el Ministerio Público, quien delega en el Instituto de Medicina Legal. En el caso de los efectivos, las autopsias son realizadas por la propia policía.
Cabe recordar que el pasado sábado, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) denunció las dificultades de los abogados de oficio para poder acceder a los informes médico legistas y los protocolos de necropsia.
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